El Tribunal Supremo de Justicia venezolano resolvió que hay méritos para enjuiciar a una diputada opositora y pidió al Legislativo su desafuero, en un caso que según la oposición forma parte de la estrategia oficialista para otorgar poderes especiales al presidente Nicolás Maduro.

El pleno del Tribunal "declaró con lugar la solicitud de antejuicio de mérito interpuesta por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, contra la diputada a la Asamblea Nacional María Mercedes Aranguren", informó un comunicado de la instancia judicial.

La legisladora, acusada de peculado, asociación para delinquir y legitimación de capitales, será sometida a un proceso en la Asamblea Nacional para retirarle su inmunidad y tendría que dejar su escaño.

"Hay mérito para el enjuiciamiento de la referida parlamentaria por la supuesta comisión de los mencionados delitos. Se ordenó notificar a la Asamblea Nacional (...) sobre la presente sentencia, a los fines de que ese órgano legislativo delibere sobre el allanamiento de la inmunidad parlamentaria", añadió el comunicado.

Con esto, según denuncias de Aranguren y de la oposición, su suplente tomaría su escaño y el oficialismo reuniría los 99 votos necesarios para aprobar la solicitud de una ley habilitante presentada el pasado 15 de octubre para que Maduro gobierno por decreto durante un año en materia de lucha contra la corrupción y una supuesta "guerra económica".

"Las evidencias nos demuestran que efectivamente el diputado número 99, es el suplente de María Aranguren", dijo el pasado jueves el diputado opositor Alfonso Marquina.

Aranguren, que llegó a la Asamblea como candidata del chavismo pero que luego se convirtió a la oposición, no había reaccionado a la decisión del Tribunal hasta la tarde del miércoles, pero días atrás sostuvo que el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha ejercido "presiones" sobre diputados.

"Resulta que hoy, previo a una solicitud del señor Maduro para una (ley) habilitante, se opera de una forma obvia y grosera. Es una parte más del show y la Asamblea seguramente levantará la inmunidad", dijo Aranguren días atrás.

La Asamblea Nacional, que habitualmente sesiona martes y jueves, no ha convocado aún a sesión.

Maduro ha insistido en la necesidad de que se aprueba la ley habilitante para poder luchar contra lo que describe como una "guerra económica" del sector privado ligado a la oposición y que, según el presidente, es la causa de la crisis que afecta a Venezuela, que en septiembre registró una inflación anualizada de 50%, récord en los años del chavismo, en el poder desde 1999.

La fiscal Luisa Ortega ha rechazado que su solicitud de antejuicio contra la diputada tenga motivaciones políticas y que su actuación es "apegada a la constitución y a las leyes".

"Es un mecanismo de defensa. Como siempre no atacan las acciones que les señala el ministerio público (fiscalía) sino que se entiende siempre que es una persecución política", dijo Ortega Díaz tras presentar la solicitud de antejuicio contra Aranguren.

Carlos Flores, el suplente de Aranguren, se ha mantenido al margen de la discusión que se ha dado en los medios de este caso, pero en septiembre pasado, antes de que se presentara la solicitud de antejuicio contra Aranguren, declaró al diario Tal Cual -de tendencia opositora- que "apoyaría" la habilitante.

Todos los presidentes venezolanos han tenido poderes especiales en los últimos 40 años, entre ellos Hugo Chávez, quien emitió más de 200 leyes con estos superpoderes en 2000, 2001, 2008 y 2010.

La oposición acusa al oficialismo de pretender utilizar la habilitante contra sus adversarios políticos con miras a las elecciones municipales del 8 de diciembre, consideradas como una suerte de plebiscito sobre el gobierno de Maduro.