La Contraloría General le abrió proceso de responsabilidad fiscal al exgobernador por un detrimento de $1.055 millones.

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Determinar si el exgobernador de Sucre, Julo César Guerra Tulena, es responsable fiscal por el detrimento de 1.055 millones de pesos encontrado en el denominado “cartel de los enfermos mentales”, es uno de los objetivos del proceso abierto por la Contraloría General de la República.

A través de un comunicado, la Contraloría precisó que si Guerra, elegido el 30 de octubre de 2011 con el aval del Partido Liberal para el periodo 2012-2015, es hallado responsable fiscal deberá pagar de su bolsillo la suma señalada.

Guerra fue vinculado al proceso y, según lo ordenado por el organismo de control, deberá responder en versión libre, decisión que se le notificó personalmente como dispone la Ley.

El cartel de los enfermos mentales se originó en pagos irregulares efectuados por la Gobernación de Sucre, con recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), a favor de varias IPS, con base en documentación falsa y sin que se hubieran practicado a los supuestos pacientes los tratamientos que se estaban facturando.

El actual proceso se aperturó por la Gerencia Departamental Colegiada de la Contraloría en el departamento de Sucre, específicamente por los pagos irregulares efectuados por la Gobernación, de 155 facturas a favor de diferentes IPS, en cuantía superior a los 1.055 millones de pesos.

$5.000 millones
 
Las irregularidades habían sido detectadas por la Contraloría en una auditoría efectuada a la Gobernación sobre la vigencia 2015, en la que se evidenciaron los pagos efectuados a favor de las IPS Clínica de Salud Mental y Rehabilitación Integral Manantiales S.A.S., Clínica Santa Isabel Ltda., Fundación Libertad y Fe, Fundación Nuevo Ser, Fundación Sembrando Esperanzas, y la Clínica de Rehabilitación Nuevos Amaneceres de Sucre S.A.S.

El total de los pagos irregulares superó los 5.000 millones de pesos, basados en diagnósticos falsos en los que las IPS soportaron su facturación, órdenes de internación sin soporte, y múltiples irregularidades en las historias clínicas de los supuestos pacientes, que nunca existieron.

En el caso de la Clínica de Rehabilitación Nuevos Amaneceres de Sucre S.A.S., el médico psiquiatra que figura firmando las historias clínicas de los supuestos pacientes, Gustavo Zambrano San Juan, manifestó no haber firmado ninguno de los documentos usados por la IPS para soportar sus facturas y que nunca había prestado sus servicios a esa entidad, por lo que su nombre había sido usado ilegalmente.

A pesar de la gravedad de las irregularidades e inconsistencias, los funcionarios de la Secretaría de Salud de Sucre continuaron avalando dichos cobros y expidiendo las resoluciones de pago que después fueron suscritas y pagadas por el mismo gobernador Guerra.

Contratos inexistentes

La Contraloría había igualmente evidenciado en su momento, la inexistencia de contratos entre la Gobernación de Sucre y las IPS, en los que se soportaran los millonarios pagos facturados.

Es decir, la Gobernación de Sucre efectuó los pagos sin que existiera un soporte contractual para llevar a cabo los mismos. Tampoco medió autorización del Ministerio de Salud para poder efectuar el pago a IPS privadas, ni existieron soportes que probaran la capacidad de las mismas para funcionar y prestar los supuestos servicios contratados.

Por la gravedad de las irregularidades evidenciadas, la Contraloría oportunamente puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, denunciando el denominado “cartel de los enfermos mentales” en la Gobernación de Sucre.

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