Con el regreso del proyecto que endurece las penas para las personas que conduzcan en estado de embriaguez, también volvió al Senado y a la Cámara la polémica que genera la tendencia de querer solucionar problemas graves del comportamiento de los individuos a través de severos castigos que tal vez podrían disuadir a los ciudadanos de sus acciones negativas.

Ante la réplica de quienes consideran que eso es populismo punitivo y que los castigos no son disuasivos para cambiar el comportamiento de las personas, los defensores de las penas más severas responden que tampoco las medidas administrativas han sido eficaces y que en todo caso los infractores requieren un castigo ejemplar.

El senador Carlos Alberto Baena, presidente del MIRA, cuya bancada en el Congreso radicó otra vez el proyecto, explicó que “con el proyecto no basta que la persona pague la multa, sino que tenga la cárcel, eliminándose a la vez la casa por cárcel”, lo que debe causar un efecto de disuasión social, elemento que ayudaría bastante a bajar el índice de accidentalidad.

El senador Luis Carlos Avellaneda, elegido con el aval del Polo Democrático pero ahora alineado con el movimiento Progresistas, manifestó que el problema que existe es que no hay cárceles suficientes para llevar a los conductores ebrios. “Si me responden esa pregunta, yo podría decir ‘hasta de pronto nos animamos a hacerlo’, pero aquí las cárceles están sobresaturadas”, expresó.

Avellaneda anotó que no existen programas de resocialización y las cárceles se están convirtiendo en centros delincuenciales, en universidades para las delincuencia.

“Llevar a un simple borrachito a una cárcel es irlo a graduar de delincuente y lo que estamos haciendo es aumentar el problema”, dijo Avellaneda, agregando que no se puede trabajar bajo un populismo legislativo que le hace daño al Congreso.