Una vigilancia especial a la investigación sobre la propiedad y el uso de los vehículos del Congreso, realizará el procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado.

Ordóñez  manifestó que espera que el Congreso de la República adelante las investigaciones pertinentes por el vehículo oficial que fue retenido en la tarde del pasado lunes con 613 millones de pesos, presuntamente producto de actividades ilegales de la banda criminal del 'Clan Úsuga'. 

El jefe del Ministerio Público señaló que él asumirá la investigación si no ve avances significativos en la misma. "Ejerceremos el poder preferente para lograr establecer con claridad las causas, los responsables y las redes que puedan existir entre funcionarios del Congreso y organizaciones criminales", sostuvo.

Ordóñez calificó la situación como "grave" puesto que revelaría los nexos entre funcionarios del Congreso con organizaciones criminales. Según la Fiscalía General la suma transportada en dos bolsas sería producto de extorsiones adelantadas por dicho grupo armado ilegal, el mismo que convocó un paro armado en diferentes departamentos del país.

El pasado martes la Fiscalía General le imputó los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y cohecho. En la diligencia se indicó que al momento de su detención Luis Javier Rojas Morera, quien fungía como asesor del representante a la Cámara del partido de la U, Alexánder García, les ofreció 100 millones de pesos a los militares que lo detuvieron para evitar consecuencias. 

En medio de este escándalo también estaría involucrada la mamá de Rojas, Magdalena Morera, quien es la directora financiera del Senado, quien fue suspendida del cargo y en últimas es la encargada de dar de baja los carros y entregárselos a la Comercializadora Nave Limitada, cuyo representante legal es el señor Nazareno Conrado, quien era el encargado de enajenarlos. Morera fue suspendida este martes mientras la Procuraduría adelanta una investigación interna por estos hechos.

En este negocio supuestamente se subastaron 265 vehículos entre 2012 y 2015 y, de estos, 80 no tuvieron ningún traspaso de documentos.