Cada legislatura tiene sus propios ingredientes picantes y por supuesto la que concluye el próximo miércoles no es la excepción.

De por sí, este Gobierno ha manejado una agenda muy ambiciosa. Pero sin duda, la de esta segunda legislatura estuvo muy controvertida, dado que el Ejecutivo sumó varias iniciativas que tocaban puntos sensibles para la opinión pública, precisamente porque generan opiniones enfrentadas.

Conociendo el carácter del presidente Juan Manuel Santos y de quienes lo acompañan, sería ingenuo pensar que los confió por sorpresa la controversia despertada con el paquete legislativo, por lo que es más lógico pensar que su confección obedeció a un propósito político.

Basta con repasar por encima las iniciativas más importantes para descubrir que la abierta confrontación iba a ser la nota predominante del debate: reforma a la justicia, ajuste a la Justicia Penal Militar, Marco Legal para la Paz y Vivienda de Interés Prioritario, aunque podrían nombrarse algunas otras.

Al repasar lo que pasó, lo que queda y lo que viene, solo faltaría decir que la tercera legislatura de este cuatrienio  promete también estar muy movida, porque esa agenda hasta ahora podría incluir reforma tributaria, ajuste pensional, nuevos Códigos Electoral y de Minas, tal vez Estatuto de la Oposición, Ley de Desarrollo Rural, cambios en la Corporaciones Autónomas Regionales y reglamentación de Ley de Víctimas.

Los más controvertidos

Reforma a la justicia

Sin duda una de las iniciativas más controvertidas, entre otras cosas como consecuencia de lo ambiciosa que fue en su comienzo, cuando se quiso manejar bajo el consenso con los magistrados de las altas Cortes.

Hoy en día, la sensación que le queda a la opinión pública es que allí se legisló de todo menos de hacer accesible la justicia a los ciudadanos. Los congresistas lucharon por tener para sí mismos la doble instancia que hasta ahora se les había negado en el entendido que debían ser exigidos con un estándar más alto que el resto de la sociedad y hasta alcanzaron a hacerle el esguince a la silla vacía y a la pérdida de investidura; y como contraprestación a los magistrados, incluyendo aquellos que deben decidir sobre la exequibilidad del acto legislativo, les incrementaron la edad de retiro.

Marco para la Paz

Independientemente de las dudas y suspicacias que despierta entre sirios y troyanos la reforma constitucional para darle al Ejecutivo herramientas que pueda desarrollar ante un eventual proceso de paz, es claro que el Gobierno está jugado por avanzar por el camino de ponerle fin al conflicto armado.

La institucionalidad colombiana desarrollo un plan A en El Caguán y luego ocho años de un plan B de Seguridad Democrática. Ahora parece abrirse un plan C, que en las Fuerzas Armadas lo denominas plan de guerra Espada de Honor, que sería una continuación del B con elementos del A: forzar militar y políticamente al diálogo.

Fuero militar

Tres elementos, quizás cuatro, alimentaron la controversia.

En primer lugar, el convenio firmado durante el gobierno de Álvaro Uribe entre el ministro Camilo Ospina y el fiscal Mario Iguarán que es en realidad les ha complicado la vida a los uniformados a la hora de las investigaciones.

Para solucionar el conflicto entre fuero militar y justicia se introdujo un artículo en la reforma judicial, pero luego una comisión de juristas le recomendó al Gobierno presentar más bien una reforma a la Justicia Penal Militar donde se abordara el tema del fuero en forma integral.

Por supuesto, el debate está en cómo manejar la línea sutil (en el texto, más no en el campo de batalla) entre la protección del actuar de los militares frente a quienes se han declarado en enemistad irreconciliable con el Estado y la posibilidad de que ese amparo se convierta en impunidad frente a violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario.

Para rematar, un proyecto que espera primer debate desde noviembre prolongará la controversia en las próximas semanas, si logra sobrevivir en la siguiente legislatura: se trata de la iniciativa que busca estructurar una Fiscalía Militar y una Policía Judicial para investigación de los uniformados.

Vivienda de Interés Prioritario

Ese es el nombre de la iniciativa que, al fundamentar la política de vivienda del Gobierno, permitirá la construcción de 100.000 soluciones habitacionales que se entregarán gratuitamente a igual número de familias, escogidas entre las más pobres del país.

Sin duda la polémica responde a la audacia de la propuesta, que de resultar efectiva le dará al Gobierno un arraigo popular sin competencia, asegurando la continuidad por otro cuatrienio, si es que en algún momento se ha dudado de esa prolongación.

Para cuestionar el programa, se plantea si hay suficiente tierra, si se usarán los recursos destinados a los subsidios de los estratos 2 y 3 para financiar la gratuidad o si se trata de un planteamiento populista imposible de realizar.

Los hechos mostrarán quién tiene la razón. En todo caso, es sabido que se requiere una acción así de audaz para poder ponerse al día en los requerimientos de vivienda.

El hoy ministro de Vivienda, Germán Vargas, dijo en 2010 que al ritmo de construcción de ese momento se demorarían 25 años en subsanar el déficit de vivienda sin que se formara ni una sola familia más. Así de absurda es la situación, la medida para la audacia de la respuesta.

Otras polémicas

Conductores borrachos

En esta legislatura, se hundió el proyecto que eliminaba la casa por cárcel para los conductores borrachos, pero se aprobó el que convierte en obligatoria el examen de alcoholemia y castiga a quien se niegue a practicarse la prueba.

Mientras en el primer caso tuvo eco el llamado de los penalistas a no querer solucionar problemas endureciendo los castigos, en el segundo el bien común se sobrepuso al derecho a reservarse los fluidos corporales a una orden judicial.

Acoso escolar

Frenar el bullying o acoso escolar es el objetivo del proyecto de ley número 201 de 2012 Cámara, “por el cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar”, que espera segundo debate en la plenaria de la Cámara.

Salud

Un debate de nunca acabar. Mientras desde las asociaciones médicas y de pacientes se reclama una reforma radical al esquema creado por la Ley 100, se archivó en primer debate el acto legislativo que declaraba que el servicio de salud era una responsabilidad indelegable del Estado, no sometido a la regla de rentabilidad o eficiencia.

Quemaduras con ácido

Pasó a plenaria del Senado para segundo debate el proyecto busca fortalecer las medidas de prevención, protección y atención integral de las ciudadanas y ciudadanos, en contra de cualquier tipo de acto violento o crimen que se realice utilizando ácidos o álcalis o sustancia similar o corrosiva.

Violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria

Entre las leyes más trascendentales aprobadas en esta legislatura está la que eliminar el carácter de querellables y desistibles de los delitos de la violencia intrafamiliar y la inasistencia alimentaria.

La iniciativa determina que la pena privativa de la libertad por la comisión del delito de violencia intrafamiliar será la vigente de 4 a 8 años.

Tarifas diferenciales de transporte

La Cámara espera para darle tercer y cuarto debates el proyecto que en el Sistema Integrado de Transporte Masivo otorga un subsidio del 30 por ciento a personas de la tercera edad carnetizadas por el Sisbén I, II y III, a los estudiantes de educación básica y secundaria, y un 20 por ciento para estudiantes de educación superior del Sisbén I, II y III.

Insolvencia

Otra norma de gran trascendencia aprobada por el Congreso es que les permite a los deudores acogerse a un procedimiento legal y gratuito para negociar deudas, proponer una forma de pago, celebrar acuerdos con sus acreedores y cumplir con sus obligaciones con el sistema financiero, con el comercio y demás personas naturales.

Se establece un régimen de insolvencia para la persona natural no comerciante, necesidad legal omitida en la Ley 1116 de 2007 que estableció el régimen de insolvencia empresarial dirigido eminentemente a las personas jurídicas dedicadas a la actividad empresarial y comercial.

Armas

Una preocupación ciudadana tiene que ver con el porte de armas. Tres proyectos en el Congreso abordan el tema.

Por una parte, hay dos sobre armas blancas. En Senado está el número 204 de 2012, “por medio del cual se adiciona el artículo 365A a la Ley 599 de 2000 - Código Penal Colombiano”, radicado el 20 de marzo por el senador liberal Camilo Sánchez; y en Cámara el número 117 de 2011, “por el cual se adiciona el artículo 365-A, al capítulo II de la Ley 599 de 2000”, radicado el pasado 4 de octubre por el representante Wilson Gómez, de La U.

Mientras el senador Sánchez propone que quien sin permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique, transporte, almacene, distribuya, venda, suministre o porte armas blancas u objetos cortopunzantes o contundentes, incurrirá en prisión domiciliaria, según lo previsto en el artículo 38 de la parte general del Código Penal, de 1 a 3 meses; el representante Gómez plantea que el que en escenarios deportivos, religiosos, culturales, establecimientos en los que se expendan bebidas alcohólicas o en cualquier medio de transporte público, porte, amenace, intimide o amedrente a otro, valiéndose de arma blanca, incurrirá en multa de 5 a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En cuanto a las armas de fuego, el proyecto número 152 de 2011 Cámara, “por medio de la cual se deroga el artículo 100 de la Ley 1453 de 2011”, fue radicado el pasado 25 de noviembre por los representantes Victoria Eugenia Vargas, Adriana Franco, Rubén Darío Rodríguez y Orlando Velandia, del Partido Liberal, pretende eliminar la obligación de “contratar una póliza de responsabilidad civil, para amparar los daños y perjuicios a terceras personas derivada del uso” del arma con salvoconducto.

 Servicio militar

Del servicio militar se ocupan varios proyectos

El número 206 de 2012 Senado, “por la cual se estimula a los soldados bachilleres que presten su servicio a la patria, vinculándolos al proceso educativo de nivel superior”, radicado el 20 de marzo por el senador Fernando Tamayo, del Partido Conservador, “establece el vínculo a nivel educativo superior de todos los estudiantes que terminen el ciclo de educación media vocacional y sean incorporados a las Fuerzas Militares”.

Otra iniciativa propone que las personas que pertenezcan a los estratos 1, 2 y 3, no paguen sanción económica alguna, al incurrir en cualquiera de las causas previstas en el artículo 41 de la Ley 48 de 1993, siempre que presten 2 meses de servicio social, y cubran los costos de expedición y laminación del documento.

Es el proyecto número 225 de 2011 Senado, “por el cual se modifica la Ley 48 de 1993 y 1184 de 2008, que reglamenta el Servicio de Reclutamiento y Movilización y la Cuota de Compensación Militar”, radicado el 11 de marzo del año pasado por el senador Carlos Enrique Soto, de La U; el articuldo, que ya está listo para pasar a tercer debate en la Cámara, fue acumulado con iniciativas presentadas por la bancada del MIRA y el senador Juan Carlos Vélez (La U).