Policiales y militares venezolanos actúan con impunidad participando en ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias, denunció hoy Human Rights Watch (HRW) en un informe crítico de la operación gubernamental contra la delincuencia en el violento país suramericano, y que Caracas prometió investigar.

 

En más de un centenar de operativos contra la criminalidad realizados desde julio de 2015 en barriadas pobres de Venezuela, agentes de seguridad mataron a 245 personas, según el informe "Poder sin Límites" realizado por HRW y la organización venezolana Provea, citando cifras oficiales.

 

Para las organizaciones de derechos humanos el número es elevado y suscita dudas sobre la justificación del uso letal de la fuerza. En 20 casos "la evidencia sugiere que se trata de ejecuciones extrajudiciales", dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

 

Autoridades venezolanas han marcado esas muertes como resultado de "enfrentamientos" entre delincuentes y fuerzas de seguridad, reseñó el informe.

 

Pero según Vivanco, los testimonios de familiares y testigos, además de la "enorme desproporcionalidad" entre presuntos criminales y policías muertos (3), "nos permite llegar a la conclusión que la versión oficial no es creíble".

 

Estas acciones están enmarcadas en la Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP), creada por el gobierno del presidente Nicolás Maduro para combatir la creciente ola de delincuencia en el país, uno de los más violentos del mundo: 2015 cerró con una tasa de 58 homicidios por cada 100.000 habitantes, según cifras oficiales.

 

"Devolver la paz"

 

El gobierno venezolano defendió el plan, aunque prometió investigar las denuncias de las ONG.

 

En una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, el embajador venezolano Bernardo Álvarez optó por no pronunciarse sobre las denuncias específicas del informe, pero admitió la posibilidad en los operativos de seguridad de "procedimientos irregulares de diferentes naturaleza".

 

"Habrá que ver de qué se trató cada uno de los casos", añadió.

 

Larry Devoe, del gubernamental Consejo Nacional de Derechos Humanos, dijo que las OLP se crearon para "devolver la paz" a territorios controlados por el crimen organizado.

 

Unos 25 funcionarios de seguridad son investigados por irregularidades, según cifras de la Fiscalía obtenidas por Provea.

 

Las organizaciones de derechos humanos reconocen que la elevada criminalidad demanda una inminente respuesta estatal pero critican la fuerte concentración de efectivos militares en estas operaciones, y denuncian numerosas violaciones de los derechos humanos como ejecuciones, detenciones, desalojos y deportaciones ilegales; así como maltratos y destrucción de viviendas.

 

"El gobierno de Venezuela ha tomado la decisión de enfrentar el delito de una manera no democrática", denunció Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, durante una rueda de prensa conjunta en Washington.

 

Uzcátegui denunció la "militarización del ejercicio de la seguridad ciudadana profundizado por el gobierno de Nicolás Maduro", indicando que esa práctica contraría las recomendaciones de organismos internacionales y la Constitución venezolana.

 

Viviendas demolidas

 

HRW y Provea denunciaron la aprehensión "arbitraria" de más de 14.000 personas. Pero además cuestionaron la efectividad de esas prácticas para reducir los crímenes, pues solo un centenar de los detenidos fue formalmente procesado por algún delito.

 

En la zona fronteriza con Colombia, unos 1.700 inmigrantes colombianos fueron deportados a su país, incluyendo unos 400 refugiados o personas bajo protección por declararse víctima de persecución de paramilitares.

 

HRW y Provea también verificaron el desalojo forzoso y sin aviso previo -en ocasiones de madrugada- de miles de familias, y la demolición en cuatro estados de al menos 976 viviendas.

 

"Nunca hemos visto una cosa de esa naturaleza ni en Venezuela ni en ningún otro sitio de América Latina", afirmó Vivanco.

 

Según las organizaciones, el panorama de abusos es posible debido a un contexto general de "impunidad estructural", militarización de las funciones de seguridad, fallas en las instituciones de control y la "opacidad" de los organismos públicos en Venezuela.

 

Y las operaciones no parecen estar reduciendo los índices de criminalidad, apuntaron.

 

"Luego de estos operativos el Estado vuelve a estar ausente. No hay un plan (...) que permita reducir niveles de violencia", dijo Inti Rodríguez, de Provea.

 

En algunos casos la situación empeora, señalaron, pues los policías locales se han convertido en objetivos de los delincuentes como represalia por las redadas. /AFP