Con base en un estudio técnico se detectó que por mala planeación en Transmilenio cada usuario debe destinar 52.000 pesos mensuales para cubrir costos de transbordos para un gran total de 73.275 millones de pesos en los 15 meses que ya cumplió la injustificada demora en la unificación de la forma de pago.

Ante esta situación, el personero Ricardo María Cañón presentará una Acción de Grupo contra Transmilenio y las empresas Recaudo Bogotá y Angelcom, entidades que desde junio de 2012 debieron unificar el sistema de pago a los pasajeros de la ciudad, para que devuelvan todos los dineros cobrados adicionalmente a los pasajeros, derivados de los transbordos entre las fases de Transmilenio, a los buses urbanos o viceversa.

De acuerdo con un estudio del propio Distrito, a junio de 2013, de 1.768.758 viajes diarios en Transmilenio y rutas urbanas, 160.000 pasajeros realizan transbordos que implican un valor adicional de pago para el sistema de más de 162 millones de pesos al día, es decir 4.885 millones de pesos al mes o 58.620 millones de pesos al año, que salen del bolsillo de los usuarios por la mala planeación de quienes manejan el Sistema.

Eso significa, indica el estudio, que cada persona debe destinar 52.000 pesos mensuales adicionales para cubrir los costos de transbordos de buses articulados a rutas urbanas del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) o viceversa; además, que ese servicio en la ciudad recaudó, en 15 meses, 73.275 millones de pesos extra.

La no existencia de un medio único de pago se agrava día tras día, toda vez que en la medida que aumentan los pasajeros movilizados, son más las personas que sufren las consecuencias, al tener que portar dos tarjetas y, además, no poderse beneficiar de descuentos por los transbordos. Por el contrario, si todo estuviera integrado, se estarían beneficiando, según las proyecciones, más de 500.000 usuarios al día que realizarían transbordos.

Por lo anterior, dice la demanda, se somete a la colectividad a una carga irrazonable e ilógica, que se traduce en un detrimento patrimonial para estos, al no poderse ver favorecidos con los beneficios que contempla el SITP con la tarifa integrada, establecida en un decreto distrital de 2012.

El órgano de control anunció que busca obligar al Distrito y a las empresas que recaudaron de manera irregular más recursos de los usuarios del servicio de transporte, a devolver todos los cobros adicionales a los pasajeros.