El Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, anunció la apertura de tres líneas de investigación por los hechos de la retoma del Palacio de Justicia con el fin de establecer la posible responsabilidad que pueda atribuírsele a altos mando de la Policía en el año 1985.
“Específicamente vamos a determinar si existe algún tipo de responsabilidad del general Víctor Delgado Mallarino y de las personas de la Policía Nacional que en ese momento estuvieron en contacto con la toma del Palacio de Justicia. En segundo lugar, la otra línea de investigación es para establecer eventuales responsabilidades del Director del DAS de esa época, el general Maza Márquez”, dijo el jefe del ente acusador.
La tercera línea de investigación se relaciona con la presunta responsabilidad penal que se le podría atribuir a los ministros del expresidente Belisario Betancur, con el fin de establecer cuáles fueron las medidas que adoptaron, y si se puede atribuir o no responsabilidad por la toma de decisiones en ese momento. “Hay que recordar que el Tribunal Superior de Bogotá le pidió al Fiscal de la Corte Penal Internacional que asumiera la investigación en el tema del Palacio de Justicia, específicamente frente a una eventual responsabilidad del expresidente Belisario Betancur”, agregó el Fiscal General.
Por otra parte, manifestó el alto funcionario que “la Fiscalía comparte la orientación que le está dando el Consejo de Estado al calificar los hechos del Palacio como delito de lesa humanidad”, luego de la reciente decisión del magistrado Jaime Orlando Santofimio de esa corporación, en la que se estableció que sí se constituyen como tal, puesto que las actuaciones de la Fuerza Pública y del M-19 formaron parte de una estrategia y un ataque generalizado a la población civil.
Al respecto, Montealegre Lynett dijo que “la Fiscalía va a solicitar a la Comisión de Acusaciones un informe completo sobre el estado de las investigaciones del expresidente Betancur para aunarla al proceso, teniendo en cuanta la solicitud del Tribunal Superior de Bogotá a la Corte Penal Internacional (CPI), de que si la justicia colombiana y la Comisión de Acusaciones no actúan, va haber una intervención de la CPI en este caso”.
Igualmente indicó el Fiscal General que antes de finalizar el año se resolverá la situación jurídica de altos funcionarios del Ejército, entre ellos los generales Rafael Hernández López, Jesús Armando Arias Cabrales y Carlos Alberto Fracica Naranjo, por la muerte del magistrado Carlos Horacio Urán.
Finalmente, advirtió sobre la creación de una comisión especial liderada por la Fiscal Martha Lucía Zamora, quien resaltó que esta comisión “está conformada por científicos del Instituto Nacional de Medicina Legal, de la Universidad Nacional, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), científicos internacionales de Estados Unidos y miembros de la Policía Científica Española, con el fin de reiterar el trabajo realizado sobre los restos humanos encontrados en el cementerio del sur de Bogotá, para confrontar y practicar los análisis de ADN, e igualmente hacer una nueva búsqueda en el polígono de la Caballería para encontrar posiblemente otros restos humanos”.