El máximo tribunal de justicia de Venezuela autorizó la apertura de un juicio contra la fiscal general Luisa Ortega, confesa chavista convertida en la mayor crítica del gobierno de Nicolás Maduro.

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) "admitió en cuanto ha lugar en derecho la solicitud de antejuicio de mérito (...) por la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo", anunció la corte en una nota oficial.

El diputado oficialista Pedro Carreño interpuso el recurso el pasado jueves argumentando que la jefa del Ministerio Público "mintió" al asegurar que no había respaldado la selección de 33 magistrados del TSJ -acusado por la oposición de servir al gobierno- que fueron designados en diciembre de 2015 por la entonces mayoría parlamentaria chavista.

"Ella mintió al país. Serán consideradas como faltas graves del fiscal atentar, amenazar o lesionar la ética pública o la moral administrativa", dijo Carreño.  

De acuerdo con la ley, el TSJ puede declarar en Sala Plena si existe o no mérito para enjuiciar a los altos funcionarios, como la fiscal. El enjuiciamiento puede llevar a la remoción, que en el caso de la fiscal corresponde al Parlamento.

La Asamblea legislativa, de amplia mayoría opositora, respalda a la fiscal en su enfrentamiento con Maduro y el TSJ, al que Ortega acusa de haber roto el orden constitucional.

"El TSJ puede decidir lo que quiera, pero la única forma de destituir a la Fiscal es si lo autoriza la AN. Y adivinen... No lo haremos", expresó en Twitter Freddy Guevara, vicepresidente del Parlamento, de mayoría opositora.

Sin embargo, el TSJ considera "nulas" todas las decisiones del Parlamento, al declararlo en "desacato" desde enero de 2016 apenas recién asumía la oposición el control de la Asamblea.

En el pasado la corte apeló a la figura de la "omisión legislativa" para avalar por ejemplo un decreto de emergencia económica dictado por el mandatario.

Rebelión contra el Gobierno

Horas después de conocerse que se abrirá juicio a la Fiscal Ortega, la oposición llamó  a los venezolanos a desconocer al presidente Nicolás Maduro y su convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, agravando aún más la crisis que vive el país con violentas protestas que dejan 74 muertes en dos meses y medio.

"El actual régimen se ha puesto al margen de la Constitución y en consecuencia su autoridad y decisiones son inconstitucionales y no pueden ser reconocidas ni obedecidas por nadie", anunció el presidente del Parlamento de mayoría opositora, Julio Borges, en rueda de prensa.

En representación de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Borges invocó artículos de la Constitución en los que se apoyará esa coalición opositora para la "fase decisiva" hacia un cambio de gobierno, que incluirá una "gran protesta nacional permanente".

"Es el paso más radical que se ha dado en la política venezolana en los últimos años. Ya la lucha será en un plano en el que habrá una confrontación más fuerte", aseguró a la AFP el politólogo Luis Salamanca.

La oposición anunciará en los próximos días cómo concretará su llamado a la rebelión. Algunos de sus líderes han planteado una huelga general.

El constitucionalista José Ignacio Hernández advirtió que pese a la importancia de una invocación a la desobediencia civil, no se pueden esperar "soluciones inmediatas". 

"Se abre el capítulo más intenso de la confrontación (..). Pero también puede que nos quedemos con este estado de enfrentamiento crónico", acotó Salamanca.

La oposición considera que el sistema con que serán elegidos el 30 de julio los integrantes de la Asamblea Constituyente es "fraudulento" y que su objetivo es instaurar un modelo comunista para perpetuar al chavismo en el poder, con el apoyo de la máxima corte de justicia, los militares y las autoridades electorales.

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