Que  haya polémica por el porcentaje de aumento en el salario mínimo mensual no es nada nuevo. Cada diciembre, año tras año, se genera una discusión alrededor de un tema que tiene obvio impacto en todo el país y, por ende, despierta encendidos debates. Sin embargo, parece que con el pasar de los años el modelo para fijar el reajuste en la remuneración mínima está llegando a un punto alto de desgaste que, incluso, hace parecer todo el proceso como inane y de poco alcance práctico. Lo anterior no sólo porque hoy es mayor el número de personas que devengan sueldos por debajo del salario mínimo, que el porcentaje de quienes sí ganan este sueldo básico, sino porque pese a que se insiste en que la discusión en la Mesa de Concertación es integral y abarca múltiples aspectos, en realidad, en la práctica, todo se reduce al debate en torno de la inflación causada y al agregado porcentual por productividad.

En ese orden de ideas, en varias ocasiones desde estas páginas se ha pedido que el modelo para la definición del aumento salarial sea reformulado. Por ejemplo, resulta paradójico que los informes que presentan sindicatos, empresarios y Gobierno para justificar sus respectivas propuestas en la Mesa, sean tan disímiles pese a partir de las mismas variables macro y micro. Debería pensarse, entonces, en una instancia técnica, objetiva e imparcial que someta cada informe a un análisis crítico que permita establecer la oportunidad de sus conclusiones. Si existiera un ente especializado encargado de darle a la Mesa de Negociación los suficientes insumos técnicos y estadísticos, se evitaría tanto pulso mediático y guerra de declaraciones de los voceros sindicales y patronales, beligerancia verbal que se convierte en muchas ocasiones en el principal tema de discusión entre las partes.

Hay nuevos elementos que llevan a pensar en que ese proceso de definición del aumento en el salario mínimo debe ser reformulado. Por ejemplo, es claro que el cambio en materia de contribuciones parafiscales que instituye la recién aprobada reforma tributaria tendrá un impacto en el mercado laboral que, dado que la iniciativa aún estaba en trámite, no fue lo suficientemente sopesada durante el tramo final de la negociación salarial que, finalmente, terminó en que no hubo acuerdo alguno entre patronos y centrales obreras.

Por igual, es evidente que el hecho de que la tasa de desempleo se mantenga por debajo de un dígito, según lo reportó el DANE la semana pasada, resulta un buen augurio en materia de generación de nuevas plazas de trabajo. Más aún porque, se supone, la mayor parte de esos puestos harán parte de la masa de empleados formales. Está más que diagnosticado que el mayor enemigo para la calidad del empleo en Colombia es la gran cantidad de personas que se encuentran laborando en el llamado “rebusque”, en donde no pueden disfrutar de los derechos en materia de salud, seguridad social, cajas de compensación, cubrimiento en riesgos profesionales, pensión, cesantías y otras garantías vigentes.

De igual manera, aunque no es práctico ni va con la ortodoxia propia de una economía de mercado y un Estado que sólo debe intervenir en casos de desequilibrio grave, sería aconsejable que se proyecte un mecanismo que permita un control, directo o indirecto, de precios y tarifas para algunos bienes y servicios, tanto del sector público como privado. No tiene lógica alguna que la cascada de alzas en enero y febrero termine siendo marcadamente superior al porcentaje de aumento salarial para el período anual respectivo.

Visto todo lo anterior, convendría que el Congreso analice la posibilidad de reformar el mecanismo de fijación del incremento salarial anual. No para que sea el propio Parlamento el que se encargue de esa tarea, según una propuesta que circuló meses atrás y que, afortunadamente, no tuvo eco, sino para que la discusión se eleve de nivel, sea verdaderamente integral y lleve a que los compromisos de las partes en la Mesa no se queden en simples manifestaciones de buena voluntad, sin capacidad alguna de exigibilidad a futuro.