La tendencia de la tierra y la concentración de la propiedad en el campo, que dio origen al conflicto armado en Colombia hace casi medio siglo, abrirá el próximo jueves en La Habana la agenda del diálogo entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla Farc.

Definido por el jefe de la delegación de las Farc, Luciano Marín, alias Iván Márquez, como "uno de los aspectos centrales del conflicto" y "causa histórica de la confrontación de clases en Colombia", un acuerdo sobre ese punto en la mesa permitiría desmontar las principales contradicciones entre las partes, destacaron expertos a la agencia France Press (AFP).

"La guerra en Colombia ha sido una guerra principalmente rural que ha afectado a grandes masas campesinas, por lo tanto el tema agrario se convierte en el puente de oro que le permite a las guerrillas salir del conflicto y entrar a la participación política popular", dijo Alejandro Reyes, sociólogo y analista del portal Razón Pública.

En tanto, María Victoria Llorente, de la Fundación Ideas para la Paz, consideró que la mesa de diálogo "puede mostrar algunos avances concretos con acuerdos en el tema agrario. Eso es factible en una cuestión de meses y le daría oxígeno al proceso".

En Colombia, 52 por ciento de la gran propiedad rural está concentrada en 1,15 por ciento de la población; mientras que el resto tiene terrenos pequeños y medianos, según el informe de Desarrollo Humano 2011 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Además, la violencia en el campo ha causado a lo largo de las décadas el desplazamiento forzado de más de 3,7 millones de personas.

Alejo Vargas, politólogo de la Universidad Nacional, consideró que la propiedad de la tierra es "un tema que históricamente ha estado muy ligado a las violencias colombianas, no solo a este conflicto, sino antes también a la violencia entre liberales y conservadores".

"En una sociedad como la colombiana donde ha sido una fuente de poder político, donde nunca se hizo una reforma agraria, es un asunto bastante complejo", refirió.

 

Tierras despojadas y terrenos abandonados

 

En un intento por reparar esa situación, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos aprobó una ley de restitución de tierras, mediante la cual se han realizado hasta ahora 23.199 requerimientos de devolución correspondientes a 1.754.275 hectáreas.

La meta es devolver 2 millones de hectáreas de tierras arrebatadas y otras 4 millones de hectáreas que quedaron en el abandono.

Aunque no tienen representación en la mesa de diálogo, los empresarios del agro quieren dejar clara su posición.

Rafael Mejía, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, subrayó que la petición de los gremios "es de respeto a la propiedad privada obtenida legalmente frente a las tierras que han conseguido ilegamente los grupos armados".

"El gobierno tiene que recuperarlas y devolverlas a sus legitimos dueños", enfatizó Mejía.

Paramilitares de extrema derecha y narcotraficantes, pero también la guerrilla, son acusados como expropiadores de tierras en las últimas décadas en Colombia.

En tanto, los campesinos reunidos en la Mesa Agraria Nacional buscan que el proceso de diálogo "atienda los requerimientos que históricamente venimos haciendo para que haya una paz real y duradera, que el campesinado deje de ser víctima de la guerra", dijo Julio Fuentes, uno de sus dirigentes.

Para Reyes, con la ley de restitución de tierras y el plan de desarrollo rural integrado, Santos tomó la iniciativa y lleva ventaja a la hora de conversar con las Farc.

"No creo que haya grandes diferencias insalvables. Podría llegarse a acuerdos en torno a distribuir y garantizar derechos de propiedad masivos a las poblaciones campesinas y superar los conflictos de uso del territorio, porque no más del 20 por ciento de la tierra se está usando de acuerdo con su potencial", señaló.

"La tierra despojada debe ir a restitución, y la subutilizada o inexplotada, así como la adquirida fraudulentamente, a distribución de la propiedad", sugirió Reyes.

Además del punto de desarrollo agrario, la agenda de conversaciones entre el gobierno y las Farc incluye otros cuatro puntos: drogas ilícitas, participación política, abandono de las armas, y reparación a las víctimas.

 

Sin resolver el conflicto de tierras no habrá paz: PNUD

 

La paz en Colombia "pasa por la resolución" del problema de la tierra en uno de los países con mayor desigualdad de América Latina, según el director del Informe de Desarrollo Humano Colombia 2011 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Absalón Machado.

Éste será uno de los asuntos clave en las negociaciones entre el Gobierno y las Farc, afirmó este economista y experto en desarrollo agroindustrial de la Universidad Nacional de Colombia.

La confrontación armada en este país data de 1964, cuando nacieron las Farc en medio de "un conflicto rural que está fundamentado en la lucha por la tierra de los campesinos contra los terratenientes", explicó.

A diferencia de los procesos de paz celebrados en el pasado, este tercer intento en casi 50 años tiene la particularidad de que el Gobierno acude al diálogo con un proyecto de Ley de Desarrollo Rural que se debate en el Congreso y que incluye varias de las reivindicaciones históricas de las Farc.

Según Machado, éstas son el acceso a tierras, a bienes públicos o el desarrollo rural con enfoque territorial.

Recuerda que Colombia no ha promovido jamás una reforma agraria, a diferencia del resto de naciones latinoamericanas y, en consecuencia, la lucha por el control de la tierra siempre ha girado en torno a la violencia.

Por eso consideró que esa opción, hoy día, implicaría "una gran dificultad" porque se identifica con experiencias del pasado basadas en "sacar a los terratenientes del campo".

Machado propuso "una reforma rural transformadora que incluya la redistribución de la propiedad para buscar equilibrios en la estructura agraria".

Y dejó clara la necesidad de "incorporar al campesinado en los proyectos nacionales de desarrollo, respetar sus derechos y condiciones y entender que es un sector estratégico".

Aún así, "el sector rural solo, no puede", aseveró, al expresar que sin una implicación de la sociedad en su conjunto, es decir, élites urbanas, académicos, organizaciones sociales y no gubernamentales y grupos políticos, no se alcanzará una paz duradera.

Machado aclaró que por ahora no se conoce "cuál es la propuesta de las Farc" y advirtió de que "los grupos armados deberían ser conscientes de que las soluciones que se plantearon en los sesenta no se pueden poner de la misma manera en este contexto", en alusión a la reforma agraria.

Otro motivo que obliga a un acuerdo sobre tierras es que "no hay otra manera de incorporar desmovilizados si no es abriendo espacios en el sector rural", aseguró, en alusión a otro de los temas de la agenda del diálogo: la dejación de las armas por los guerrilleros.

En este sentido, abogó por crear las llamadas "zonas de reserva campesina", al referirse a tierras del Estado que entrega a campesinos sin recursos con la condición que no las vendan por un periodo de tiempo.

Eso serviría, agregó Machado, para que "gruesos grupos de combatientes se queden en esos espacios y el Estado les garantice los servicios e infraestructuras para poder vivir dignamente".

Además, "hay que empoderar a los pequeños y medianos productores para que tengan una representación política, un reconocimiento social y una participación en la discusión pública con el Estado".

"Muchas de las tierras altamente concentradas deben desconcentrarse gradualmente para incorporar más gente a la estructura agraria", reclamó el asesor del PNUD.