El jueves de la próxima semana finaliza la vacancia judicial, la cual se inició el pasado 20 de diciembre por las vacaciones colectivas de sus trabajadores, lapso durante el cual se paralizó cerca del 70% de la Rama.

Como consecuencia reabrirán sus puertas juzgados administrativos, laborales, los civiles municipales y del circuito, penales del circuito, familia, los Tribunales Superiores y Administrativos, los Consejos Seccionales y de la Judicatura en sus salas disciplinarias.

También por efecto del fin de la vacancia judicial reiniciarán laborees este año las altas Cortes: el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura.

La vacancia judicial no afectó las áreas penales, ejecución de penas, jueces de infancia y adolescencia, los consejos seccionales, fiscales de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) y la parte administrativa de la Rama.

En el caso de la Corte Constitucional por el periodo de la vacancia judicial se suspendieron los términos en la revisión que tiene de las leyes y reformas constitucionales para la implementación normativa del acuerdo de paz, las cuales fueron tramitadas por el Congreso de la República por la vía rápida o fast track.

Precisamente en esta materia a la Corte Constitucional tiene una ardua tarea porque 20 proyectos de fast track esperan fallo. Estas disposiciones son fundamentales para la implementación del acuerdo, pues por ejemplo en materia de justicia el alto Tribunal debe pronunciarse sobre la polémica ley estatutaria que reglamentó la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, así como acerca de la Ley 1820 de 2016, que establece disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales.

A pesar de que la segunda y última prórroga del fast track venció el pasado 30 de noviembre, la labor de la Corte acerca del estudio de exequibilidad de las normas para implementar el acuerdo de paz no finaliza con las iniciativas que tiene en sus manos, pues luego llegarán varios proyectos que radicó el Gobierno y no alcanzaron a ser tramitados en su totalidad por esta vía especial, y ahora deben seguir su trámite por la vía ordinaria con mensaje de urgencia a partir de marzo próximo, cuando el Legislativo regresará a sesiones.

De igual forma hay algunos pocos proyectos producto del acuerdo de paz con las Farc que el Gobierno no alcanzó a llevar al Congreso para aprovechar la vía fast track, como es el caso de la ley de tierras, demorada en su trámite por las consultas con los pueblos indígenas y la comunidades afro, que arribarán al alto Tribunal posiblemente en el segundo semestre de 2018.