Al fallar una tutela, el juzgado Cuarto Administrativo de Bogotá decidió suspender la venta de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB. La acción popular fue sustentada en 66 páginas por la bancada del Polo Democrático en el Concejo y la mesa directiva del sindicato mediante la nulidad de la autorización.

Al tiempo que los concejales de Bogotá están divididos en torno a la suspensión de la venta de la (ETB), la determinación del juez indica “ordenase la suspensión temporal del procedimiento de actuación administrativa que actualmente se surte con ocasión del cumplimiento del decreto 207 del 27 de abril de 2017 por medio del cual se aprobó el programa de enajenación de las acciones que el Distrito Capital y otras entidades en la ETB”.

Uno de los concejales de Bogotá que ha estado al frente de la demanda, Manuel Sarmiento, explicó que fueron cuatro argumentos que incluyeron. La falta de unidad de materia y garantías para los concejales de la oposición. “La decisión del juzgado que suspende provisionalmente la venta de la ETB es un primer round”.

En este sentido, la administración del Distrito Capital tiene el recurso de súplica ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pero ayer se conoció que como la Alcaldía de Bogotá no ha sido notificada de la decisión del juez, por ahora no realiza un pronunciamiento.

Supuestamente el gobierno distrital no radicó el documento que exige la ley antes del 1 de marzo de 2016.

Entre los fundamentos de derecho que estudió el juez fue el artículo 140 del Acuerdo 645 de 2016 cuando se autorizó la enajenación de las acciones del Distrito en la ETB, pero sustentan que hay una contracción porque fue expedido en primer debate por una autoridad que carece de competencia. El Reglamento del Concejo señala que la comisión competente para aprobar las enajenaciones del patrimonio pública es la Comisión de Gobierno y no la del Plan como fue aprobado. 

Argumentos

Así mismo se planteó la violación del principio de Unidad de Materia por que la autorización para enajenar la participación del Distrito en la (ETB) no podía ser parte del Plan Distrital de Desarrollo, es decir que era necesario un proyecto específico.

“Violación de los artículos 7 y 39 de la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo (Ley 152 de 1994) y de los artículos 4 y 11 del Acuerdo 12 de 1994, así como de los derechos fundamentales a la participación ciudadana y al debido proceso, previstos en los artículos 43 y 23 de la Constitución Política”, señala la demanda. 

En este sentido, el juez analizó que el 1 de marzo de 2016 venció el plazo para que el Alcalde Mayor de Bogotá radicara el Plan de Enajenación Anual con sus respectivos avalúos ante el Concejo de Bogotá, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 226 de 1995. “El gobierno distrital no radicó el documento que exige la ley, omisión que le impide enajenar su participación accionaria en ETB”.

Frente a las medidas cautelares solicitadas, se establece que de no decretarse la suspensión del acto administrativo demandado, la enajenación de la ETB se llevaría a cabo con fundamento en una disposición abiertamente ilegal.

Así mismo, se planea que el proceso de enajenación de un activo estratégico de la Capital, frente al cual se autorizó su venta sin que se tuvieron los elementos objetivos, claros, suficientes y veraces sobre los cuales los concejales pudieran tomar una decisión informada, además de las notorias y numerosas irregularidades que afectan el proceso de expedición de dicho artículo, y ponen en evidencia su ineficacia e invalidez sustancial. 

“Bajo las anteriores consideraciones, vale señalar que en el presente caso resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla, dada la notoria ilegalidad y los notorios vicios tanto sustanciales como de procedimiento que se configuraron al momento de expedir el acto administrativo demandado”, señala la demanda. 

Para el concejal del Movimiento Mira, Jairo Cardozo, es una excelente noticia. “Es importante para la ciudad porque la venta de la (ETB) sería una agresión contra los bogotanos porque es vender el patrimonio público, desprestigiando además a la empresa para hacerle perder su valor integral”.

La concejal de la Alianza Verde, Lucía Bastidas, señaló que las medidas judiciales se deben respetar. “Hacemos un llamado a la justicia porque todo estuvo ajustado al reglamento y a la ley. Lamentamos que esto pase porque es un retroceso en todo el proceso de desarrollo que lleva la venta de la (ETB)”.

Mientras tanto, los concejales del Polo Democrático señalaron que es una excelente noticia para la ciudad, no solo porque instauraron la acción popular de nulidad, sino que se suspende el proceso…