Un estricto seguimiento a las fuentes de financiación de las campañas electorales para las elecciones parlamentarias, solicitó la Procuraduría General de la Nación al Consejo Electoral, más teniendo en consideración que las normas solo permiten la auditoría simultánea para las elecciones presidenciales.

Así lo señaló María Eugenia Carreño, procuradora electoral delegada y presidenta de la Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales de la Procuraduría General de la Nación. “Nuestro sistema presenta una deficiencia y es que la auditoría simultánea existe solamente para las elecciones a la presidencia de la República, y ese método de la auditoría simultánea da garantías de que lo que se está gastando a su mismo tiempo se está auditando. Con todo hay un vacío en nuestro ordenamiento jurídico, un vacío muy grande, y es que al nivel de las campañas al Senado de la República esa auditoría es posterior y eso puede generar una burla a la financiación de campañas porque esa es una gran problemática en nuestro sistema electoral, la fuente de los recursos”.

Añadió que en el actual esquema de control es después de que las personas son elegidas que se sabe que “esta campaña fue financiada por grupos ilegales, esta campaña fue financiada por personas que habían sido condenadas, y en ese orden tenemos la conducción en nuestro sistema electoral”.

La funcionaria dijo que de ahí la importancia por parte de la Superintendencia Financiera para establecer la cuenta única que permite la Ley 1475 de 2011 (reglamentaria de la Reforma Política de 2009), y “que hasta el momento no se ha podido realizar porque los bancos no prestan la colaboración suficiente para esta modalidad, y en ese orden los candidatos simplemente se amparan en que no tienen la posibilidad de entregarle una cuenta única al Consejo Nacional Electoral de los movimientos que se realicen por parte de sus campañas”.

La funcionaria hizo este pronunciamiento dentro del Ciclo de Pedagogía Electoral 2014, que ayer tuvo una jornada en Bogotá con el respaldo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Escuela Superior de la Administración Pública y la Revista Semana. 

Por su parte el contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Carlos Mario Zuluaga, indicó que la Contraloría decidió hacer un seguimiento en tiempo real al actual proceso electoral, inspirados en una experiencia que se desarrolló para verificar la ejecución de los recursos durante la emergencia invernal en 2011.

En ese sentido indicó que “comparado el año 2013, un año preelectoral, en el último semestre que se disparó la contratación en todas las entidades del Estado, encontramos que 143 aportantes a campañas electorales, que aportaron un promedio de $3 mil millones, esos 143 aportantes contrataron con entidades del Estado un valor de $453.953 millones, es decir, que hubo una rentabilidad de la inversión del 14.857% de los recursos invertidos”.

El  funcionario dijo también que el presupuesto aumenta en los años preelectorales en una proporción del 12-13%, como se vio en 2010 y el 2014, cuando en épocas distintas este incremento está alrededor del 7%. “La Contratación en el último semestre del año 2013 aumentó en un 27%, pero adicionalmente la licitación pública disminuyó un 4% en las modalidades de contrataciones y concurso de méritos”.

Jurados

Por su parte el registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez, dijo que a pesar de que los jurados de votación son el meollo del tema electoral, pues por una mala labor de ellos pueden producirse irregularidades como la alteración de actas o la suplantación del elector, sin embargo hay una distorsión en lo que dice el Código Electoral, pues a partir de las reformas desapareció la concepción que eran una representación partidista; en tanto que hoy “al interior de los jurados no hay control de unos con otros. Es más, de las listas de jurados de los partidos políticos solamente se sortea el 20%, y eso por disposición del Consejo Nacional Electoral”.

Dijo también que en días pasados cuando se sortearon jurados para los comicios parlamentarios del 9 de marzo fue alta la cantidad de personas que no quieren cumplir esa función. “Algo debe estar pasando porque la diferencia es bastante amplia, no solamente ciudadanos del común sino servidores públicos”. Añadió que si no existe la sanción pecuniaria, los jurados no asisten a cumplir con su deber.