Hay más armas en manos de civiles en Estados Unidos que en cualquier otra parte del mundo. Podrá haber alguna excepción en Siria o Sudán del Sur, regiones azotadas por las guerras. Pero lo cierto es que las armas, como un sello de nacimiento, están incrustadas en el más fondo de los orígenes de la cultura americana. Por ello, regular esa conducta será un difícil y casi imposible reto que prontamente asumirá la administración Obama.  

Existen diferentes versiones que explican la curiosa y compleja relación que el pueblo norteamericano tiene con las armas. Los orígenes son variados y cambian de acuerdo desde dónde se mire. Es posible decir que, tal vez, este culto se debe tanto a la rebelión que sirvió de base para la fundación de Estados Unidos, como a la anarquía en la frontera que prosiguió en los siguientes años y el miedo que les producía a los propietarios una revuelta de esclavos.

Pero más allá de estas explicaciones históricas existe un texto, tan corto, dos frases, pero tan importante durante los siglos, que sirve de base para entender desde un punto de vista jurídico político lo que pasa en Estados Unidos: la Segunda Enmienda (1791). Aquel mandato constitucional que reconoce el derecho de poseer armas de fuego, cuyo precursor fue James Madison, líder demócrata que para ese entonces, tiempo en el que todavía no había llegado a la presidencia, y junto a su compañero de lucha, Thomas Jefferson, buscó mitigar las sospechas que recaían sobre los federalistas de nueva Inglaterra de crear un estado centralista y acaparador.

La Segunda Enmienda dicta la siguiente: "Una milicia bien regulada, siendo necesaria para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar armas, no será infringido". Y así, conforme a ese mandato, y pese a los innumerables detractores, en Estados Unidos se forjó un discurso que defiende el derecho de todo ciudadano a tener un arma como expresión de su libertad y no intromisión del Estado en los asuntos privados del individuo.

Algunos autores, sin embargo, como Joan Burdick, en su libro, Gun Show Nation (New Press, octubre 2006), afirman que la puesta en marcha de esta enmienda constitucional comenzó, verdaderamente, en los años 60, cuando un grupo de ultraconservadoras la impulsó como medida para defenderse de los movimientos sociales que surgían en aquella época.

Divergencias constitucionales

Si bien la Segunda Enmienda surgió como una manifestación política y base de la libertad en los Estados de la costa oeste norteamericana, la jurisprudencia de las altas cortes también ha jugado un papel primordial para entender los derechos que proclama. Desde el Siglo XIX, las providencias judiciales irrestrictamente han ratificado la importancia de este mandato, aunque en contadas excepciones han tratado de argumentar que tales derechos merecen límites y controles por parte del Estado.

El Tribunal Supremo, en Estados Unidos vs Cruikshank (1876), afirmó que los Estados se podían oponer al porte de armas, ya que la Segunda Enmienda sólo le aplicaba al gobierno federal. De ahí que los Estados tenían la facultad de elegir si en su territorio el porte de armas era o no legal y regular, si así lo deseaban, su uso y comercialización. Esta medida, para ese entonces, fue revolucionaria y generó diferencias ante todo porque parecía que violaba, de alguna manera, la libertad, un principio fundacional de Norteamérica.

Después de 132 años, en 2008, el alto tribunal, que había fallado esporádicamente sobre el asunto a lo largo del siglo XX, volvió al a referirse al tema. En el Distrito de Columbia v. Heller, (2008), la Corte Suprema argumentó que la Segunda Enmienda también tenía fuerza vinculante en los Estados federales, sustituyendo la jurisprudencia que dos siglos atrás sus homólogos habían defendido. En particular, la providencia decía que todo individuo tenía el derecho de poseer armas con fines lícitos, especialmente cuando se trata de la autodefensa del hogar.

Adicionalmente, el Tribunal estipuló que  la Ley de Reglamento de Armas de Fuego de 1975 que prohibía el uso de armas automáticas o de alta capacidad, fuera anulada, abriendo un nuevo debate en Estados Unidos. Junto a este polémico fallo también quedó en el tintero una pregunta que mucha gente se hacía: ¿la Segunda Enmienda protege el derecho a portar armas en público?

Según las normas de la mayoría de Estados y su desarrollo jurisprudencial a nivel local, todo ciudadano puede llevar su arma en espacios públicos siempre y cuando no presente una deficiencia mental, una característica que suele ser difícil de definir. Sin embargo, en Distrito de Columbia vs Heller, el tribunal sugirió una lista tentativa de qué tipo de ciudadanos no podían portar armas. Así lo definió: “se prohíbe el uso de armas por delincuentes, enfermos mentales, y en ‘lugares sensibles’, como escuelas y edificios gubernamentales.

¿Nueva regulación?

Aunque gran parte de los ciudadanos norteamericanos opina que la regulación del uso de armas es una novedad, la historia demuestra que desde que se fundó el país han existido normas, algunas más fuertes, otras más moderadas, que regulan el uso y venta de armas. Durante el siglo XIX había registros de armas y leyes para asegurar una milicia efectiva.

Lo cierto es que luego de las tristes y repetidas imágenes de los tiroteos en la Secundaria Columbine, en 1999,  o el más reciente episodio en el colegio Sandy Hook, en 2012, por el cual el presidente Barack Obama y su vicepresidente Joe Biden derramaron lágrimas el pasado martes, Estados Unidos necesita  a grito herido leyes que regulen el uso de armas.

Para muchos esta discusión puede quedarse en la simple y fácil salida de: es cultural. Sin embargo, existen cifras que, fruto o no de una conducta cultural, deben ser tratadas con sumo cuidado. En Estados Unidos hay 270 millones de armas en manos de particulares,  casi una por persona, de acuerdo a la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, y la producción de armas ha aumentado en un 80%.

Ante una ciudadanía armada hasta los cogotes, más vale la voluntad de regular que el fácil camino de dejar al libre arbitrio de los Estados algo tan crucial para la convivencia social. Esa es, quizá, la última tarea que tendrá que afrontar Obama en la recta final de su mandato. En ese sentido, el primer paso que podría dar, si logra controlar las armas, es reformar todo el sistema de verificación de antecedentes. Pero no la tendrá fácil. Pues como dijo Bill Clinton: “la Agencia Nacional del Rifle puso, en parte, los últimos dos presidentes republicanos”. Y su lobby, por supuesto, no va dejar que se promulgue regulación alguna.