Cuando faltan dos semanas para que las entidades del Distrito actualicen el Plan Anticorrupción, con los posibles riesgos de corrupción, así como la manera de minimizar los trámites, mejorar la atención al usuario y rendir cuentas a la ciudad, la Veeduría Distrital encontró que de las 84 entidades públicas que deben cumplir con este lineamiento normativo, menos de diez han hecho la tarea.

 “Para el año 2013, las entidades tendrán como plazo máximo, para elaborar u homologar y publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el 30 de abril de 2013”, establece el Decreto 2641 de 2012, expedido por la Presidencia de la República. 

 Tradicionalmente las entidades tenían plazo hasta el 31 de enero de cada año, pero en esta ocasión se extendió teniendo en cuenta que las entidades deben incluir el componente de mapas de riesgos de corrupción.

 La Veedora Distrital, Adriana Córdoba Alvarado, hizo un llamado a las entidades para que actualicen el documento, en el marco de una sesión de trabajo convocada por el ente de control para los jefes de control interno y de planeación de las 42 entidades distritales, 22 hospitales y 20 alcaldías locales.

 La titular del organismo de control expresó la necesidad de articular los planes anticorrupción con el programa de Transparencia, Probidad y Lucha contra la Corrupción, que busca promover un cambio cultural de rechazo a la corrupción y de corresponsabilidad en la construcción de probidad y defensa de lo público.

“La corrupción alimenta la pobreza, el deterioro de las finanzas y la desconfianza institucional; claro ejemplo de ello es lo que estamos viendo con el escándalo del ‘carrusel’ de la contratación” dijo la Veedora, quien agregó que en la encuesta de capital social de 2011, Bogotá perdió 15 puntos en confianza institucional y necesitamos recuperarla para mejorar el desarrollo, la productividad y la convivencia”.

 El órgano de control realizó este taller de actualización de los nuevos instrumentos de la Política Anticorrupción, como coordinador del programa “Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente, consagrado en el artículo 38 del Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”.

 En el encuentro estuvieron presentes el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Rafael Merchán Álvarez; el gerente de Riesgos SES Colombia, Libardo Cruz Polanco; el asesor del Programa de Transparencia, Probidad y Lucha contra la Corrupción de la Veeduría Distrital, Fernando Medellín Lozano, y la Viceveedora Distrital, Alexandra Rodríguez del Gallego.

“El Plan Anticorrupción es un enorme potencial para prevenir este flagelo, es un instrumento para la apropiación de la cultura de transparencia, cuya ley estatutaria estaremos dando a conocer próximamente desde la Presidencia de la República”, explicó Rafael Merchán Álvarez, Secretario de Transparencia del gobierno nacional.

 Merchán, quien apoyó la formulación de la Política Anticorrupción, fue enfático al afirmar que en la identificación de los riesgos de corrupción de las entidades se debe reflejar la visión, tanto de los directivos, como de todos los funcionarios que conforman una organización.

  A su turno, el asesor del Programa de Transparencia, Probidad y Lucha contra la Corrupción de la Veeduría Distrital, Fernando Medellín Lozano, explicó que de acuerdo con el Segplan (seguimiento al Plan de Desarrollo), de 44 entidades, solo 21 tienen proyectos de transparencia y “preocupa aún más que Secretarías de alta sensibilidad como Gobierno y Movilidad no tengan proyectos inscritos”.

 Para profundizar sobre los riesgos que deben tener en cuenta la entidades a la hora de construir el Plan Anticorrupción, estuvo el gerente de riesgos SES Colombia, Libardo Polanco Cruz, quien explicó que “estamos cayendo en una cultura del cliché en la que la corrupción y la malversación de fondos solo recae sobre los funcionarios públicos pero este flagelo puede tocar a varios actores de la sociedad.

 Polanco agregó que medir un riesgo no es sinónimo de adversidad sino de atreverse e invitó a los funcionarios públicos a tener especial cuidado en la toma de decisiones institucional para mitigar los posibles actos de no probidad.  

 En la actualización del Plan Anticorrupción, las entidades también deberán incluir los planes de compras, indicadores de gestión, proyectos y metas, así como el informe de gestión del año anterior y los presupuestos debidamente desagregados, entre otros.