El país debe tener los ojos puestos en los bienes que las Farc tienen que entregar al Gobierno antes del próximo 1 de agosto para que se verifique cuántos realmente son, su cuantía exacta y que su destinación sí sea la reparación de las víctimas, sostuvo la representante uribista por Antioquia, Regina Zuluaga. 

A la congresista del Centro Democrático le sigue sonando la duda del fiscal Néstor Humberto Martínez sobre los riesgos de manejos non sanctos del Fondo de Víctimas creado mediante el Decreto 903 de 2017.

Zuluaga dice que la preocupación del Fiscal no estuvo infundada si se lee el punto 3.2.2. del Acuerdo Final en el que no se trata el tema de víctimas sino del desarrollo de programas para la reincorporación económica de las Farc: se destacan la asignación de presupuestos para los centros de pensamiento y formación política; la entrega de 8.000 millones de pesos a los miembros de las Farc; la  destinación del 90 por ciento de un salario mínimo a los miembros de las Farc durante 24 meses posteriores a la terminación de las zonas veredales transitorias de normalización; y el pago de seguridad social a los miembros de las Farc durante dos años. 

“Es evidente la configuración de una empresa de lavado de activos, como lo reiteró el Fiscal General de la Nación. Y aunque se diga que quedó aclarado y que el alto comisionado para la paz Sergio Jaramillo calificó de ‘chambonada’ la redacción del punto del acuerdo en el que se habla de actividades económicas y sociales para la reintegración a la civilidad de las Farc, hay que mantener el ojo puesto para evitar que se les sigan haciendo más concesiones a la guerrilla”, manifestó.

La congresista antioqueña plantea que debe quedar en claro que los recursos de que habla el Decreto Ley 903 tienen que ser destinados específicamente para la reparación de las víctimas y no se pueden desviar hacia la financiación de las actividades proselitistas ni hacia el pago de los salarios de los exguerrilleros.

La representante Zuluaga espera que haya mucha transparencia y que ante la eventualidad de la aparición de testaferros de las Farc con fines de retención ilegal de los bienes y recursos monetizados y no monetizados, no apliquen para ellos los beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz y, al contrario, les caiga todo el peso de la justicia ordinaria.

“¿Qué tal admitir en el escenario de nuestra democracia un nuevo partido haciendo política con ventaja en la financiación de campañas sobre los demás partidos y movimientos y con recursos provenientes del narcotráfico, la extorsión y el secuestro?”, sostuvo.

Zuluaga aseguró que el Gobierno ha justificado que el eje central del acuerdo de paz son las víctimas del conflicto, pero la verdad es que no ha existido voluntad ni del Gobierno ni de las Farc para que las víctimas sean reparadas con los bienes y activos producto de las rentas ilegales del grupo guerrillero.

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