La oposición venezolana acelerará la definición de una vía legal para acortar el mandato del presidente Nicolás Maduro, aunque reconoce el riesgo de que sea bloqueada por la justicia de este país empantanado en una crisis institucional.

 

"En los próximos días tendremos que ofrecer ya una propuesta concreta de salida a esta desgracia nacional que es el gobierno", advirtió el jefe parlamentario Henry Ramos Allup, al arremeter contra el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) porque el jueves desconoció el rechazo del parlamento a un decreto de emergencia económica de Maduro.

 

La oposición prometió presentar en un plazo de seis meses, a partir del 5 de enero cuando asumió el control del Legislativo, una "vía constitucional" para acortar el mandato de Maduro, quien en abril cumplirá la mitad de su periodo de seis años.

 

Pero el jefe parlamentario dijo que ahora la propuesta es "apremiante", porque la crisis se está "acelerando". "Los tiempos los pone la necesidad del país", subrayó.

 

La oposición evalúa la posibilidad de una enmienda constitucional o un referendo revocatorio, pero deberá buscar los mecanismos legales para evitar que sean bloqueados por el TSJ, al que acusa de estar alineado con el gobierno.

 

Ramos Allup dijo estar seguro de que a cualquier propuesta del Congreso, el TSJ "va a decir que es inconstitucional", pero señaló que éste no podrá "sostener" a un "gobierno agónico". "Ellos creen que están ganando el juego, pero se equivocan", desafió.

 

"No estamos resolviendo una cuestión sencilla ni simple. Tenemos que ponernos de acuerdo en el medio más eficaz, más eficiente, menos gravoso, más simple... Y vamos a dar con el método, no tengan duda", agregó.

 

Previendo que el TSJ frene la enmienda constitucional, el excandidato presidencial opositor Henrique Capriles se inclina por un referendo, que puede ser convocado con casi cuatro millones de firmas a mitad del mandato.

 

"Hay que salir a recoger las firmas para revocarle el mandato a quien profundiza la crisis. Ha llegado el tiempo, como lo establece la Constitución, para un referéndum revocatorio", señaló Capriles.

 

Pero el referendo deberá supervisarlo el Consejo Nacional Electoral, al que la oposición también acusa de alineado con el oficialismo. La decisión del jueves se suma a otras tomadas por el TSJ favorables al chavismo en los últimos años, la más reciente la impugnación oficial contra tres diputados opositores.

 

- "Santa palabra" -

 

En un fallo anunciado la noche del jueves, el TSJ declaró vigente la emergencia económica decretada por Maduro el 14 de enero y negada ocho días después por la aplastante mayoría opositora en la Asamblea Nacional.

 

Maduro exaltó la decisión del TSJ y anunció que pronto activará una serie de medidas contra la crisis, agravada por la caída en picada de los precios del crudo, fuente del 96% de divisas en este país altamente dependiente de las importaciones.

 

"Ha hablado el TSJ, santa palabra, debe ser acatada por todos los sectores de la vida nacional", dijo Maduro, quien asegura que el decreto -por 60 días prorrogables- es necesario para enfrentar la "guerra económica" que atribuye a empresarios de derecha que -dice- buscan derrocarlo.

 

La emergencia permite al gobierno disponer de recursos extraordinarios y de algunos bienes de empresas privadas para garantizar el abastecimiento de productos.

 

Pero la oposición asegura que el decreto obedece a un "modelo fracasado" de excesivo control estatal que afirma ha llevado a la crisis, junto con la corrupción.

 

"Que sepa Venezuela que el TJS es tan responsable del desabastecimiento, de las colas, de la inseguridad, del auge impune del delito. Ahora no es uno el responsable, ahora son dos", dijo Ramos Allup.

 

La subsecretaria estadounidense de Estado para América Latina, Roberta Jacobson, escribió en Twitter que está "consternada", al señalar que el TSJ "está impidiendo" la acción del parlamento.

 

- Un Estado dentro del Estado -

 

El TSJ, varios de cuyos magistrados fueron nombrados a última hora por la anterior mayoría chavista parlamentaria, debe dirimir las disputas legales entre gobierno y oposición. La decisión del jueves profundiza el choque que derivó en crisis institucional.

 

Para el diputado opositor José Guerra la Sala Constitucional del TSJ "cree ser un Estado dentro del Estado" y "que está por sobre la voluntad del pueblo".

 

"El problema que tiene Venezuela es la ausencia de un árbitro que dirima el conflicto de poderes, lo cual complica aún más la situación", advirtió el director de la firma Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, al señalar que el TSJ está "parcializado".

 

El enfrentamiento político complica una crisis que manifiesta en una severa escasez de productos básicos, inflación anualizada de 141,5% a septiembre de 2015, contracción económica de 4,5% al tercer trimestre del año pasado y un déficit público que consultoras privadas estiman en 20%.

 

En la calle hay cansancio del conflicto. "No vamos a desayunar, almorzar y cenar con leyes. Lo que se discute... quién tiene y quién no tiene la razón, con eso no llegamos a ningún lado", dijo a la AFP el educador Orién Amundaraín.