A partir del 1 de julio y sin retroactividad, el Estado no seguirá pagando pensiones por encima de los 25 salarios mínimos legales vigentes, es decir, en promedio 14.800.000 pesos.

Así falló la Corte Constitucional la demanda contra las millonarias mesadas que recibían 777 excongresistas y exmagistrados que conformaban el régimen especial de pensiones.

Tras una discusión que duró seis horas, el presidente encargado del alto tribunal Mauricio González anunció la inexequibilidad del artículo 17 de la Ley 4 de 1992.

En la explicación del fallo, González dijo que “los funcionarios encargados de reliquidar las pensiones de congresistas y magistrados” tienen “hasta el 31 de diciembre de este año para hacer las respectivas reliquidaciones y demandar las pensiones que, en su criterio, puedan haberse obtenido de forma fraudulenta”.

Lo anterior quiere decir que quienes venían recibiendo mesadas que superaban los 14.800.000 pesos no tendrán que devolver dinero al Estado, ya que se presume que las liquidadoras actuaron de buena fe y conforme a la Ley.

La sentencia precisa que en adelante tales pensiones se liquidarán sobre el 75 por ciento devengado durante los últimos 10 años de trabajo y no durante su último año como anteriormente se realizaba.

Revisión de casos

El fallo ordena la revisión de todos los casos para proceder a la reliquidación de aquellas que no se ajusten a las nuevas condiciones.

De la misma manera, la sentencia advierte que se deberán estudiar aquellas situaciones en las que varios excongresistas y exmagistrados que se pensionaron antes de la expedición de la Ley 4 de 1992, resultaron beneficiados con el régimen especial.

La decisión se tomó teniendo como base los “principios propios del Estado Social de Derecho: solidaridad, dignidad y equidad, asimismo, los fines del sistema o leyes bajo estos mismos principios del sistema pensional: cobertura para todos”, aclaró el magistrado González.

Costos

De haberse aplicado la retroactividad desde el año 2010, fecha en la que vencía la aplicación del régimen, según lo determinaba el acto legislativo de 2005, el Estado se hubiera ahorrado cerca de 50.000 millones de pesos, de acuerdo con declaraciones del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.

El pago de las megapensiones a los 581 excongresistas y 196 exmagistrados, le costaron al país cerca de 15.400 millones de pesos.

La demanda la discutieron cuatro magistrados titulares y tres conjueces. Seis votaron por la inexequibilidad y uno por exequibilidad. Según se conoció, el magistrado Gabriel Eduardo Mendoza salvó su voto en casi todos los puntos.

El estudio de legalidad ocasionó enfrentamientos entre la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura, para cuyos integrantes las pensiones de los magistrados eran intocables.

En el listado de los beneficiados con las pensiones millonarias están personas como los excongresistas Alberto Santofimio, condenado como coparticipe del asesinato de Luis Carlos Galán, con 20 millones de pesos; Mario Uribe, que pagó condena por vínculos con los paramilitares, con 18 millones de pesos; Ciro Ramírez, también condenado por parapolítica, con 18 millones de pesos; y Vicente Blel, condenado por sus vínculos con grupos armados al margen de la ley.