La Defensoría del Pueblo, a través de su Delegada para los Derechos de la Salud y la Seguridad Social, requirió a la Superintendencia del ramo para que explique las medidas adoptadas a fin de garantizar los derechos de los afiliados a la EPS Golden Group, actualmente en proceso de intervención.


Para la Defensoría resultan muy preocupantes las permanentes quejas respecto a temas como la suspensión y cancelación de convenios con las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) en la mayoría de los 10 departamentos donde Golden Group aseguraba tener cobertura, siendo los casos más críticos los de Bogotá, Barranquilla, Montería, Cúcuta y Neiva, sin desconocer las dificultades que se venían presentando en otras ciudades como Cartagena, Ibagué, Riohacha, Santa Marta, Valledupar y Aguachica.


Vale la pena indicar que según el agente liquidador designado por la Superintendencia de Salud, actualmente hay 49 mil personas afiliadas en cinco departamentos a la EPS, la cual acumula embargos que superarían los mil 300 millones de pesos. Resulta igualmente alarmante el hecho de que el distribuidor autorizado que aparecía en los sitios de cobertura como la empresa encargada de proveer medicamentos a las IPS, dio a conocer que tampoco tiene convenio con la entidad intervenida, lo cual se refleja en la falta de oportunidad para acceder a lo recetado, como lo evidencian varios casos reportados por los medios de comunicación, y que lamentablemente afectan de manera directa a la población más vulnerable, como los niños y niñas.


De acuerdo con el seguimiento hecho por la Defensoría Delegada para los Derechos de la Salud y la Seguridad Social, también existen enormes dificultades con los procesos de referencia de pacientes al tercer nivel de complejidad, así como con la asignación de citas médicas con los especialistas. Por esa razón, la Defensoría del Pueblo le solicitó a la Superintendencia adoptar e informar las medidas necesarias para que la liquidación de la EPS y el traslado a las 13 instituciones seleccionadas para la migración de los afiliados  no produzca traumas e interrupciones en la atención de los pacientes, al tiempo que le pidió informar sobre la participación de las asociaciones de usuarios en este proceso.


El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, ordenó el desplazamiento de una comisión para  verificar tanto la situación de los afiliados, como la de la los 450 trabajadores que temen por su futuro laboral.