El rechazo a la minería a cielo abierto se extiende en Uruguay, con el lanzamiento de una campaña para convocar a un plebiscito que permita prohibir la minería metalífera a cielo abierto, luego que dos departamentos (provincias) la prohibieran en su territorio.

"En los países donde hay minería a cielo abierto las condiciones son bastante nefastas en cuanto a las posibilidades de producción. Son países que tienen tierras desérticas o zonas altas, donde no se afecta la producción del país", dijo a la AFP Ana Filippini, integrante de la comisión coordinadora del Movimiento pro-Plebiscito Nacional Uruguay Libre de Minería Metalífera a Cielo Abierto (URUGUAY LIBRE).

"En Uruguay para desarrollar esta actividad hay que desalojar a la gente, desalojar actividades productivas", añadió.

El movimiento fue creado por ciudadanos y grupos sociales de once de los 19 departamentos del país, preocupados por la introducción de una actividad con grave impacto sobre la sociedad y los bienes naturales del país, explicó el grupo en un comunicado, en el que convocó al lanzamiento de la recolección de firmas en la noche del lunes.

"Hemos intentado comunicarnos realmente con el gobierno, hemos participado en instancias en las comisiones de diputados y del senado sin haber tenido ninguna respuesta positiva a los planteos; se aprobó una ley de minería que beneficia a las empresas mineras mucho más de lo que estaban ya beneficiadas", indicó Filippini.

En setiembre, el parlamento sancionó un proyecto que regula la minería de gran porte en Uruguay. El texto fue elaborado tras más de un año de negociaciones entre los distintos partidos políticos, pero finalmente solo el Partido Independiente y un diputado de la oposición acompañaron la iniciativa del oficialismo.

La norma surgió por el debate generado por la llegada del proyecto de explotación de hierro de la minera Aratirí -filial local del grupo indio Zamin Ferrous- que de concretarse abarcaría cinco departamentos del centro-oeste del país, sobre una zona de 14.000 hectáreas hasta ahora dedicada a la ganadería.

La inversión de Aratirí -que incluye un complejo minero, una planta, un ducto de 200 km hasta el océano Atlántico y un puerto de aguas profundas en la costa- está estimada en 2.800 millones de dólares, una de las mayores del sector privado en la historia del país.

El hecho de que la explotación se planifique en una zona ganadera ha generado el rechazo de organizaciones sociales y ambientalistas, que desde que se inició la exploración en 2009 ha organizado varias marchas hacia Montevideo en reclamo del cuidado de los recursos naturales.

Además, en octubre la Junta Departamental de Lavalleja (sureste) declaró a ese departamento "libre de megaminería metalífera a cielo abierto", decisión que replicó la semana pasada la Junta Departamental de Tacuarembó (norte).

En el caso de Tacuarembó, los ediles fueron más allá al declarar el departamento libre de minería metalífera y de diamantes a cielo abierto y libre de la técnica del 'fracking' para la extracción de hidrocarburos. También el departamento de Paysandú (noroeste) rechazó recientemente el 'fracking', una técnica de fracturación hidráulica de la roca para la extracción de gas no convencional o gas de esquisto.

Para poder convocar a un plebiscito que pueda ser sometido a votación en las próximas elecciones nacionales de octubre de 2014, los organizadores deberán recolectar 250.000 firmas válidas en los próximos tres meses.

El presidente José Mujica, en tanto, ha criticado a quienes se resisten al desarrollo de la minería indicando que representan intereses sectoriales.

"Hay intereses que se sienten agredidos porque les encarece mucho la mano de obra. Y en esas regiones, hay que pagarle más a los peones" que trabajan en la ganadería para que no cambien su empleo por el minero, sostuvo el mandatario en setiembre pasado./AFP