Por Gabriel Sonny Cubillos
Periodista de EL NUEVO SIGLO
Los partidos y movimientos podrán hacer modificaciones hasta un mes antes de los comicios de octubre, en caso de revocatoria de inscripción.
LUEGO del cierre el pasado miércoles de la inscripción de candidatos a corporaciones públicas y cargos uninominales en disputa en los comicios de octubre 30, se espera que llegue al Consejo Nacional Electoral una cascada de impugnaciones contra aspirantes.
La facultad de decidir sobre la revocatoria de la inscripción de candidatos a cargos de elección popular, cuando exista plena prueba de que están incursos en causal de inhabilidad, es una de las nuevas funciones que al Consejo Electoral le dio el Acto Legislativo 01 de 2009 (Reforma Política).
Anteriormente estas demandas de inhabilidad eran presentadas ante el Consejo de Estado contra el acto administrativo de elección del candidato, es decir, después de los comicios y de que ya había recibido la credencial que lo habilitaba para posesionarse en el cargo. Incluso estas demandas son presentadas luego de que el elegido se posesionó en el cargo.
Sin embargo, la Reforma Política quiso establecer un filtro a través del Consejo Electoral para que candidatos inhabilitados para ocupar cargos de elección popular, ya sea porque están afectados con sanciones de tipo fiscal, disciplinario o penal, así como otras establecidas en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, no lograran su elección y luego se posesionaran.
La elección de candidatos inhabilitados se ha convertido en un problema para la democracia representativa pues, por un lado, los cargos para los cuales fueron elegidos quedan acéfalos y los programas de gobierno a medio camino; al tiempo que por la demora que se presenta en el Consejo de Estado para fallar estas demandas, cerca de dos años, personas inhabilitadas logran gobernar durante un buen tiempo, constituyéndose en una afrenta contra la ley.
Ya son varios los mandatarios elegidos en el año 2007 y que posteriormente se vieron obligados a dejar el cargo porque el Consejo de Estado anuló su acto de elección.
Se recuerda casos como el del alcalde de Valledupar, Cesar, Rubén Alfredo Carvajal, a quien el 11 de junio de 2009 la Sección Quinta del Consejo de Estado anuló el acto de su elección en octubre de 2007, al encontrar que estaba inhabilitado para ocupar el cargo pues se configuró inhabilidad por parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad ya que su hermano, José Luis Carvajal, ejerció autoridad administrativa civil en el mismo municipio, Valledupar, en su condición de Director Administrativo y Financiero de la Fiscalía General de la Nación Seccional Cesar, dentro de los 12 meses anteriores a la elección del mandatario municipal.
Un mes antes
El miércoles la Registraduría Nacional cerró el período de inscripciones para los comicios territoriales de octubre, cuando se eligen gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y ediles.
Este proceso se inició el año anterior, sin embargo durante todo este tiempo no llegó al Consejo Electoral una sola impugnación a candidaturas.
En consecuencia se espera que a partir del cierre de inscripciones y después el próximo jueves, cuando se podrá hacer modificación de candidatos y listas inscritas, se produzca una avalancha de impugnaciones a candidaturas ante el Consejo Electoral, que se enfrentará al reto de evacuarlas antes del 30 de octubre.
Sin embargo en el caso de las modificaciones de candidatos y listas inscritas, la normatividad establece que sólo podrá hacerse en casos de falta de aceptación de la candidatura o de renuncia a la misma.
En tanto que “cuando se trate de revocatoria de la inscripción por causas constitucionales o legales, inhabilidad sobreviniente o evidenciada con posterioridad a la inscripción, podrán modificarse las inscripciones hasta un mes antes de la fecha de la correspondiente votación”, señala la Reforma Política.
Es decir que los partidos, movimientos políticos y movimientos significativos de ciudadanos tendrán hasta el viernes 30 de septiembre para hacer modificaciones de candidatos de cargos uninominales y en las listas inscritas, por cada uno de los candidatos que el Consejo Nacional Electoral revoque la inscripción después de determinar su inhabilidad.