La preocupación por el aumento de la informalidad en el servicio de carga volvió a alertar a los transportadores que insisten en el refuerzo de medidas para erradicar este flagelo.

Así lo expuso el presidente de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar), Jaime Sorzano, quien indicó que de acuerdo con información de la Superintendencia de Puertos y Transportes, “si uno va a  revisar las firmas de transporte que hay constituidas, según las Cámaras de Comercio, asciende a 30 mil empresas, sin embargo, el Ministerio de Transporte le ha expedido la habilitación a 2.500”.

Añadió que a ello se le suma que, al aparecer, no todas están enviando la información que se exige de parte de las autoridades.

Sus declaraciones se dieron luego de que la Superintendencia de Puertos y Transportes informara que después de haber realizado visitas de inspección en todas las modalidades del sector del transporte público en Colombia, “y una vez efectuadas actividades de vigilancia a las empresas habilitadas para prestar el servicio, esta Superintendencia encontró que 522 empresas de transporte terrestre, entre ellas de carga, pasajeros, transporte mixto (bienes y carga) y especial (turístico, especial y empresarial), no presentan información sobre su actividad financiera”.

Por ello, la Superintendencia de Puertos y Trasporte abrió investigación y remitió a la DIAN para que se verifique el cumplimiento del pago de impuestos y a la Unidad de Información y Análisis Financiero –UIAF- para que se analicen las operaciones desarrolladas por estas empresas y descartar así posibles actividades de lavado de activos. Sorzano también se refirió a la reciente disposición del Gobierno en el que la Superintendencia da la orden a las cámaras de comercio que en el certificado tienen que establecer  si la empresa cuenta con la habilitación correspondiente por parte del Ministerio de Transporte. “Eso es un filtro adicional que rinde sus beneficios para garantizar desde hace mes y medio las efectivas decisiones”, dijo.

También mostró su preocupación por que en 2013, el Gobierno les informó la obligación que tienen que pagar las empresas de transporte. Se trata de la tasa de vigilancia “y en la que solo cumplen el 40% en las compañías. Las empresas que no pagan la tasa de vigilancia desaparecen o se disuelven”.

En igual sentido se mostró el presidente de la Asociación Nacional de Empresas Transportadoras de Carga por Carretera (Asecarga), Jairo Herrera Murillo, al explicar que la Superintendencia asegura que “hay como 30 mil empresas que prestan el servicio de carga y las habilitadas son como 2.600, y de ellas unas 300 están investigadas por lavado de activos”.

Es así que “hay que iniciar investigación, pero que cuando surtan efecto que se diga cuáles son las empresas, pero no se debe generalizar porque estamos perdiendo credibilidad”.

También celebró que las autoridades no solamente combatiendo la informalidad, sino combatiendo esas prácticas que son “aterradoras para el fisco nacional. Pero lo que me aterra más es que generalicemos”.

Resaltó que se tomen las medidas como la apertura de investigación del organismo de control, que remitió a la DIAN para que se verifique el cumplimiento del pago de impuestos.

“Aplaudimos lo que hace la Superintendencia,  es una acción conjunta con las cámaras de comercio y nos parece extraordinario”, dijo.

En cuanto a las empresas afiliadas a Asecarga, que son unas 200, “han cumplido con esa obligación, hemos hecho foros sobre lavado de activos pero no queremos que se juzgue a priori y se generalice ese fenómeno y ese delito”.