Hay cero  tolerancia en el Gobierno nacional con los casos de asesinato en persona protegida, mal llamados ‘fasos positivos’, sostuvo ayer el viceministro de Defensa, Jorge Enrique Bedoya, ante versiones de que el delito se habría seguido cometiendo.

"Un solo nuevo caso de falsos positivos que se llegara a presentar en el país sería gravísimo", sostuvo Bedoya a propósito del informe revelado por RCN La Radio, según el cual la Fiscalía adelanta 56 investigaciones por ese delito entre el 2010 y 2014.

"Primero: frente a las cifras hay que tener presente que no solamente se abre una investigación por el homicidio cuando haya un fallecimiento de una persona independientemente de sí hace parte de un grupo terrorista o no; y segundo: hasta que no haya una condena no se puede establecer si la conducta fue un homicidio en persona protegida, un homicidio simple o un homicidio agravado", explicó, anotando que se debe tener en cuenta que la ley colombiana parte de la presunción de inocencia durante el proceso de investigación y juzgamiento no solamente para los agentes del Estado sino para los civiles.

"Sin duda alguna, todo el peso de la ley para cualquier agente del Estado que haya violado y vulnerado los derechos de los colombianos, pero para eso por supuesto hay que esperar que se den las condenas y finalicen las investigaciones que lleve, ya bien sea la justicia ordinaria o la justicia penal militar", indicó Bedoya.

Por su parte, Germán Romero, representante civil de las familias de varias de las víctimas, dijo que tiene información sobre la presunta comisión de ejecuciones extrajudiciales durante lo corrido de este año.

El abogado Romero hizo referencia a tres casos de supuestas ejecuciones extrajudiciales ocurridas en los departamentos del Huila, Cauca y Norte de Santander.

"Uno de los casos más fuertes fue el que se presentó el 10 de febrero de 2015 en el municipio de Santa María, Huila, donde integrantes de la Brigada Octava del Ejército supuestamente asesinaron a Anderson Daza Hernández, un campesino de 29 años que fue presentado como muerto en combate", dijo.

El viceministro Bedoya indicó que el Gobierno en ningún momento ha pretendido desconocer cualquier homicidio que eventualmente se les pueda atribuir a los agentes del Estado.

"Nosotros como Gobierno, jamás hemos ni pretenderemos tapar el sol con las manos. Por el contrario, aquí lo que hemos sido es impulsores de buscar que se conozca la verdad frente a hechos puntuales que se hayan cometido en el marco del conflicto y por supuesto está la justicia", aclaró.

El alto funcionario dijo que "por supuesto para eso está la justicia y las normas son claras y por eso inclusive la intención del Gobierno era precisarlas aún más, para que todas las conductas que no tengan relación con el servicio vayan a la jurisdicción ordinaria y especialmente este tema de las ejecuciones extrajudiciales o mal llamados falsos positivos".