Debido a los múltiples problemas ambientales que genera la principal fuente de agua en la sabana de Bogotá, el Consejo de Estado le dio cinco días a todas las entidades públicas y privadas involucradas en la acción popular que busca la adopción de medidas para la descontaminación del río Bogotá para que entreguen un informe detallado sobre los avances del proyecto y cuánto se ha invertido hasta el momento.

La decisión está contenida en un auto proferido por el Magistrado Marco Antonio Velilla y pretende obtener información actualizada sobre el estado de las obras para analizar los avances del proyecto de descontaminación.

En el caso de la Corporación Autónoma Regional (CAR) deberá presentar, entre otras cosas un informe sobre la entrega, costos operacionales y de inversión de las plantas de tratamiento de aguas residuales de la Cuenca del río Bogotá. En el documento también tendrá que incluir un estudio sobre los programas de reubicación y los procesos sancionatorios que se adelantan en las curtiembres del municipio de Villapinzón.

Por su parte, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) tendrá que informar sobre los avances del proyecto de saneamiento del río Bogotá y sus afluentes, el estado de la construcción de la estación de bombeo de agua para el Distrito Capital y el estado del diseño de la planta de tratamiento Canoas, entre otras cosas.

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) tendrá que presentar un documento que incluya un esquema de financiación del programa de saneamiento del río Bogotá; a su turno, la Secretaría Distrital de Ambiente deberá informar sobre las acciones adelantadas para el control de vertimientos en el río Tunjuelo.

El Departamento de Cundinamarca, el Fondo Nacional de Regalías en liquidación, la Comisión de Regulación de Agua Potable y los municipios de Villapinzón, Chocontá, Sesquilé, Gachancipá y Chía también tendrán que entregar informes sobre su contribución en el proyecto de descontaminación del río Bogotá.

La información que aporten todas las entidades involucradas servirá para adoptar una decisión de fondo en la acción popular instaurada por varios particulares.

En auto de la misma fecha, el magistrado Velilla negó la solicitud de nulidad planteada por el entonces Ministerio de Ambiente y Vivienda en contra de algunas actuaciones realizadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

El Magistrado explicó que las medidas de carácter preventivo decretadas por la magistrada del Tribunal para evitar un daño futuro, resultaban procedentes, pese a que el Ministerio consideraba que no podía convocar audiencias de seguimiento del fallo.