Dos semanas después de radicado el proyecto de reforma tributaria estructural el debate en las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara  no arranca en forma, salvo por una primera presentación de sus alcances por parte del ministro de Hacienda y la definición de los ponentes respectivos. Pero paralelamente a ello la discusión en múltiples sectores económicos, políticos, sociales, gremiales, regionales y locales ha ido creciendo al tiempo que la crítica es cada día mayor. Sin embargo es de anotar que muchas de esas controversias se basan en  falsos supuestos e inexactitudes alrededor de las implicaciones reales del revolcón en impuestos. La situación ha llegado a tal punto que voceros gubernamentales han advertido que hay una especie de guerra sucia contra el proyecto con el fin de sobredimensionar la nueva carga tributaria y minimizar los horizontes de recaudo de la misma.

No en pocas ocasiones advertimos desde estas páginas que la promesa de socializar oportunamente dicha reforma tributaria no se cumplió por parte del Ejecutivo. Recalcamos, de igual manera, que esa pedagogía con el sector privado, el Congreso y la opinión pública en general se hacía más urgente y obligatoria por tratarse de un ajuste al sistema tributario de carácter estructural, es decir mucho más allá de anteriores proyectos en los que primaron el cortoplacismo y el afán de conseguir nuevas fuentes de financiación, de allí su corto vuelo e incluso la inclinación por tributos y contribuciones extraordinarias o temporales. Al final de cuentas, como lo sabe el país, no hubo tal socialización, puesto que el Gobierno, de un lado, primero se enfocó en hacer aprobar el proyecto de Presupuesto de la Nación para 2017, con un fuerte apretón a bordo y, luego, se abstuvo de radicar la iniciativa tributaria para no afectar el panorama político y electoral de cara a la votación del plebiscito refrendatorio del acuerdo de paz de La Habana, que finalmente fue denegado en las urnas.

Así las cosas la propuesta de ajuste impositivo solo fue radicada a mediados de octubre, con apenas 40 días hábiles para su aprobación exprés, pese a su complejidad y largo articulado. Si bien el Ministro de Hacienda y el Director de la DIAN han aprovechado cuanto escenario han tenido a la mano para explicar las que consideran “bondades” de la iniciativa, hay un evidente alto grado de desconocimiento sobre temas trascendentales del proyecto: los productos, bienes y servicios que serían gravados con un IVA del 19 por ciento, qué es y a quiénes les tocará pagar el llamado monotributo, cuál es el nuevo piso para empezar a declarar renta, cómo se aplicarán los impuestos al consumo de combustibles fósiles, exactamente cuántas exenciones tributarias se mantienen,  para qué se está disminuyendo el impuesto de renta a las empresas, de qué forma operará la cárcel para grandes evasores y muchos otros temas contenidos en el proyecto que se discute en el Congreso. Es más, tampoco existe claridad meridiana en muchos sectores nacionales sobre la dimensión real de la crisis fiscal a que está abocado el país si no se aprueba este proyecto. Esta última falencia es supremamente grave porque si bien es cierto que ninguna reforma al sistema de impuestos es popular, los sacrificios que implica terminan siendo aceptados con cierto ánimo resignado por la población cuando se concientiza de la necesidad del apretón. Pero ello no ocurre si en el grueso de los habitantes persiste la percepción de que no hay necesidad de más impuestos y que, en realidad, el Gobierno de turno es “derrochón” y no se aprieta el cinturón en sus gastos de inversión y funcionamiento.

Como se ve es obvio que el mayor enemigo del proyecto de reforma tributaria no está representado  por el alud de críticas a las propuestas de más impuestos o ampliación de la base de pagadores, sino por la ignorancia o confusión que hay en inmensos sectores del país sobre sus verdaderos alcances y objetivos. Urge, por tanto, una mayor pedagogía del Ejecutivo y el mismo Congreso. Solo así será posible morigerar en algún margen el marcado clima de oposición a la iniciativa. Somos conscientes de que el tiempo apremia y se está a menos de seis semanas del cierre de este primer tramo del período legislativo. Sin embargo, no explicar más y en mejor dimensión la reforma termina siendo una actitud suicida para un Gobierno cuyos márgenes de credibilidad y popularidad son ya de por sí críticos.