Por la presunta responsabilidad en la desaparición y muerte de varios agricultores que fueron asesinados y presentados como miembros de los grupos armados que delinquen en el departamento de Antioquia, tres coroneles del Ejército y ocho soldados fueron vinculados judicialmente por un fiscal de Derechos Humanos.

En el primer caso, se impuso medida de aseguramiento contra el coronel del Ejército Félix Gabriel Churio Marcucci por la presunta responsabilidad en que incurrió por la omisión en actuar en los delitos de homicidio, concierto para delinquir y desaparición.

Según las investigaciones, en los hechos están vinculados otros miembros del Ejército adscritos al Batallón de Infantería número 32 Ramón Nonato Pérez, donde Churio Marcucci se desempeñaba como jefe de operaciones.

Entre las víctimas se encuentran Johnatan Obando Agudelo, John Freddy Torres, Luis Arturo Mosquera Rentería, Johnatan Fabián Obando Agudelo, Luis Javier Moreno Cano, Juan Arley Ortiz Blandón, Andres Jaramillo y Arles Andrés Muñoz, asesinados en veredas de los municipios de Buriticá, Frontino y Cañasgordas (Antioquia). Los cuerpos de otras víctimas están en proceso de identificación.

De la misma forma y por el delito de homicidio agravado, se profirió resolución de acusación en contra del coronel Alejandro Robayo Rodríguez y del soldado Luis Carlos Antequera.

Las investigaciones señalan que los miembros del Gaula Cesar del Ejército Nacional aprehendieron, asesinaron y presentaron como muertos en combate en hechos ocurridos en noviembre del 2006 en la vereda Las Casitas de Valledupar a José de Jesús Ramírez Valbuena, Osman Albeiro Araque y Robinson Viveros  el 16 de noviembre de 2006 en la vereda Las Casitas de Valledupar. Robayo Rodríguez se desempeñaba como comandante de dicho grupo.

La Fiscalía confirmó además la acusación contra el coronel Jaír Arias Sánchez y otros siete militares por el homicidio de Julio Cesar Molina, un enfermo siquiátrico, y Diego Montoya López, quien trabajaba como constructor.

Los hechos se registraron en septiembre de 2004, cuando las víctimas fueron entregadas vivas por miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia a miembros del batallón Granaderos en Nariño (Antioquia) y posteriormente reportadas como muertos en combate.