La vicefiscal María Paulina Riveros asumirá la indagación preliminar a las exministras Cecilia Álvarez-Correa y Gina Parody por su presunta responsabilidad en los delitos de tráfico de influencias y conflicto de intereses al haber suscrito el documento Conpes que dio vía libre a la adición de un millonario contrato a la Ruta del Sol II, que fue adjudicado en 2009 a Odebrecht.
Riveros tomará el caso luego de que la Sala Plena de la Corte Suprerma de Justicia aceptó el impedimento presentado por el fiscal Néstor Humberto Martínez.
El fiscal le presentó en 2012 un concepto jurídico a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) sobre inconveniencia de entregar el contrato de para la construcción de la vía Ocaña-Gamarra como una adición al convenio de la Ruta del Sol Tramo II, precisando que “la construcción de esas obras debe hacerse bajo licitación privada, bajo las reglas allí consignadas”.
Álvarez-Correa y Parody fueron denunciadas en marzo por un grupo de congresistas uribistas al considerar que la primera, entonces ministra de Transporte, debió declararse impedida porque la vía Ocaña-Gamarra beneficiaba los intereses económicos de los familiares de la segunda.
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La vicefiscal María Paulina Riveros asumirá la indagación preliminar a las exministras Cecilia Álvarez-Correa y Gina Parody por su presunta responsabilidad en los delitos de tráfico de influencias y conflicto de intereses al haber suscrito el documento Conpes que dio vía libre a la adición de un millonario contrato a la Ruta del Sol II, que fue adjudicado en 2009 a Odebrecht.
Riveros tomará el caso luego de que la Sala Plena de la Corte Suprerma de Justicia aceptó el impedimento presentado por el fiscal Néstor Humberto Martínez.
El fiscal le presentó en 2012 un concepto jurídico a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) sobre inconveniencia de entregar el contrato de para la construcción de la vía Ocaña-Gamarra como una adición al convenio de la Ruta del Sol Tramo II, precisando que “la construcción de esas obras debe hacerse bajo licitación privada, bajo las reglas allí consignadas”.
Álvarez-Correa y Parody fueron denunciadas en marzo por un grupo de congresistas uribistas al considerar que la primera, entonces ministra de Transporte, debió declararse impedida porque la vía Ocaña-Gamarra beneficiaba los intereses económicos de los familiares de la segunda.
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