Decenas de miles de víctimas de violaciones de los derechos humanos durante el conflicto armado en Perú (1980-2000) aún esperan justicia y verdad, una década después de la presentación del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, dijo este martes Amnistía Internacional (AI).

A una década de la publicación de los hallazgos de la Comisión, que se cumple el miércoles 28, "queda un largo camino por recorrer en la obtención de verdad, justicia y reparación para las decenas de miles de víctimas y sus familiares", señaló en un comunicado la oficina en Lima de la organización humanitaria.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo de Perú, menos del 20% de los casos que ha supervisado durante los últimos 10 años han obtenido sentencia.

"Las fuerzas armadas han rechazado sistemáticamente cooperar con las investigaciones, haciendo imposible para los fiscales y abogados representantes de los familiares de las víctimas reunir suficiente evidencia admisible para que un caso continúe", indicó AI.

Asimismo, subrayó que familiares de las víctimas y la sociedad peruana aún carecen de información sobre el destino de miles de desaparecidos.

"La Comisión identificó más de 4.000 lugares de entierro a ser excavados. Desde entonces, la Fiscalía de la Nación tiene una lista actualizada de más de 15.000 personas desaparecidas e identificó más de 6.400 lugares de entierro", dijo.

"Sin embargo, menos de 2,500 restos han sido exhumados y sólo la mitad de ellos han sido identificados y retornados a sus familiares", indicó AI.

El informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación detalló las extensas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario internacional cometidas entre mayo de 1980 y noviembre de 2000 por agentes del Estado peruano, por personas que actuaron con la autorización, apoyo o aquiescencia del Estado, así como por los grupos opositores armados Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.

La Comisión estableció que decenas de miles de víctimas fueron asesinadas, desaparecidas forzosamente, incluyendo violaciones y esterilizaciones contra su voluntad, y arbitrariamente detenidas.

Además presentó una serie de recomendaciones al Estado peruano para promover la verdad, la justicia y la reconciliación que incluyeron: reforma estructural de las fuerzas armadas, la policía y el sistema judicial, reparaciones individuales y colectivas para las víctimas, así como un plan nacional para investigaciones forenses con el fin de ubicar e identificar a las víctimas, establecer la causa de su muerte e identificar a los perpetradores.

La investigación concluyó que Sendero Luminoso fue el principal perpetrador al haber cometido casi 54% de las graves violaciones de los derechos humanos que la Comisión investigó.

Sendero Luminoso surgió como una organización maoísta que lanzó una llamada "guerra popular" en mayo de 1980, que al cabo de dos décadas de enfrentamientos con el ejército dejó un saldo de 69.000 muertos y desaparecidos, según datos de la Comisión.