El Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos manifiesta su preocupación por las recientes denuncias sobre la presunta pérdida de vidas de manifestantes indígenas, durante las movilizaciones que afectaron el país en días recientes.

El Gobierno Nacional recalca, una vez más, su permanente cumplimiento del espíritu democrático de la Constitución Política y el ordenamiento jurídico interno, así como su absoluta vigilancia al apego de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a los lineamientos nacionales e internacionales sobre el derecho a la protesta social y los derechos de la oposición.

El próximo 31 de octubre, de manera oficial, el Gobierno de Colombia dará respuesta oficial a las informaciones que distorsionan la realidad y nacen de voces interesadas en aminorar el prestigio ganado por Colombia en los últimos tres años, por su ardua labor en el campo de la promoción y respeto de los derechos humanos.  Nuestra delegación va con todos los argumentos para demostrar que en ningún momento se ha obrado, frente a la protesta social o los derechos de la oposición, por fuera del marco legal.

Allá estarán los representantes de los ministerios del Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Nacional, para demostrar con argumentos y pruebas que en Colombia vivimos una nueva era humanitaria, en el marco de la búsqueda insistente de la resolución pacífica del conflicto armado interno, la superación de la pobreza, la modernización de nuestra economía, la transformación del campo, y la generación de nuevas oportunidades para todos. La paz es nuestro destino y para lograrlo trabajamos incesantemente.

El Presidente Santos respeta el legítimo derecho a la protesta social, pacífica y democrática, y rechaza la irrespetuosa infiltración que los grupos al margen de la ley han pretendido, para usurpar la vocería de los manifestantes. El Presidente Santos se ha caracterizado por generar y fomentar un diálogo directo, franco, sincero y productivo con las comunidades y las organizaciones sociales. Sabemos que la pacífica protesta social es abono para la profundización de la democracia y la construcción de una sociedad tolerante y respetuosa de los derechos humanos.

Por ese convencimiento, el Presidente Santos ha promovido el diálogo directo con los distintos líderes, sectores y grupos sociales. Entendemos que es el diálogo y no la confrontación lo que marca la diferencia en un estado de derecho. Prueba de ello son los acuerdos firmados con las organizaciones sociales, cuyo cumplimiento es liderado por el propio Presidente, en una metodología que genera un diálogo permanente y sin intermediarios entre los voceros del Estado y de los campesinos, indígenas, afros.   

La decisión del Presidente Santos es cumplir los acuerdos y demostrar que en Colombia se respeta, valora y considera el derecho a la protesta como una demostración de los avances en la consolidación de una democracia más fuerte, que busca los caminos para vivir en paz.

La defensa de los derechos humanos nace de nuestro convencimiento democrático, ético y humanitario, y no de la presión o imposiciones externas.

El próximo 31 de octubre ahondaremos en estos asuntos y responderemos a la comunidad internacional y a las organizaciones nacionales, presentes en la audiencia ante la CIDH, por cada uno de nuestros actos. Estamos convencidos de que Colombia es hoy una democracia más sólida, humanitaria, pacífica e incluyente que hace algunos años.