En una verdadera cacería de brujas se está convirtiendo el próximo debate electoral que tendrá su gran desenlace el próximo 30 de octubre.
Los voceros de la Corporación Arco Iris, León Valencia y Claudia López, y la MOE (Misión de Observación Electoral), de la mano del ministro del Interior Germán Vargas, tienen el sistema electoral en ascuas, pues como lo informó EL NUEVO SIGLO, ayer, según los organismos de Inteligencia y seguridad del Estado, son 13.833 los candidatos con problemas, dato equivalente a algo más de 10 por ciento de los inscritos.
Los envainados en cifras. Con base en los antecedentes de los aspirantes al poder regional en las venideras elecciones, sobre un total de 167 mil 828 consultas, se encontraron 13.833 candidatos con problemas, discriminados así: 2.289 con antecedentes judiciales reportados por el DAS; 2.307 con procesos disciplinarios, cuarenta de ellos son indagados por la Contraloría General; ochenta y cinco con órdenes de captura en poder de la Policía, y 9.112 que registran procesos en la Fiscalía.
Unos escenarios diferentes. Según lo anterior, los próximos comicios territoriales no se harán en el escenario natural que ofrece la democracia, como la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral. Serán, más bien, unas elecciones judicializadas. Mejor dicho: aquí no habrá elecciones sino juicios, en donde ganará no el que más votos tenga sino el que más pruebas presente contra sus adversarios de turno. Esta es la verdadera judicialización de la política o, dicho en otras palabras: la politización de la Justicia.
La variante de la encuestitis. La profusión de encuestas manipuladas sobre intención de voto se ha convertido en instrumento con el que se pretende inclinar la balanza electoral en favor de algunos de los candidatos en contienda.
Pasa a diario que un contratista llama a un encuestador, lo pone al servicio de una campaña y a un alto precio le pone cifras en pro del candidato de sus preferencias.
Una usurpación. Las últimas encuestas divulgadas en Medellín, atribuidas a la Asociación de Instituciones de Educación Superior de Antioquia, resultaron infundadas, pues con ellas les metieron un gol a Semana y a El Espectador.
Juan Alberto Díaz Rueda, presidente y representante legal de esa entidad, declaró que “ella no ha realizado, ni antes ni ahora, ninguna encuesta sobre esta materia”, es decir, preferencias electorales de cara a la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.
Según esas encuestas que usurparon el nombre de la entidad que agrupa a las entidades universitarias, Luis Pérez, el ex alcalde, aventaja por diez puntos a Aníbal Gaviria en preferencias de Alcaldía y Álvaro Vásquez aparece a tres puntos apenas de Sergio Fajardo en gustos para la Gobernación.
La candente disputa por la Alcaldía de Medellín aumenta su voltaje a medida a que se avecina la única y valedera encuesta: la del 30 de octubre próximo, cuando el veredicto de las urnas dirá quién será el sucesor de Alonso Salazar Jaramillo en La Alpujarra.