Al menos uno de cada cuatro gobernadores electos en el 2011 y posesionados en 2012 han sido investigados, de los cuales cuatro ya cuentan con algún tipo de sanción. Así lo señala un informe presentado por la Misión de Observación Electoral (MOE), que cae como anillo al dedo, pues ayer la gobernadora del Huila, Cielo González, fue sancionada por tercera vez por la Procuraduría, lo que la obliga a salir del cargo.

El informe de la MOE, que hace un corte de cuentas por el primer año de estos mandatarios, explica que los otros gobernadores electos que también han sido sancionados son los del departamentos de Valle del Cauca, Chocó y Casanare.

En el Valle, Héctor Useche fue inhabilitado por 12 años; en el departamento del Chocó en el mes de octubre del 2012 se ratificó la suspensión provisional del gobernador electo Luis Gilberto Murillo Urrutia (Coalición) por parte de la Sección Quinta del Consejo de Estado, lo que conllevó a que el Ejecutivo delegara como gobernador encargado a Óscar Gamboa.

En tanto que en el departamento de Casanare, el Procurador General de la Nación destituyó en primera instancia al gobernador Nelson Mariño por irregularidades de contratación en un millonario convenio con la caja de compensación de Casanare. La Procuraduría lo inhabilitó por 14 años.

Igualmente, el informe indica que entre los gobernadores que han tenido o actualmente les cursa algún tipo de investigación preliminar por sus actuaciones como servidores públicos se encuentran Víctor Isidro Ramírez (Movimiento MIRA) gobernador de Caquetá, Sergio Fajardo (Partido Verde) Antioquia, José Facundo Castillo (Unidad Nacional) de Arauca.

En el caso de Cielo González, en fallo de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación la sancionó con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 3 meses, en su condición de alcaldesa de Neiva, por permitir la ejecución de un convenio interadministrativo por $944 millones con la Universidad Surcolombiana (USCO), sin que esta contara con la capacidad técnica y la experiencia específica en este tipo de labores. 

De igual forma, la Sala Disciplinaria en julio del presente año profirió fallo de segunda instancia en contra de la mandataria departamental por cometer conducta contraria a la Ley en su condición de alcaldesa municipal de Neiva, Huila. Dicha sanción consistió en suspensión de dos meses.

Así las cosas, con la decisión adoptada por la Sala Disciplinaria el día de hoy, la señora Cielo González Villa completa tres sanciones disciplinarias por la realización de faltas graves, por lo que según lo establecido en el numeral 2 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, queda incursa en una inhabilidad sobreviniente.

Con esta decisión del Ministerio Público, González Villa queda inhabilitada para ocupar cargos públicos durante tres años ni ejercer cargos de elección popular.

Ayer mismo la Procuraduría informó de esta decisión a la Presidencia, por lo que se espera que el Jefe de Estado en las próximas horas designe un mandatario en encargo mientras que se hacen nuevas elecciones.

Destituyen dos exgobernadores

En tanto que por hechos relacionados con varios contratos suscritos para conjurar la crisis invernal en el departamento de Bolívar, ayer la Procuraduría destituyó e inhabilitó a Joaco Berrío (18 años) y a Libardo Simancas (12 años).

En el caso de Simancas, el Ministerio Público estableció que en el marco de la urgencia manifiesta decretada mediante decretos expedidos el 28 de junio y el 13 de diciembre de 2007, suscribió seis contratos con una fundación y con una cooperativa para proveer de mercados, elementos de aseo y medicamentos (entre otros) a la población, a pesar de que éstas no eran idóneas.

De igual forma, se encontró que Simancas no utilizó en debida forma la contratación de urgencia, por cuanto un mes después de declarada la urgencia manifiesta y sin tener un contrato escrito, adquirió a través de una fundación varios medicamentos, suero antiofídico y otros insumos  por 556 millones de pesos para atender a la población afectada por el fenómeno invernal.

Con relación a  Berrío, gobernador del departamento de Bolívar para el periodo 2008-2011 (suspendido del cargo por la Procuraduría en el mes de agosto de 2009),  el Ministerio Público concluyó que éste  participó en el trámite de ejecución de los seis contratos suscritos por Simancas y no adoptó las medidas para que estos contratos cumplieran su finalidad.

En investigaciones del Ministerio Público se estableció que el exmandatario no acató las solicitudes y órdenes que le impartieron los organismos de control, el Invima y el juez administrativo para que adelantara la entrega de las ayudas y pese a ello no lo hizo. Como consecuencia de esta conducta el Invima tuvo que incinerar las ayudas humanitarias.