Las curules que habría perdido la Unión Patriótica (UP) durante la campaña de exterminio en su contra emprendida por el paramilitarismo y que se calculan en 14 escaños en el Congreso serán pedidas a manera de reparación por los sobrevivientes del genocidio político, según lo define el Código Penal.

De acuerdo a lo dicho ayer por Omer Calderón, actual presidente de la UP, buscarán una reunión con el presidente Juan Manuel Santos para plantearle la solicitud e incluso consideran que podrían ir a La Habana a presentar su punto a la mesa de negociaciones de paz con las Farc.

Para el exconcejal Carlos Romero, que hizo parte de la UP, “ese es un tema muy complicado, porque se necesitaría una reforma constitucional. Es lógico que de alguna manera hay que reponerle algo a la Unión Patriótica, no solamente dándoles una personería, que sería un saludo a la bandera”, sino que se les debe facilitar que puedan jugar un papel importante en la vida política del país.

El representante por Bogotá, Iván Cepeda, del Polo Democrático, hijo de Manuel Cepeda, senador de la UP asesinado en 1994, aseguró que ese tema debe ser sometido a discusión en la mesa de diálogo.

“Creo que esa es una reivindicación muy justa dentro del espíritu de la reparación política que debe recibir el movimiento de la Unión Patriótica”, anotando que no es ninguna propuesta descabellada o fuera de lugar, que por el contrario debe ser analizada “y en el contexto que se está viviendo  en el país discutirla en la mesa de negociaciones, que está abordando el segundo punto que es el de participación política”.

Para Cepeda lo que se debe buscar es el mecanismo para concretar la solicitud. “Seguramente habrá que pensar en las vías legales y constitucionales que lo hagan posible. Pero esto es un asunto posterior a determinar la voluntad política”.

La presidenta del Polo, Clara López, dijo que “me parece que esa es una forma de reparación. Habría que ver a quién se las van a entregar, porque la reparación no es a la personería jurídica solamente, sino a las víctimas”.

Eduardo Gutiérrez, quien fuera fundador de la UP en el Huila, considera que la reparación es un acto de justicia y es un acto de reconocimiento a un grave error que cometió el Estado que de una u otra forma permitió en ese momento que se diera una campaña de exterminio contra una organización política que era legal, que era civil, que no era armada, así la Unión Patriótica hubiera sido creada por un grupo armado, de las negociaciones entre el gobierno de Belisario Betancur y las Farc.

Fallo

Un fallo el Consejo de Estado le devolvió la personería jurídica a la UP.

Para el presidente del Consejo de Estado, Alfonso Vargas, “la Sección Quinta en este proceso encontró probado que ese movimiento político venía sometido a eso que conocemos como genocidio, es decir, una forma sistemática de ir eliminando a candidatos y a militantes, y lo que sucedió para el año 2002 no fue que no obtuvo la votación ni una curul en el Congreso, sino que por esas circunstancias no se presentó a la contienda política”

Genocidio político

En diciembre los magistrados de Justicia y Paz aseguraron por primera vez que los asesinatos que cometieron los paramilitares y miembros de la Fuerza Pública en contra de la UP fueron un genocidio político.

El pronunciamiento se produjo dentro del proceso que le adelanta la Sala de Justicia y Paz al jefe paramilitar Éver Veloza, alias HH, que comandó el Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

La Sala aclaró que este tipo de genocidio se refiere a la intención de destruir total o parcialmente a un grupo humano por razones políticas y ocasionar la muerte a sus miembros por razón de su pertenencia al mismo, descripción que responde a la persecución de la que fue víctima la UP a manos de paramilitares y miembros de la fuerza pública durante la década de los 80 y los 90.

Según el artículo 101 del Código Penal, incurre en el delito de genocidio “el que con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso o político, por razón de su pertenencia al mismo, ocasionare la muerte de sus miembros”.

Durante el fallido proceso de paz adelantado por el presidente conservador Belisario Betancur, las Farc anunciaron el 1º de octubre de 1984, desde La Uribe, Meta, el nacimiento de la UP, organización política que estuvo conformada en su mayoría por dirigentes del Partido Comunista y de movimientos de izquierda, pero de la que también hicieron parte guerrilleros activos.

Según la Fundación Manuel Cepeda Vargas, cerca de 5.000 personas cercanas a la UP fueron víctimas de desaparición, torturas y homicidios.