Tal y como estaba previsto los dos concejales gobiernistas están de acuerdo con las modificaciones del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) con algunas modificaciones, mientras que la oposición no apoya la iniciativa.

En efecto, Diana Alejandra Rodríguez Cortés y Diego García Bejarano de Progresistas, radicaron ponencias positivas al tiempo que el concejal del Partido Liberal, Miguel Uribe Turbay plantea que es un problema para la ciudad del futuro la propuesta del alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro para modificar el POT.

Aunque las dos ponencias positivas y una negativa no son parámetro para establecer cómo se votará antes del 2 de agosto cuando vence el plazo para aprobar o hundir, hasta el momento la administración tiene fijos cuatro votos frente a los quince integrantes de la Comisión del Plan que sesionará domingo, lunes y martes para escuchar a los tres ponentes.

En concordancia con la bancada Liberal en oposición, el concejal Uribe Turbay sustenta que las modificaciones del POT dejan en riesgo las finanzas distritales, no mejora la actual norma sino que por el contrario desconoce logros alcanzados en los últimos años, atenta contra el desarrollo productivo, social y ambiental de la capital del país.

“Esta modificación pondría en riesgo la sostenibilidad de las finanzas distritales ya que el 83 por ciento de los recursos que plantea obtener la administración en lo que resta del actual gobierno no se encuentra garantizado. De 22 billones de pesos que plantea invertir el POT al Plan de Desarrollo “Bogotá Humana” sólo tiene 3 billones de pesos provenientes de recursos ordinarios e ingresos propios de establecimientos públicos, equivalentes al 16,5 por ciento del proyecto”, explicó el concejal Liberal.

En este sentido, Uribe Turbay demuestra contradicciones en el proyecto, por ejemplo, entre las fuentes inciertas de recursos que debe conseguir el fisco Distrital, además de pasar primero por el colador del Concejo, se proyecta obtener con la contribución de Valorización que hoy mismo la administración pide derogar su cobro.

“La obtención de los restantes 18 billones de pesos que requiere el POT son inciertos. Cargas urbanísticas, condición VIP, certificados, Asociaciones Público-Privadas (APP), cupo de endeudamiento y valorización dependen de aspectos técnicos, reglamentaciones y autorizaciones”, señala la ponencia negativa.

Las positivas

Para la coordinadora de ponentes, concejala Rodríguez Cortés, la modificación de normas urbanísticas es una necesidad porque es una solución a los inconvenientes que se presentan con la dinámica de la ciudad de los últimos trece años.

“El proyecto reorganiza las normas urbanísticas e instrumentos como un todo, buscando la coherencia, flexibilidad ante las necesidades de las comunidades, evitando la profusión de normas que han hecho compleja la regulación e inciertos los procedimientos, sin satisfacer las necesidades actuales de nuestra ciudad”, señala la concejala Progresista.

La otra ponencia positiva del Concejal gobiernista, García Bejarano, señala que el proyecto no presenta impacto fiscal porque se incluyen nuevos instrumentos de financiación con proyectos que generarán infraestructura pública que se requiera en los nuevos desarrollos y redensificación.