Gracias a la gestión del Ministerio de Justicia,  a cargo de Juan Carlos Esguerra y  por medio de su Dirección de Justicia Transicional, y con el apoyo de la Agencia del Gobierno de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Usaid  y la Organización Internacional para las Migraciones se logró diseñar este sistema que reúne inicialmente toda la información relacionada con el proceso de Justicia y Paz y que hasta ahora reposaba en ocho instituciones distintas.

 Como parte de esta información se podrán consultar datos relacionados con los hechos victimizantes, la identificación de las víctimas y los presuntos responsables del daño, la sentencia impuesta, el cumplimiento de la pena alternativa, grupos armados, gestión procesal, exhumaciones, el álbum fotográfico, bienes entregados para la reparación a las víctimas, extradiciones, la ruta de atención integral a las víctimas, los procedimientos de protección a víctimas y testigos; los casos de protección a predios y bienes inmuebles, la gestión documental y datos originados del análisis especializado que se haga del proceso y  las estadísticas.

 A esta información podrán acceder de manera exclusiva las instituciones que hasta el momento intervienen en los procesos de judicialización a victimarios y de atención y reparación a las víctimas del conflicto armado. Entre estas instituciones se encuentran la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía Nacional de la Nación, el Fondo de Reparación a las Víctimas, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, la Superintendencia de Notariado y Registro, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y por supuesto el Ministerio de Justicia y del Derecho.

 Este centro de información compartida, por sus características tecnológicas, está en capacidad de comunicarse con los sistemas de información aplicados en la implementación de otras disposiciones de carácter transicional como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, haciéndolo más completo y funcional.

 La idea es que cada una de las instituciones cuente con los datos necesarios para cumplir con las funciones que les atribuye la ley y simultáneamente consignar información que permita generar una lectura del contexto general de los procesos que finalmente se traducirá en una mejor atención para las víctimas. 

 Este proceso, que inició en 2007 con el diagnóstico de los diferentes sistemas de información utilizados por las instituciones encargadas de implementar la Ley de Justicia y Paz, se realizó con recursos del Ministerio de Justicia y del Derecho y de USAID, y contó con el apoyo del equipo técnico de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM.

 El reto para el 2012 es que el Sistema de Información Interinstitucional gestione la siguiente información:

 ·         En el sistema serán incluidos los registros de más de 550.000 personas entre víctimas, desmovilizados, postulados y funcionarios públicos.

 ·         Se gestionarán los cerca de 4.700 procesos de los desmovilizados postulados a la Ley de Justicia y paz.

 ·         Gestionará la información de más de 300.000 hechos puestos en conocimiento por las víctimas a la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz.

 ·         Administrará información sobre los más de 4.000 restos óseos exhumados por la Fiscalía General de la Nación, y de los procesos de toma muestras de sangre para cotejos de ADN y jornadas de entrega de restos. 

 ·         Administrará la información y la atención a las víctimas según la Ruta Única de Atención a Víctimas.

 ·         Registrará y administrará más de 7.000 bienes en poder del Fondo de Reparación a Víctimas.

 ·         Además contendrá información sobre los beneficios jurídicos que otorgan las leyes 418 de 1998 y 1424 de 2011 para desmovilizados.

 ·         El Sistema también registrará los procesos de desmovilización individual y colectiva de exintegrantes de grupos armados organizados al margen de la ley.