El procurador, Alejandro Ordóñez Maldonado, solicitó a la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado, la prelación de trámite para el fallo definitivo en el proceso de nulidad en contra del acto de 14 de junio de 2006, suscrito por el ministro de Defensa Nacional y el fiscal general de la Nación.

Al acto demandado denominado “Apoyo a la Justicia Penal Militar” imparte directrices al Comando General de las Fuerzas Militares, a los funcionarios de la Justicia Penal Militar y a los directores nacionales y seccionales de fiscalías y del Cuerpo Técnico de Investigación, respecto de determinados aspectos procesales, relacionados con el manejo de la evidencia probatoria y de la cadena de custodia y el conocimiento inicial de investigaciones.

En concepto del Ministerio Público están dados los supuestos para afirmar que el tema corresponde a una controversia de especial trascendencia social y de evidente importancia jurídica.

Para el procurador general de la Nación se requiere definir expresamente el procedimiento que deben desplegar, tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa Nacional, cada vez que se presente la comisión de delitos de homicidio simple y de homicidio en persona protegida con ocasión de las operaciones propias de las fuerzas militares que ameriten la inspección técnico científica de los lugares donde ocurran los hechos.

En concepto del procurador general, el establecimiento de las competencias de los funcionarios es determinante no solo para los efectos de optimizar la investigación judicial sobre la legalidad de tales acciones sino especialmente “para esclarecer la aplicación y vigencia del fuero penal militar en cada caso particular, lo cual resulta ser tema de suma importancia en el contexto de la persecución y enfrentamiento de los grupos subversivos y de las organizaciones criminales al margen de la ley.”