La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial decidió abrir nuevamente la convocatoria para elegir al director administrativo de la rama, luego de que la Sección Quinta del Consejo de Estado anulara la elección del funcionario Diógenes Villa.
La decisión se hizo oficial ayer por la Comisión Interinstitucional, sin embargo las inscripciones se abrirán desde el próximo lunes 8 de octubre hasta el martes 16 del mismo mes y serán públicas, es decir, todos aquellos que consideren que cumplen con los requisitos necesarios para convertirse en el Director Administrativo de la Rama Judicial, podrán postularse al cargo.
Según la circular oficial las personas que deseen hacer parte de la convocatoria deberán tener un título profesional, una maestría en ciencias económicas, financieras o administrativas y, además, acreditar una experiencia no menor a cinco años en dichos campos. Luego de cerradas las inscripciones los miembros de la Comisión procederán a llamar a entrevista a los postulados y luego harán un proceso de selección del que saldrá la terna.
Luego de que sean seleccionados los tres candidatos, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura será la encargada de elegir entre los ternados a la persona más idónea para ocupar el cargo, teniendo en cuenta los principios de igualdad, transparencia, selección objetiva y publicidad.
Y es que ya la Administración de la Rama Judicial ya va para tres meses sin un director estable, porque además de la anulación de la elección de Diógenes Villa el pasado 10 de septiembre, la Contraloría General había separado al funcionario del cargo por un posible detrimento patrimonial de la institución.
La decisión tomada por la Sección Quinta del Consejo de Estado luego de una denuncia hecha por un abogado, determinó que Villa no cumplía con la exigencia de experiencia administrativa que requería el cargo. “El Consejo de Estado, anuló la elección del Director Ejecutivo de Administración Judicial, Diógenes Villa Delgado, al concluir que no cumplía con los requisitos para ejercer ese cargo”. El texto agregó que el requerimiento del título universitario había podido ser comprobado, lo que no había ocurrido con la experiencia en la especialidad.
El otro proceso que atravesaba el Director Administrativo de la Rama se había dado luego de que se ordenara su suspensión del cargo luego de una petición hecha por la contralora general, Sandra Morelli, quien encontró un posible detrimento patrimonial por la falta de resultados en una inversión que se hizo, entre agosto del año pasado y junio de este año, para la descongestión de la Justicia y que está avaluada en 486 mil millones y que hasta ahora no ha mostrado una reducción significativa del número de procesos represados.
Además, según un informe de la Contraloría General se encontró que algunos elementos como salas de audiencia y mobiliario no habían sido instalados, no se ha podido verificar el cumplimiento de varios contratos y se encontraron inconsistencias contables en los balances de la Rama por 1,5 billones de pesos.
Para Morelli las anteriores actitudes pusieron en riesgo patrimonio público, “hay una actitud como de gastar aceleradamente sin tener en cuenta que el poder judicial no se iba a acabar y tanto menos no iba a desaparecer un órgano directivo desde el punto de vista administrativo de la rama”.
Luego de que se hicieron públicos estos dos procesos Diógenes Villa intentó defenderse de las críticas y envió una misiva de nueve puntos en la que aclaró que la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial había revisado su hoja de vida y había concluido que cumplía con todos los requisitos necesarios para ocupar el cargo. Sin embargo, el comunicado no fue tenido en cuenta ni por la Comisión Interinstitucional, ni por la Contraloría General.
Además de la denuncia hecha por el abogado Juan Carlos Abuabara para tumbar la elección del Director Administrativo por no cumplir los requisitos, el año pasado ya se había radicado en el Consejo Superior de la Judicatura una aclaración por parte del magistrado Néstor Raúl Correa, quien criticó la poca experiencia que el candidato que había sido electo mostraba.
Abuabara es conocido porque en el pasado ya había tumbado una de las ternas que se habían presentado para este mismo cargo. El caso se presentó en el año 2009 cuando el legislador encontró y denunció algunas anomalías entre los ternados para ocupar el cargo y por este motivo interpuso una tutela que ganó y le permitió convertirse en uno de los candidatos. La terna de esa época estuvo formada por Sandra Ibarra, quien en esa época carecía de una; Andrés Hibert Arévalo, quien supuestamente no cumplía con la experiencia financiera; y, Otto Bolaños, quien ese año cumplía los 65 años, edad de retiro forzoso.