La escogencia ayer de Fernando Carrillo como nuevo Procurador General de la Nación deja varias conclusiones que es necesario resaltar. En primer lugar, el que de 95 votos posibles su elección haya sido respaldada por 92 evidencia que pese a la polarización política imperante y las naturales rivalidades partidistas, aún es posible que en la plenaria del Senado se den consensos de amplio espectro en temas de trascendental importancia. Esa unanimidad garantiza, de entrada, que no se pueda hablar aquí de bandos ganadores o perdedores, pues todas las bancadas, llámense oficialistas, independientes o de oposición, apoyaron al nuevo titular de la jurisdicción disciplinaria. Esa es una característica clave en un país en donde no hace mucho se hablaba de la evidente y peligrosa politización de los jefes de algunos entes de control, a tal punto que sus decisiones y pronunciamientos fueron leídos por amplios sectores nacionales con ese sesgo subjetivo, generando un ambiente peligroso de desinstitucionalización a nivel general.

En segundo lugar, queda claro que Carrillo tiene las calidades personales, académicas y de trayectoria profesional para ser el nuevo jefe del Ministerio Público. Su experiencia ministerial, diplomática, en el Banco Interamericano de Desarrollo, la cátedra universitaria, el ejercicio privado y su rol en la campaña que dio origen a la Asamblea Constituyente de 1991, entre muchos otros cargos y funciones desempeñadas en distintos gobiernos, son prenda de garantía para augurar una gestión seria y ponderada en la Procuraduría. Sus dos competidores eran, por igual, juristas de primer nivel y la campaña que realizaron los tres se distinguió por su altura y el hecho mismo de estar exenta de escándalos. Las presentaciones que hicieran el martes pasado en torno al estado de la jurisdicción disciplinaria en el país y los desafíos que enfrenta a corto, mediano y largo plazos fueron sustanciosas y propositivas, ratificando así la calidad de la terna confeccionada por los candidatos propuestos por el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Presidencia de la República. Si bien es cierto que asomó de nuevo el debate -aún no resuelto- en torno a si el Procurador General debe disciplinar a quienes participaron de su elección, lo cierto es que en el proceso de postulación y escogencia del Procurador General participan las tres ramas del poder público.

Carrillo, tal como lo explicó en su discurso ante la plenaria del Senado que lo eligió, asume con muchos retos, el principal de ellos reinstitucionalizar al ente de control disciplinario y la percepción que la opinión pública y no pocos sectores políticos, económicos, sociales, gremiales e institucionales tienen de la entidad. De allí la importancia de sus afirmaciones en torno a que su Procuraduría no será vocera de los radicalismos, sino una tribuna del derecho y de la seguridad jurídica. Que tampoco se utilizará como instrumento de persecución política y velará, en cambio, por los derechos de cada uno de los colombianos y de todas las tendencias de pensamiento. Para algunos desprevenidos esos mensajes podrían parecer una obviedad, dado que corresponde a los entes de vigilancia y control actuar con total imparcialidad y objetividad, pero, como ya se anotó, venimos de una etapa en donde la polarización política  e ideológica asomó peligrosamente en algunas de estas instituciones, fenómeno afortunadamente ya superado.

Como lo advertimos días atrás en estas páginas, la Procuraduría tiene muchos y complicados desafíos. Desde los más estructurales, como redoblar la lucha contra la corrupción y el desgreño administrativo, hasta los coyunturales, especialmente definir el rol que tendrá el Ministerio Público en medio de las vicisitudes de los procesos de paz en curso, los acuerdos en vilo o proyectados y cómo aclimatar una eventual etapa de posconflicto. Mecanismos más eficientes para la defensa y promoción de los derechos humanos individuales, mayor eficacia  en cuanto a protección de los derechos colectivos, especialmente a un ambiente sano, son otros retos de primer nivel. Como también lo es la reingeniería de la jurisdicción disciplinaria para aumentar su funcionalidad preventiva y sancionatoria y lograr una mejor articulación con las instancias de lo contencioso administrativo, penal, civil, laboral y fiscal.

Enhorabuena, pues, la elección de Carrillo como Procurador General. Su llegada al Ministerio Público debe producir un impulso proactivo al control disciplinario en Colombia, la defensa de los derechos humanos en toda su dimensión y la preservación de la majestad institucional del Estado. Hay mucho asunto pendiente en esos escenarios y avanzar soluciones eficaces no da espera.