Una de las premisas básicas para el buen funcionamiento de un Estado es su capacidad de ofrecer y garantizar la seguridad jurídica a sus gobernados. Sin embargo en Colombia este objetivo siempre ha enfrentado difíciles obstáculos, no tanto por cambios drásticos en la naturaleza de su sistema político, económico, jurídico, administrativo, social y de otra índole, que a decir verdad ha perdurado en sus cánones generales a lo largo del último siglo, pese a algunos intentos pasajeros de ruptura del orden democrático e institucional en esos campos, sino principalmente porque uno de los males más endémicos ha sido la sobreproducción normativa.
Lamentablemente ha hecho carrera, como si fueran uso y costumbre inveteradas, la tendencia a creer que toda circunstancia puede y debe ser regulada o enfrentada con una nueva norma. Esa sobreproducción normativa no sólo se refiere a cómo el Congreso aprueba leyes y actos legislativos a montones año tras año, sino también a los sucesivos gobiernos que emiten decretos casi que por cantidades industriales, al tiempo que entidades del orden nacional, regional y local también ‘disparan’ sin control alguno reglamentaciones y directrices de menor fuerza legal…
Aunque en las últimas dos décadas se ha realizado un esfuerzo sustantivo en materia de depuración normativa, al evidenciarse que buena parte del ordenamiento legal y reglamentario ya era desueto y los hechos y circunstancias que pretendían regular desaparecieron, lo cierto es que todavía falta un camino largo por recorrer en esta materia.
Por ejemplo, la semana pasada, en un foro sobre regulación en Colombia y su efecto sobre la competitividad económica, el Departamento de Planeación Nacional reveló que en nuestro país se emite un promedio de 15 normas y 3 decretos diarios, lo cual genera inestabilidad en las reglas de juego para las empresas e inversionistas, así como menor crecimiento económico. Es más, un barrido de las publicaciones consignadas en el Diario Oficial durante los últimos 17 años permitió encontrar casi 97.000 normas expedidas en ese lapso. De allí que Planeación considere urgente evaluar el impacto de ese cuerpo normativo, sobre todo en cuanto a cómo se emite una norma, cuál es el problema a resolver, las alternativas que tienen los reguladores y, sobre todo, el costo-beneficio de semejante volumen de regulación. Se encontró, por ejemplo, que muchas veces las entidades publican un proyecto de decreto con muy pocos días para comentarios, falencia que puede generar regulación ineficiente e inestabilidad en las reglas de juego para el sector privado. Para tratar de neutralizar este problema se espera que a finales de este año funcione el Sistema Único de Consulta Pública (Sucop), una plataforma para publicar todos los proyectos de decretos, con filtros, alertas y notificaciones automáticas según el sector que pretenda regular la futura norma.
Por lo pronto es necesario redoblar el esfuerzo de depuración normativa. A mediados de 2015, se recuerda, más de 10 mil decretos obsoletos fueron eliminados, en tanto que otro gran volumen de normas, a cual más desordenadas e inconexas, fueron compiladas de forma coherente en 21 decretos únicos reglamentarios sectoriales. Esa tarea poco a poco se ha ido extendiendo con resultados positivos en materia de seguridad y estabilidad jurídicas. Recientemente el propio Ministerio de Justicia daba cuenta del proceso de eliminación del ordenamiento jurídico de miles de normas de rango legal por ser obsoletas, inútiles o en desuso. Con corte a marzo se había revisado y validado la información normativa de 20 de los 24 sectores de la administración gubernamental, es decir, el 83 por ciento. En desarrollo de esta dispendiosa pero urgente tarea se encontró que de un inventario normativo de 16.304 normas de rango legal expedidas desde 1886, 12.745 son “candidatas” a ser expulsadas del ordenamiento jurídico.
Un ejemplo muy puntual de lo importante de esta cruzada de depuración normativa y su impacto sobre el ciudadano de a pie se dio con la reforma al Código de Policía que entró a regir en enero pasado. El derogado contenía regulaciones de hace más de 40 años que ya eran inaplicables porque el objeto o situación que reglaban simplemente ya no se existían.
Como se dijo al comienzo, si el Estado colombiano, en sus tres ramas del poder público, quiere ser más eficiente en su interacción con la ciudadanía debe acelerar la simplificación y racionalización normativa. La sobreproducción de leyes, decretos y regulaciones de todo tipo no sólo produce inseguridad jurídica, sino que es caldo de cultivo para la corrupción, el desgreño administrativo, el lento progreso económico y el lesivo desorden social.
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