La implementaciónde la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras exige poner el pie en acelerador para garantizar que, en el menor tiempo posible, toda la ayuda del Estado llegue a los ciudadanos que han sido víctimas del conflicto interno,.
Así lo aseguró el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, durante una visita humanitaria a Altos de Cazucá (Soacha), el lunes pasado.
“Estamos escuchando a nivel nacional todos los reparos que las víctimas tienen con respecto a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que a pesar de ser una excelente iniciativa requiere ser mejorada en su aplicación. Posteriormente, vamos a transmitirle al Gobierno Nacional las inquietudes de estos ciudadanos”, destacó Otálora Gómez.
Durante la jornada, en la cual se atendieron cerca de 50 víctimas en las instalaciones de la Casa de los DDHH de la Defensoría en Altos de Cazucá, varias líderes de sector le manifestaron al Defensor las dificultades que han tenido para acceder a los beneficios de la Ley de Víctimas y de la falta de respuesta de entidades como la unidad de víctimas.
De la misma forma, advirtieron que luego de haber sido víctimas en diferentes regiones del país, de donde tuvieron que huir por el acoso de los grupos armados ilegales, ahora son víctimas de la delincuencia común y padecen los problemas de la falta de acceso a la salud, a la educación, a servicios públicos, entre otras problemáticas.
Para el Defensor, “es urgente generar una dinámica para que los ciudadanos tengan una respuesta oportuna sea positiva o negativa, pero que el ciudadano sepa si va a recibir el reconocimiento y las bondades que ofrece la Ley. Falta pedagogía, ya que muchos ciudadanos la desconocen o no reciben la suficiente orientación”.
Al respecto, también destacó que la Defensoría debería entrar a cumplir una importante tarea al respecto, pero lamentó que no cuenta con los recursos ni las herramientas necesarias. Por lo tanto, desde la Defensoría se viene haciendo un llamado al Congreso, a través de un proyecto de Ley que permita reestructurar la entidad, para mejorarla y fortalecerla, de cara a los grandes retos que en materia de DDHH enfrenta el país.
De otro lado, advirtió que el impacto fiscal y la inversión del Estado para poner en marcha los programas de asistencia, reparación y blindar a la institucionalidad con la capacidad y sostenibilidad requerida sigue siendo el reto más importante en la ejecución de la Ley.
Al respecto la Defensoría del Pueblo, ha venido advirtiendo que para la vigencia de 2013 a la Defensoría del Pueblo no le fueron asignados los recursos necesarios para la contratación de 1.300 defensores públicos, quienes representarían a las víctimas.
Por su parte, el representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para la DD.HH, Todd Howland, afirmó que los todos “debemos entender que la Ley de Víctimas tiene dos componentes: primero, la asistencia a las víctimas, y segundo, transformar la vida de las víctimas. Pero cuando estamos hablando de transformación, no solo tiene que ver con la Unidad de las Víctimas, sino con todo el Estado. Este tiene que cambiar para garantizar el derecho a la salud, educación, trabajo y a una vida digna”.
“No es tan fácil de cambiar la vida de las víctimas, porque hay muchas. La responsabilidad es del Estado y este tiene bastante dinero. Hay la necesidad de crear un plan de desarrollo para mejorar los derechos de todos los ciudadanos, esta ley de victimas es para transformar la realidad colombiana, para trasformar la gente que vive en Soacha y en las áreas rurales que ha sufrido el abandono del Estado. La paz es un derecho”, puntualizó Howland.
Por último, Terry Morel aseguró que lo manifestado por las víctimas de Altos de Cazucá sigue generando preocupación en materia de desplazamiento, pues los últimos datos oficiales sumaban 143.000 víctimas a 2011 y todo indica que la cifra va en aumento, principalmente en comunidades aisladas de la Costa Pacífica, la frontera con Ecuador, Norte de Santander y Antioquia.