Por: Paloma Valencia

Siguen los ecos del escándalo por la controvertida y ya sepultada iniciativa. Se indagó a tres de los congresistas que no la votaron en torno a si creen que con el hundimiento ya todo terminó y no habrá más consecuencias. Estos fueron los interrogantes: 1. ¿Cree que el hundimiento en las sesiones extraordinarias da por terminado este asunto?  2. ¿Merecen los congresistas que votaron a favor una sanción? ¿De ser así, cuál sería? 3. Frente a la responsabilidad del Gobierno y las Cortes ¿Cuál es su impresión?

Ángela Robledo, Verdes

1.No, el miércoles antes de la votación de la conciliación nosotros tuvimos una reunión con organizaciones y universidades que venían señalando los riesgos de la reforma, y consideramos que si bien este Frankenstein está muerto, hay todavía un limbo jurídico sobre la legitimidad de la decisión que se tomó ese día. Seguimos recogiendo firmas para el referendo porque hay que tener un mecanismo revocatorio preparado por si se declara la constitucionalidad.

La discusión en torno a la justicia que necesita Colombia no ha terminado. El comité promotor del referendo pidió una reunión con el próximo Ministro de Justicia para proponer una mesa programática que discuta las alternativas de la reforma.

El jueves, después del hundimiento, tuvimos una reunión con algunos de los integrantes del comité promotor. Sabemos que van a pedirle al Gobierno que modifique el artículo que le quitó los impedimentos a los congresistas cuando tramitan actos legislativos. Quitarle los impedimentos a quienes tenían procesos ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado fue lo que permitió este acto (de aprobación de la reforma).

2. No se ha hablado de la responsabilidad de los partidos políticos, lo primero son sanciones de tipo moral, ético y político, todos los partidos tienen comités de ética. Sabemos que hay ya demandas contra los congresistas que pese a estar investigados por la Corte Suprema de Justicia, votaron a favor y se favorecieron con estas decisiones. No estaremos tranquilos mientras sigan vivas estas prácticas que permiten a los congresistas legislar en propio beneficio. Hoy fue con la justicia, mañana podrá ser con la salud o con la educación. La revocatoria del Congreso será seguramente un debate que hay que abrir.

La propuesta de que las mesas directivas del Congreso deberían estar integradas por quienes no votaron la Reforma a la Justicia, me parece interesante, sería una buena señal en este contexto cuando el Congreso tiene que dar señales concretas para recuperar la dignidad. Miguel Gómez  desde los primeros debates en la Comisión Primera se opuso a la Reforma y ahora propuso esto. Sería una primera decisión de orden moral y ético. Tendría un valor simbólico, y es también un reconocimiento a esas 26 personas que en medio de un debate tan fuerte, tan difícil, tan poco garantista, mantuvieron una posición ética.

Debe haber democracia deliberativa en el Congreso; los gestos, las prácticas de los debates tienen que cambiar. Ojalá recojamos los saldos pedagógicos que emergen después de unas semanas tan aciagas y difíciles. Ojalá vayamos mas allá  de esos golpes de pecho que se dieron mis compañeros la semana pasada, como si ellos no hubieran estado durante ocho debates defendiendo esta reforma.

3. El Gobierno ya recibió su sanción: la indignación de la ciudadanía no fue sólo contra el Congreso sino también contra el Gobierno. Lo vimos en las calles, en los medios de comunicación, esa sanción ya existe.

Hay demandas en curso y tendremos que esperar para saber cuáles serán los procesos. En las altas Cortes también hubo gestos de dignidad, como magistrados que renunciaron a los beneficios, tal el caso de Fajardo o algunos integrantes de la Corte Constitucional que antes de que todo esto se moviera, dijeron que no aceptarían que se les alargara su periodo. Es bonito registrar los gestos de dignidad, de personas que respondieron.

Y creo que la sanción moral del país fue enorme. Ganó la ciudadanía y los demás poderes quedamos en deuda. Nos queda la tarea concreta de recuperar confianza y la dignidad de estas ramas del poder público.

Mauricio Ospina, Polo

1.No lo creo. Ese fue un golpe, una puñalada que le dieron a la Constitución del 91 que intentaron arreglar con unas sesiones extraordinarias que violan la Constitución del 91. Los actos legislativos son potestativos del Congreso, no corresponde al Presidente participar en este tipo de cosas. Muy distinto es el desarrollo de las leyes ordinarias, donde el Presidente tiene que darles un visto bueno o puede devolverlas según su criterio. Darle este poder al Presidente es constituir una monarquía en Colombia. Además Santos es el culpable de todo el proceso. La Corte Constitucional se va a pronunciar y todavía no hay una última palabra sobre lo que está sucediendo, ni tenemos la solución todavía en este momento, hay que esperar un blindaje y ojalá ese blindaje se de lo más pronto posible.

2.No existe ningún mecanismo legal para ejercer una sanción por haber votado la Reforma a la Justicia. Propuse desde el primer momento la revocatoria al Congreso pero no existe la figura. Es improbable una sanción inmediata pues se requeriría el trámite de la ley y luego su aplicación, y para entonces el período actual estaría vencido. Se les puede sancionar es por haber participado en las extraordinarias.

Lo mejor que podíamos hacer los colombianos es generar un proyecto de ley para que en las próximas elecciones este Congreso no pueda volver; que ni nosotros ni  nuestros familiares en tercero o cuarto grado de consanguinidad o afinidad puedan ser elegidos. Es la única forma de tener un cambio en este país. Ojalá así encontremos un Congreso que esté a la altura de lo que merecen los colombianos. Además debería existir una regla que impida votar contra las opiniones expresadas por los congresistas. Tenemos que sincronizar opinión y voto para evitar etapas de negociación, donde los congresistas dicen una cosa para presionar al Gobierno y luego votan otra. Debemos garantizar que los congresistas votamos a conciencia y no por negociación.

La constituyente es muy peligrosa. El ambiente que vivía el país en el año 90, cuando se hizo la Carta del 91, era de reconciliación y logró generar una Constitución que tiene un Estado Social de Derecho como columna vertebral y el equilibrio entre los poderes como una parte garantista hacia toda la sociedad. En este momento, no existen las condiciones reales para hacer una nueva Constitución de la altura de la del 91. Lastimosamente el referendo está hundido de facto con el hundimiento de la Reforma. No puede hacerse un referendo de una ley que no existe.

3.La mayor responsabilidad es del Congreso que decidió. En segunda instancia es del Gobierno que fue el que patrocinó y patinó en las cámaras del Congreso la Reforma. La responsabilidad de las Cortes, aunque existe, es la mínima en todo este aspecto.

Lamentablemente no existen sanciones, no hay posibilidad de hacerlas así queramos. Lo único que podemos tener es una compensación moral. El Gobierno debería echar para atrás las leyes que han aprobado durante estos últimos dos años, que son supremamente retardatarias y regresivas, por ejemplo el acto Legislativo aprobado en el 2011 que permite a los congresistas votar a pesar de tener conflicto de intereses. Esa es la piedra angular del problema. Derogándolo vamos a recuperar confianza.

Ojalá existiera el compromiso para devolver diez o doce leyes como las de sostenibilidad fiscal, la reforma a la salud, la capitalización de Telecom, los novecientos mil millones de pesos que se le condonaron a los grandes contribuyentes de energía o reevaluar tres o cuatro artículos del Plan Nacional de Desarrollo donde se coloca a la minería como una de las banderas acabando nuestros bosques y páramos.

Subsisten, además, dudas en torno a si la reforma está realmente muerta; algunos consideran que una sentencia de la Corte Constitucional podría revivirla, considerando que  el “hundimiento” en las sesiones extras era abiertamente ilegal y, por lo tanto, inválido. El Congreso debió haber remitido el texto de las objeciones presidenciales a la Corte Constitucional, para que fuera ésta la que determinara si las objeciones y el procedimiento eran válidos. Eso habría sido una salida más acorde con el orden institucional.

2.El Congreso es hoy la institución estatal más desprestigiada, está en el piso de su prestigio, entonces propongo que, un primer gesto para recuperar la confianza de la comunidad, elijamos las mesas directivas dentro de esos 26 parlamentarios que tuvieron el coraje y la independencia de votar en contra del Frankenstein judicial. Sería una señal de que el Congreso quiere cambiar la manera en que trabaja, la forma como adelanta el control político y mostraría que es parte de la solución nacional y no del problema. (La propuesta) Ha generado mucho malestar en los partidos que están muy apegados a mantener las mesas directivas dentro de aquellos que, por ejemplo, votaron la reforma a la justicia sin ningún rubor y estuvieron tranquilamente participando en ese proceso que tanto malestar le produjo a la ciudadanía. Entonces, si queremos empezar a cambiar, pues tenemos que mandar gestos que sean simbólicos para que la ciudadanía se sienta más tranquila con lo que está pasando en el Congreso. Es una propuesta perfectamente lógica.

3. El Gobierno es igualmente responsable, pues desde que se presentó la reforma fue mala. Carecía de los temas esenciales que responderían a las fallas de la justicia y a las necesidades de los colombianos. Desde los primeros debates lo expresé así. La reforma buscaba generar un sistema de juzgamiento para los aforados, lo que es irrelevante en el contexto de lo que la ciudadanía estaba esperando. No es cierto que en una noche siniestra se incorporaran esos micos, el espíritu de la reforma era el de hacer muy difícil el juzgamiento de los aforados. La responsabilidad de las Cortes, que existe, es la mínima. El Consejo de Estado se opuso siempre. El Consejo Superior de la Judicatura ejerció mucha presión para evitar su desaparición, hicieron cabildeo abiertamente durante las plenarias. La presencia y apoyo de las otras Cortes fue inestable.

Es necesaria una constituyente porque creo que hay por lo menos cinco temas que son urgentes. El primero es prohibir la reelección, que ha pervertido el sistema político colombiano, me gustaría considerar un período más largo para el Presidente, cinco o seis años sin reelección.

El segundo es crear las regiones. El régimen departamental colombiano es obsoleto y hay que crear las regiones que existen culturalmente y socialmente pero no tienen identidad política. La reforma a la justicia sigue siendo necesaria y quedó demostrado que el Congreso no puede hacerla. La educación y especialmente la calidad de la educación son aspectos que deben ser resueltos desde la Carta y lo propondremos también.

El último tema que la constituyente debe tratar es el sistema de salud nacional, ya que estamos sentados delante de una bomba de tiempo y en las próximas semanas vamos a ver estallar el sistema. Es una reforma complejísima que tampoco puede pasar por el Congreso, pues son tantos los intereses encontrados, que saldría otro drácula. Hay que utilizar mecanismos excepcionales para la profundidad de la crisis institucional en la que estamos.