La Asamblea del Valle del Cauca aprobó en segundo debate el proyecto de ordenanza número 003, por el cual se conceden facultades pro témpore a la gobernadora Dilian Francisca Toro para ajustar la estructura de la Administración central departamental.
Además de excluir a la Administración descentralizada, la corporación hizo modificaciones orientadas al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y a la participación sindical y de los empleados en el proceso de los estudios técnicos.
De acuerdo con el diputado Juan Carlos Rengifo, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), “se dio una discusión responsable, suficiente y necesaria, a nivel jurídico y de conveniencia”.
“Tenemos plena confianza en lo aprobado, y hay que fortalecer la estructura”, dijo Rengifo, quien fue ponente en comisión del Plan de Desarrollo Económico y Social y para la sesión plenaria, junto a la diputada Luzdey Martínez, del Partido Liberal.
Por su parte el asambleísta Hugo Armando Bohórquez, también del Partido Liberal, ponente del informe de la comisión de Asuntos Económicos y Fiscales, recogió una solicitud de su colega y copartidaria Diana Patricia Moreno que fortaleció el primer artículo concediéndole a Toro facultades “para realizar el ajuste a la estructura de la Administración central, previa realización de los estudios técnicos competentes, conforme a las directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública, conservando el equilibrio fiscal y financiero y cumpliendo las disposiciones legales vigentes”, determinando específicamente, en un parágrafo, que “la gobernadora determinará la nueva estructura organizacional y las funciones de las dependencias”.
Sobre el tema, el diputado Antonio Ospina, de Cambio Radical, opinó que “las facultades otorgadas están inmersas en el ordenamiento legal vigente, en el acuerdo de reestructuración de pasivos, en la Ley 909 y su Decreto Reglamentario; nosotros creemos que si la Gobernación hace uso respondiendo a estudios serios y observando el cumplimiento de la Ley se va a tener una estructura administrativa funcional que es lo que se requiere”.
Explicó Ospina que hay circunstancias en algunas dependencias que tienen varios ámbitos dentro de la estructura, “caso Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, con temas que también tienen que ver con dinámicas de orden nacional”.
En este punto, la diputada Géssica Vallejo, del Partido Liberal, indicó que es necesario advertir sobre logros como la Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual o la Secretaría de Asuntos Étnicos, “que no se pueden perder”. En los artículos 2º. y 3º. se precisó que las facultades se podrán ejercer durante 6 meses, y que trimestralmente se debe presentar a la Asamblea Departamental un informe de avance.
Como nuevo artículo, se incluyó que en el proceso de análisis, formación y conclusión de los estudios técnicos que se obtengan, harán parte 2 representantes de los sindicatos y 1 de los empleados, que haga parte de la Comisión de Personal. A ese respecto el asambleísta Antonio Ospina Carballo reiteró su llamado a “no desbordar los Gastos de Personal, honrar el acuerdo de acreedores y que la estructura brinde un mejor servicio al ciudadano”.
Concluyó Ospina Carballo que en caso de presentarse salida de empleados, “se den garantías como el cumplimiento del retén social, para blindar no solo a las personas en lo laboral sino al ente territorial previendo demandas, y particularmente en el tema de los pensionados es preciso mirar quienes tienen el tiempo de jubilación, tratando que con ese tipo de estrategias el impacto sobre el recurso humano sea menor”.
Al cierre de la sesión, el director del Departamento Administrativo Jurídico, Javier Mauricio Pachón, le recordó a la corporación que la Ley 550 en que se encuentra inmerso el departamento del Valle del Cauca, “no nos restringe ni limita para adelantar este tipo de ejercicios”.
Para el lunes, a las 2 de la tarde, el presidente de la duma Juan Carlos Garcés, de La U, convocó a sesión plenaria de cierre de periodo, donde el proyecto de ordenanza se considerará en tercer y último debate, para posteriormente remitirlo a sanción.