EL GOBIERNO y la oposición de Venezuela volverán a medir fuerzas el domingo en elecciones de gobernadores, en un país golpeado por cuatro meses de violentas protestas y hundido en una severa crisis económica y política, sin visos de solución.
Unos 18 millones de venezolanos están llamados a escoger, para un periodo de cuatro años, a las máximas autoridades de los 23 estados del país, entre denuncias de irregularidades y la frustración de muchos que exigieron en las calles comicios generales, con la expectativa de sacar al presidente Nicolás Maduro del poder.
Pero el gobierno no salió ileso de las marchas y de la cuestionada elección de una Asamblea Nacional Constituyente que -totalmente oficialista- aumentó su poder, señalaron los directores de Datanálisis y Delphos, Luis Vicente León y Félix Seijas.
Más aislado internacionalmente -incluso con sanciones de Estados Unidos- y acusado de "antidemocrático" -opinaron- se vio presionado a convocar finalmente estas elecciones regionales que debieron efectuarse en 2016.
Buscando legitimidad en Venezuela y en el exterior, Maduro presenta estos comicios como la validación de su Constituyente, desconocida tanto por la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) como por varios países de América y Europa.
Aunque la oposición arrasó en las parlamentarias de 2015 su poder fue anulado por la justicia -acusada de oficialista-, por lo que algo similar puede ocurrir esta vez a los gobernadores ante la Constituyente.
Los opositores, muchos molestos con los dirigentes de la MUD por participar en estos comicios tras las protestas, se debaten entonces entre si votar para no dejar el camino libre al gobierno o abstenerse para no legitimarlo.
El oficialismo tiene 20 gobernaciones. Con una impopularidad del 80% de Maduro, las encuestas Datanális y Delphos dan a la oposición de 11 a 18 estados, según sea la abstención, que tradicionalmente se ha ubicado entre 30% y 40%.
A contrarreloj, la oposición multiplicó sus llamados a votar contra el gobierno para -dice- sacar al país de una de las peores crisis de su historia. El FMI calculó una caída del PIB de 12% y una inflación de 652% este año.
La MUD tiene el reto de vencer el desánimo de sus seguidores, pues luego de las protestas que dejaron unos 125 muertos entre abril y julio, Maduro sigue firme y ahora cuenta con una superpoderosa Constituyente.
Al desaliento se suma la desconfianza de los opositores en el Consejo Nacional Electoral (CNE), al que acusan de servir al gobierno y de hacer fraude en la elección, en julio, de la Constituyente.
"Yo también quería que la protesta cambiara al gobierno. Las elecciones no son una transacción. Salgan a votar y liberar al país de la dictadura", pidió el excandidato presidencial Henrique Capriles, gobernador saliente de Miranda (norte), principal estado en disputa, sobre el que se asienta una parte de Caracas.
Según la MUD, para afectar sus votos "irregularmente" no se le permitió sustituir candidatos que inicialmente había inscrito. La coalición opositora denuncia también que a última hora fueron reubicados unos 200 centros de votación.
Con la poderosa maquinaria del partido socialista, el gobierno busca evitar que la oposición le arrebate el control de la mayoría de regiones.