El oficialismo en Venezuela promete arreciar su ofensiva legal para impedir que la oposición active este año un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, acosado por la peor crisis económica en 17 años de chavismo en el poder.

 

La autoridad electoral abrió hoy la etapa de revisión de las firmas de apoyo a una consulta que fueron validadas la semana pasada. El proceso se extenderá hasta el 26 de julio, cuando se determinará si el organismo dará paso al llamado a las urnas.

 

El Consejo Nacional Electoral (CNE) "constatará firmas validadas en lapso de 20 días hábiles", trinó Tania D'Amelio, rectora del organismo.

 

Pero este procedimiento administrativo está lejos de ser una tregua en la lucha de poderes que desde hace siete meses enfrenta a Maduro con la mayoría parlamentaria opositora.

 

"Vamos a empezar a accionar tantas demandas y acciones legales (...) como eventos fraudulentos haya habido", advirtió hoy Jorge Rodríguez, delegado por Maduro para el proceso refrendatorio.

 

El gobierno alega una serie de irregularidades que a su juicio deberían desembocar en la suspensión de la iniciativa, al tiempo que impulsa una querella con el mismo objetivo ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado por la oposición de ser el brazo jurídico de Maduro.

 

De su lado, los adversarios del jefe de Estado, agrupados en la Mesa de Unidad Democrática (MUD), creen que se están cocinando "un par de sentencias" para suspender la activación del referendo, según Henry Ramos Allup, presidente de la Asamblea Nacional.

 

El gobierno "no puede negarse al referéndum después de que se validan las firmas, y después de que la gente expresa su voluntad, y después de que se han superado todos los obstáculos, las trampas", señaló Allup al canal Globovisión.

 

Si lo hace, "este es un golpe de Estado", remarcó.

 

Este contrapunto anticipa el tono de las discusiones que seguirán en las siguientes semanas, antes de que el CNE determine si activa el referendo contra a Maduro.

 

Al mismo tiempo millones de venezolanos lidian con la escasez de productos, la alta inflación (180,9 en 2015) y niveles disparados de criminalidad. El gobierno achaca a una "guerra económica" la difícil situación, agravada por la caída en un 50% del precio internacional de petróleo, su único rubro importante de exportación.

 

-Firmas en un día-

 

El viernes expiró el plazo de cinco días para el reconocimiento de rúbricas a favor del revocatorio. Poco más de 1,3 millones de venezolanos estaban llamados a cumplir con este trámite, que derivó en largas y extenuantes filas.

 

Según la oposición, 409.313 personas autenticaron la firma con la huella digital, el doble de lo exigido por el CNE para activar la consulta, pese a las trabas del oficialismo.

 

Si la autoridad electoral da su visto bueno, las fuerzas alineadas contra Maduro deberán reunir unos cuatro millones de firmas (20% de los electores registrados) para ir al referendo.

 

Aunque la normativa electoral indica que estas deben ser recaudadas en tres días, Rodríguez dijo que el chavismo pedirá al CNE que sea en una jornada.

 

"Vamos a exigir que así como el presidente Nicolás Maduro fue electo en un día, la recolección de firmas se haga en un día", indicó.

 

Mientras oficialismo y oposición se trenzan en un nuevo enfrentamiento frente a las cámaras, el diálogo político en Venezuela no logra despegar a instancias de una misión internacional conformada por los exmandatarios José Luis Rodríguez Zapatero (España), Leonel Fernández (República Dominicana) y Martín Torrijos (Panamá).

 

Ramos Allup descartó hoy reunirse de nuevo con esa delegación en República Dominicana.

 

"La agenda de un eventual diálogo por parte nuestra la ponemos nosotros, y si no están dispuestos a coordinar esa agenda, pues no vamos", sostuvo.

 

Con el apoyo de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), el grupo de expresidentes busca facilitar el acercamiento político en Venezuela, pero los adversarios de Maduro han señalado que no negociarán el referendo revocatorio. /AFP