Martes, 23 de Agosto de 2011
Cada vez que los colombianos están en la antesala de una cita en las urnas, el debate sobre la legislación que regula estos procesos democráticos salta a la mesa y la conclusión es tan reiterativa como desgastada: urge reformar y unificar toda la normatividad al respecto. La actual campaña para escoger gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles no ha sido la excepción. Pero si algo ha quedado claro es el alto riesgo de fraudes electorales y el clima de violencia que está afectando la puja proselitista, como las falencias originadas en la misma institucionalidad que amenazan la transparencia de las reglas del juego de los comicios.
¿Tiene presentación que el fallo de la Corte Constitucional sobre la ley reglamentaria del Acto Legislativo de reforma política de 2009, apenas lo hubiera proferido hace menos de dos meses, cuando ya la campaña iba a la mitad del camino?
¿Es lógico que ante el limbo que la decisión tardía del alto tribunal generó, le tocara al Gobierno acudir a consultas ante el Consejo de Estado para aclarar cuál era el impacto de algunas de las nuevas normas de esa ley reglamentaria sobre casos puntuales, como el de los dirigentes de partidos que renunciaron recientemente a sus colectividades y ahora se postulan a nombre de otras?
¿Es serio que ante el vacío normativo que se detectó en casos como el de la reposición económica a los movimientos promotores del voto en blanco, le hubiera tocado al Consejo Nacional Electoral expedir rápidamente una reglamentación para evitar que por esta vía más de un avivato buscara hacerse a millonarias sumas del presupuesto público aprovechándose de la decisión individual y aislada de quien asiste a las urnas y opta por no votar por ninguno de los candidatos en contienda y lo hace en blanco?
¿Qué sensación deja el hecho de que muchos candidatos y políticos tradicionales que tocaron las puertas de distintos partidos en busca de aval pero fueron rechazados, de un momento a otro se ‘tornaron’ en políticos independientes y se lanzaron a recoger firmas para respaldar sus aspiraciones, cuando se supone que este mecanismo fue instituido para dar cabida democrática a las nuevas expresiones y alternativas en política?
¿Y qué decir de la polémica sobre lo que está pasando en Cali, en donde se habla de anomalías en la descalificación de dos candidaturas a la Alcaldía, la réplica de la Registraduría sobre anomalías en las firmas presentadas por esos aspirantes, rumores sobre petición de sobornos para ‘cuadrar’ el problema, renuncias de postulados…?
¿Cómo es posible que los partidos y movimientos que dicen representar y defender los intereses de las negritudes o los indígenas, no tengan limitación alguna para andar repartiendo avales a candidatos que no tienen ninguna relación con su nicho electoral?
¿Hasta qué punto puede considerarse serio, institucionalmente hablando, que ‘trastearse’ de partido sea tan fácil como mudarse de casa de un día para otro?
¿Tiene lógica que muchos de los candidatos a los que recientemente se les revocó el aval que inicialmente les habían dado sus respectivos partidos, ahora digan que, legalmente, no les pueden quitar ese respaldo y que interpondrán desde demandas hasta tutelas para hacer valer su ‘derecho adquirido’?
Esos y muchos más interrogantes podrían seguirse planteando para evidenciar hasta donde los vacíos normativos, no sólo a nivel constitucional sino legal y reglamentario, se han convertido hoy por hoy en una grave amenaza para la transparencia electoral y la esencia misma del régimen democrático.
Desorden
Hace pocas semanas el presidente Juan Manuel Santos volvió a poner sobre el tapete la propuesta sobre simplificación normativa. Es decir, al estilo de lo que hiciera Suecia décadas atrás, que el Congreso dejara de legislar por un semestre y dedicara ese tiempo a revisar todo el compendio de leyes expedidas en los últimos años, con el objetivo, por un lado, de derogar aquellas inútiles e inaplicables y, de otra parte, unificar aquellas que corresponden a un misma materia, ordenarlas y proyectar nuevos marcos normativos coherentes y modernos.
Obviamente la propuesta es seria y lógica, pero difícil de aplicar en la práctica, y más aún en un país en el que suele creerse que la mejor manera de enfrentar un problema o deficiencia, no es acudiendo a la aplicación de las normas vigentes, sino proyectando nuevas. No en vano de Colombia suele decirse que es una ‘fábrica’ de leyes.
Sin embargo, en el caso específico de la legislación electoral, sí se debería realizar ese ‘congelamiento’ normativo y proceder, por un periodo corto, a compilar todo los mandatos constitucionales, la jurisprudencia de las altas Cortes y las múltiples leyes al respecto y las aún más numerosas reglamentaciones de la organización electoral.
Todo ello con el ánimo de hacer un inventario de las reglas del juego y, obviamente comenzando por la jerarquía de la norma superior (la Constitución), proyectar una reforma de fondo y seria al Código Electoral, que estructure un marco estatutario legal y reglamentario único, coherente, integral y sistémico.
Régimen de partidos, mecanismos de participación popular, deberes y derechos ciudadanos en materia electoral, régimen de bancadas, sistema de inhabilidades e incompatibilidades, delitos contra el sufragio, reglamentación de avales… Todos esos temas deberían estar unificados en un Código sólido desde el punto de vista jurídico y de fácil aplicación en el día a día de la política, las colectividades y las campañas.
De poco servirá que el Estado pueda ponerle un escolta a cada candidato, implemente el voto electrónico, supervigile la financiación de las campañas y redoble los mecanismos antifraude, si los graves vacíos en la normatividad electoral no son superados definitivamente.