En este orden de ideas, lo que pasaría es que el presidente Santos cuando requiera construir consenso político, ya sea para un proyecto en el Congreso o pactos partidistas de otra naturaleza, simple y llanamente realizaría dos tipos de reuniones. Una con las directivas y bancadas de La U, Cambio Radical y sector mayoritario de los conservadores, que siguen como la columna vertebral de la Unidad Nacional, y otra con los liberales como partido que ya no hace parte de esa alianza. Sin embargo puede que, al final, el resultado sea el mismo: que las cuatro colectividades  terminen respaldando al Ejecutivo.

 

El problema con las dos anteriores hipótesis sobre las consecuencias del cisma en la coalición política y gubernamental es que son demasiado teóricas y desconocen dos elementos básicos. El primero, que el país está a ocho o nueve meses del arranque tempranero de la campaña presidencial y, el segundo, que el proceso de paz como bandera nacional genera cada vez más distintas reacciones y reservas entre los sectores políticos, económicos, sociales, institucionales y regionales. 

 

Precisamente, atendiendo a esas dos circunstancias de amplia complejidad y de la forma en que estas condicionan las estrategias de los partidos, es que se llega a la tercera óptica sobre las verdaderas causas y consecuencias del reacomodo en la alianza que venía acompañando al Presidente Santos en los últimos cinco años y ocho meses. 

 

Causas

 

Enfocados ya en este tercer escenario, la primera pregunta a despejar es por qué el liberalismo termina partiendo cobijas con la Unidad Nacional. La respuesta tiene varios componentes. 

 

Es claro que ese partido esperaba una mayor representación en el remezón ministerial y de otros altos cargos aplicado por el presidente Santos en las últimas tres semanas. Una exigencia que responde a que las toldas rojas siempre se han sentido ‘maltratadas’ en materia de representación burocrática, pese a que paradójicamente, si se revisa detalladamente la milimetría de las cuotas de poder, se evidencia que las toldas rojas tenían y tienen una representación mayor a la que su verdadera fuerza política le podría implicar. No hay que olvidar que el liberalismo es apenas el cuarto partido en curules en el Congreso y hace tiempo perdió la supremacía en materia de alcaldías y gobernaciones. 

 

También es evidente que el liberalismo aspiraba a que el presidente Santos ternara a un candidato de su predilección para la Fiscalía General de la Nación, lo cual finalmente no ocurrió ya que el Jefe de Estado decidió confeccionar una baraja compuesta por los exministros Néstor Humberto Martínez y Yesid Reyes, así como la ex asesora del proceso de paz, Mónica Cifuentes. La insistencia de los liberales en condicionar al Gobierno queda en evidencia por cuanto dicen sentirse excluidos de la terna pese a que Reyes es de claro origen de ese partido.

 

Sin embargo, si bien estos dos hechos pesaron mucho en la decisión del liberalismo de apartarse de la Unidad Nacional, lo cierto es que el principal elemento que explica su ‘rebelión’ no es otro que la urgencia de posicionarse políticamente de cara a la sucesión del propio Santos.

 

No hay que olvidar que el primero en ponerle fecha de “caducidad” a la coalición fue el propio senador y copresidente de la colectividad, Horacio Serpa, y lo hizo desde el año pasado, cuando advirtió que tendrían candidato presidencial propio y que la alianza alrededor de Santos estaba motivada única y exclusivamente alrededor de la causa reeleccionista y la continuidad del proceso de paz.

 

Visto así, se sobreentiende que el liberalismo ya tenía pensado desde hace varios meses dar un paso al costado y marcarle distancias no solo al presidente Santos, como Jefe natural de La U, un seguro rival en la contienda presidencial, sino también a Cambio Radical, sabido desde el 2014 que el vicepresidente Germán Vargas Lleras será candidato presidencial y la mayoría de las encuestas lo proyectan como uno de los más fuertes aspirantes a la Casa de Nariño. 

 

Tampoco se puede desconocer la urgencia del liberalismo de marcarle distancias también al conservatismo, que es uno de los partidos que más posibles presidenciables tiene entre sus filas, empezando por el ministro Mauricio Cárdenas, el presidente del BID Luis Alberto Moreno, el procurador Alejandro Ordóñez y la ex candidata Marta Lucía Ramírez, entre otros más.

 

Si se analiza ese escenario se entiende, claramente, porqué los liberales urgen diferenciarse del Gobierno y los partidos que queden en la coalición, más aun ante la evidencia de que entre a sus filas los perfiles de presidenciables, con viabilidad política real, no abundan. Es más, hoy por hoy el nombre de un posible candidato de las toldas rojas que más suena es, paradójicamente, el de Humberto de la Calle Lombana, jefe negociador gubernamental en el proceso de paz con las Farc.

 

Razón de fondo

 

Analizadas todas estas circunstancias la decisión de los liberales de salirse de La Unidad Nacional, pero quedarse con los puestos en el Gobierno y tratar de arroparse con la bandera de la paz, no es fruto de una reacción con cabeza caliente al remezón ministerial o a la terna para Fiscalía, sino que responde clara y evidentemente a la estrategia de un partido que lleva cinco periodos por fuera del Casa de Nariño y hoy no tiene un perfil presidencial lo suficientemente fuerte que le garantice poder competir con expectativa de éxito para llegar a la Casa de Nariño.

 

Las encuestas sobre preferencias presidenciales así lo confirman, ya que son encabezadas por Vargas Leras y el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo, con porcentajes que promedian el 20 por ciento, mientras que De la Calle aparece en quinto o sexto lugar, por debajo de Gustavo Petro, Oscar Iván Zuluaga y Marta Lucía Ramírez.

 

“Hoy los liberales estamos muy lejos del poder pelear en el 2018 por la Casa de Nariño y lo estaremos aún más si nos quedamos en la coalición, pues aquí Vargas Lleras es el candidato más fuerte y a bordo… Si queremos tener alguna opción es necesario algo de audacia y de riesgo, el problema es que no podemos romper con el Gobierno ni con el proceso de paz, no por los puestos, sino porque nuestro candidato más viable es precisamente el jefe de negociador de la paz”, admitió un reconocido dirigente liberal  a un periodista de EL NUEVO SIGLO. 

 

Consecuencias

 

Ahora bien esclarecida la causa profunda de  la movida liberal de esta semana, es necesario entrar a analizar sus consecuencias reales en el escenario político.

 

En primer lugar, se da por descontado que las iniciativas que tengan que ver con el proceso de paz, como el acto legislativo por la paz que cursa en el Congreso o la eventual votación del plebiscito en el segundo semestre, tendrán el apoyo de esa colectividad. Está comprobado que la próxima contienda presidencial no se va a basar en el pulso sobre la opción de guerra o paz, que tuvo su último escenario en la campaña de 2014, sino en torno a las visiones políticas y condicionamientos sobre qué proceso de paz es el que más le conviene al país. 

 

Sin embargo, salvo en la reforma tributaria estructural, que a ningún partido le suena aprobar en el segundo semestre, no se ve muy posible que los liberales le den la espalda a sus propios ministros en el trámite de proyectos o que en desarrollo de la llamada “independencia crítica” terminen alineados en la misma orilla del Polo o el Centro Democrático haciéndole contrapeso a la coalición santista. 

 

Visto ello, entonces en estos temas es muy posible que el liberalismo termine en la misma orilla de La U, Cambio Radical y el sector mayoritario de los conservadores.

 

En segundo lugar, se especula sobre la intención de estos tres últimos partidos de confeccionar una nueva alianza. EL NUEVO SIGLO habló con varios congresistas de esas colectividades quienes indicaron que “esa era un cuento impulsado por los liberales” para tratar de diferenciar su  intento de crear un “Gran Pacto por la Paz y la Convivencia”. 

 

Así las cosas, en la práctica no se ve que las facciones que sobreviven en la Unidad Nacional vayan a reformularla o refundarla. Simple y llanamente seguirán funcionando como plataforma de apoyo gubernamental, al menos por lo que resta de esta legislatura y el primer tramo de la que irá entre julio y diciembre próximos. Las bancadas de estos tres partidos suman 47 senadores y 80 Representantes, lo que significa que convenciendo sólo a cinco o seis congresistas en cada cámara asegurarían de nuevo las mayorías, sin necesidad de nuevos pactos suprapartidistas ni nada por el estilo.

 

Además, como lo indicaran varios senadores y Representantes conservadores, si no entraron oficialmente a la Unidad Nacional cuando esta era el bloque mayoritario, mucho menos lo van a hacer ahora.

 

Tampoco está claro cuáles serán los otros bloques en el Congreso. El Polo y la Alianza Verde, pese a estar representados en el gabinete, ya anunciaron que seguirán independientes y que la alianza que propone el liberalismo no le conviene sino a esa colectividad. Incluso un senador de las toldas amarillas dijo a varios periodistas que le preguntaron al respecto que las “peleas entre los santistas que las arreglen los santistas, nosotros no tenemos velas en ese entierro”.

 

De allí que, al final de cuentas, por más rifirrafe que se presentó esta semana entre los voceros liberales, de La U y Cambio Radical, al final los acuerdos para la rotación en las mesas directivas es muy posible que se terminen cumpliendo. Lo que significaría que la presidencia del Senado será para La U y la de la Cámara para los liberales. Incluso, el viernes pasado se dijo que el propio Santos y el Secretario General de la Presidencia, Luis Guillermo Vélez, habían terciado en el asunto para asegurarse de ello.

 

El cambio más significativo, entonces, será que, para el caso del Congreso, el Centro Democrático con 20 senadores y 19 representantes –principal eje de oposición al proceso de paz y el Gobierno- y Opción Ciudadana (5 senadores y 6 representantes) -que tiende a votar muchas iniciativas del Ejecutivo – pesarán ahora más, ya que pueden inclinar la balanza en las votaciones, no tanto del proceso de paz, en donde se prevé un apoyo multipartidista, sino de proyectos complicados como una eventual reforma tributaria o la misma elección de magistrados, del Procurador General (entre noviembre y diciembre, el Defensor del Pueblo (hacia septiembre) o decidir sobre si procede o no el desafuero del magistrado Jorge Ignacio Pretelt, procesado en el Senado por un presunto tráfico de influencias.

 

En síntesis, la coalición de Unidad Nacional empezó a marchitarse, pero no lo hace tempranera ni tardíamente. Es obvio que faltando ocho meses para la renuncia de Vargas Lleras, que será el banderazo de la campaña presidencial, se den los primeros movimientos de posicionamiento partidistas. Vendrán más este año en otras colectividades y, al final, máximo hasta el primer trimestre de 2017, la alianza se esfumará y cada partido irá por lo suyo, ya sea para ponerse al frente de las encuestas o para fortalecerse de cara a las nuevas alianzas y bloques electorales que se conformarán.

 

Como bien lo dijera esta semana un editorial de EL NUEVO: la Unidad Nacional agoniza y va siendo hora de decirle “que en paz descanse”.