En Colombia se registran más de 85.000 desaparecidos desde 1919 a la fecha.

El reto del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses es lograr establecer su paradero, si están muertos o vivos y su plena identificación.

El director del Instituto, Carlos Eduardo Valdés, afirmó que si llega la paz a Colombia, entonces las cifras de desaparecidos y de los numerosos muertos que aparecen en todas partes sin identificar, bajarían dramáticamente.

Sin embargo, afirmó que a través de la paz y de la verdad y con el trabajo de la entidad, se puede alcanzar una verdadera concordia entre los colombianos.

Valdés explicó que “en el registro nacional que tiene el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y que en este momento supera los 85.000 desparecidos, es un registro que tenemos desde 1919 a la fecha. En esta descomunal cifra obran allí alrededor de 19.000 desaparecidos niños y niñas. Pero, este registro de los 19.000 menores desparecidos, está desde los años setenta”.

El funcionario explicó que el trabajo de los investigadores anteriormente era difícil y tedioso, porque la Registraduría no contaba con tecnología de punta y los cotejos para establecer la identidad de una persona eran en forma manual.

Por fortuna, insistió, “gracias a un trabajo que se adelantó en el año 2011 con la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Ministerio del Interior, se revisaron más de 22.000 macrodactilias de cadáveres sin identificar desde 1990. Es decir, registros dactilares o huellas digitales de cadáveres que habían pasado por el Instituto, pero que no habían sido identificados porque la Registraduría no estaba sistematizada”.

Valdés destacó que hasta hace poco, el trabajo de los expertos en identificación dactiloscópica se basaba en técnicas casi empíricas, con procedimientos manuales y debían cotejar las huellas monodactilares buscando coincidencias llamadas o “puntos” que van desde los 8 hasta los 16 y este proceso era largo, demorado, dispendioso y de nunca acabar...pero se hacía la tarea.

Pero, aclaró, “gracias al desarrollo de la tecnología aparecieron recursos científicos, técnicos y analíticos que agilizan y optimizan la labor de investigación.

Explicó que de los procesos manuales se pasó a la implementación de los AFIS (Automated Fingerprint Identification System) que cuentan con un sistema informático compuesto de hardware y software integrados que permite en breve tiempo la captura, consulta y comparación automática de huellas dactilares agrupadas por fichas decadactilares, monodactilares o en forma de rastro o latente. Reitero es un proceso rápido y seguro”.

Valdés señaló que estos procesos “están basados en las ciencias biométricas, la matemática, la coherencia y la correlación, a partir de la lectura de una imagen alineada de rasgos integrales paralelos, con bifurcaciones aleatorias, pero que establecen una figura integrada por puntos, que en el caso de la registración electrónica se denominan píxeles, permitiendo una identificación rápida y podemos estar hablando de máximo diez minutos”.

“Ahora con la tecnología digital la huella se puede escanear para su búsqueda y cotejo en el sistema o se introduce directamente a través de un live-scan, al tiempo que se cuenta con programas que permiten limpiar o reconstruir la huella, a través de algunos parámetros, para establecer la plena identidad”.

Con el AFIS, precisó, el ordenador se encarga de cotejar la información que hay en su archivo y averiguar si por ejemplo el cadáver o la persona en proceso de investigación se cambió el nombre o registra antecedentes o si es requerido por una autoridad, siempre y cuando existan sus impresiones dactilares en el sistema y nos facilita el trabajo a Medicina Legal y a las autoridades judiciales”.

 

 

 

Dijín e Interpol

 

“El hallazgo de las centenares de víctimas de las autodefensas ilegales parten de las mismas confesiones de los cabecillas de esas redes que delinquían en todo el territorio nacional. Se trabaja con todos los organismos del estado en la preservación de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”, precisó un vocero de la Dijín que pidió no ser identificado.

Por su parte, la Unidad de Justicia y Paz que adelanta los procesos judiciales contra los paramilitares desmovilizados, reveló que se viene trabajando en todo el país con fiscales e investigadores. Algunos de los cabecillas han confesado que cometieron unos 2.000 homicidios, otros han revelado más de 500”.

“Aquí estamos hablando de tres décadas del accionar criminal de las autodefensas ilegales. En esta tragedia del país hay violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, miles de homicidios, centenares de matanzas, millones de desplazados, miles de desaparecidos, secuestros y apoderamientos de tierras, sin mencionar los hurtos de combustible y el tema del narcotráfico”, anotó el vocero.

 

 

 

Gobierno nacional

 

Por su parte, el Gobierno nacional viene trabajando con la Oficina de la ONU de Derechos Humanos y gobiernos extranjeros para fortalecer la lucha contra las desapariciones forzadas.

De acuerdo con las bases de datos unas ocho mil personas declaradas como desaparecidas han aparecido vivas y un número no precisado muertas, mientras que el resto de ellas continúan desaparecidas y más de 15.000 se han clasificado como desapariciones forzadas.

El Gobierno nacional señala que con las herramientas judiciales se busca encontrar a los responsables de estas acciones criminales y partícipes de este delito para procesarlos penalmente y lograr sus condenas por parte de la Unidad Especial de más de 23 fiscales especializados apoyados por investigadores de la Policía Judicial.

La Oficina del Representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, es apoyar al Estado y a la sociedad civil para encontrar a los desaparecidos en el país.

 

 

Aparecieron y no se reportaron

 

Valdés señaló que en la lista de los más de 85.000 desparecidos en todo el territorio nacional, hay muchas personas que aparecieron y sus familiares no los reportan para que los saquen de la lista.

“Esto quiere decir que los seguimos buscando en muchos casos, cuando están trabajando o en sus hogares”, anotó, precisando que los desaparecidos corresponden a muchos fenómenos de violencia que sacuden al país, entre ellos la violencia intrafamiliar, la desprotección de niños y niñas, el maltrato infantil, el reclutamiento forzado por parte de los grupos armados al margen de la ley, el desplazamiento forzado o por acciones de los grupos armados al margen de la ley, la desaparición voluntaria, el secuestro, los muertos en combates y muertos civiles, entre otros hechos.

Para Valdés el trabajo no es sencillo pero es necesario iniciar la recuperación de los datos históricos, la ubicación de los restos a nivel nacional y la fase técnica relacionada con la ubicación de estos restos también a nivel nacional.

Insistió en que “el Instituto Nacional de Medicina Legal ha dispuesto dos laboratorios de genética exclusivamente para este tema. Estos laboratorios se encuentran en Villavicencio y en Cali”.

Valdés explicó que los cálculos que hacen algunas autoridades para el hallazgo de la casi totalidad de las víctimas de los paramilitares y que podrían tardar entre 20, 25 e incluso hasta 30 años para encontrarlas, son a priori, “porque ninguna entidad ha hecho un cálculo elaborando un proceso metodológico como el que tiene el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses”.

“Los cálculos son totalmente a priori. Nosotros calculamos que cada proceso, por ejemplo de un niño, nos puede llevar entre tres a cuatro meses, cada uno. Pero como no es un solo caso, entonces debemos hacer varios procesos simultáneos y además como entramos en colaboración con otras entidades, porque nos unimos en una causa muy noble, entonces se reducen los tiempos”, aseguró.

Afirmó que “yo no puedo decir que en diez años se podrán identificar a todos los desaparecidos, porque si seguimos en una país tan violento, entonces no podemos llegar a los sitios donde están enterradas esas personas y esos niños y niñas. Pero lo que sí puedo afirmar es que empezamos ya este camino y si Colombia entra en un proceso de paz, entonces el procedimiento se fortalece”.

“La identificación de los adultos, es el mismo proceso que el de los menores de edad. “Es igualito, solamente que en este caso el ICBF se compromete con una ayuda económica, porque los costos de las pruebas científicas son altos”, expresó.

Informó que el ICBF se comprometió con una ayuda para aliviar los gastos del Instituto, porque se cuenta con un presupuesto muy limitado para las obligaciones que tiene. Las investigaciones no paran, pues mientras se busca establecer la identidad de un menor de edad, también se trabaja en adultos.

De otro lado, explicó que gracias al trabajo científico que adelanta Medicina Legal “nosotros para buscar a los muertos no preguntamos por qué los asesinaron, pues sencillamente buscamos un cadáver, unos despojos mortales y trabajamos en su identificación”.

 

 

Gran reto

 

El director de Medicina Legal señaló que la identificación de los más de 85.000 desaparecidos en Colombia “es un reto científico, pero también es un reto audaz de tipo económico y presupuestal, pues hasta ahora en Colombia en los años de historia, no se había ni siquiera propuesto esta iniciativa, porque no hay antecedentes de que alguien se hubiera propuesto a esta tarea difícil. Sencillamente es un plan ambicioso”.

Aseguró que “el reto es a largo plazo. Pero lo importante aquí es que la guerra en Colombia termine, porque en caso contrario, entonces continua una producción muy grande de cadáveres sin identificar. Es decir, es un fenómeno de nunca acabar”.

Afirmó que “Si Colombia entra en un proceso de paz y ese proceso de paz sólo se va a mantener si se habla de verdad, si se descubre la verdad y a partir de la verdad entonces hay reconciliación. De tal manera que en últimas el proceso de paz se soporta por el trabajo del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses”.

Insistió en que “hay casos de niños que se desaparecieron cuando tenían diez años de edad, pero murieron de 20 o 30 años o regresaron como adultos a sus hogares. Por esta razón es importante tener todos los perfiles genéticos de los familiares, porque no solamente se van a cotejar con los perfiles de los huesos de los niños o de los mayores, porque también tenemos que pensar que el niño se hizo adulto y va a morir como adulto”.

Afirmó que para este reto científico, “el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses cuenta con la tecnología de punta y nunca nos detenemos a un proyecto tan serio si no tuviéramos el soporte tecnológico y el soporte científico de nuestros funcionarios”.

Explicó que “no tenemos una gran cantidad de médicos, porque nuestra planta de personal es limitada, pero haciendo un uso racional de nuestros médicos, genetistas, antropólogos y odontólogos, entre otros científicos nos metemos en esta iniciativa”.

“Si no lo hacemos ahora, cuando entra el país a recuperar y a reparar a las víctimas, ¿cuándo? Esa es la decisión que hemos tomado y la vamos a cumplir”, aseguró Valdés.

Expresó que “el Gobierno nacional tiene sus limitaciones y frente a las necesidades de las instituciones, señala unos topes y nosotros nos estamos moviendo con esos rubros y mostrando al Gobierno que nos ayude, pues al Estado le conviene lo que estamos haciendo. Estamos demostrando que antes que pedir, trabajamos”.