Hay muchos temas pendientes, pero el prioritario es si 76 días -para la Casa de Nariño- o cinco meses –según las Farc- serán suficientes para finiquitar una agenda a la que le faltan temas gruesos y complicados

Un punto  sería el eje central de la revisión que el presidente Santos, su equipo negociador y los asesores internacionales harán a partir de hoy, en Cartagena, sobre el estado del proceso de paz con las Farc y la ruta a seguir para cumplir el plazo del 23 de marzo como fecha límite para un acuerdo final en La Habana.

Aunque hay un menú amplio de asuntos pendientes por analizar, como el cómo y cuándo del “plebiscito por la paz”, la segunda vuelta en el Congreso del “acto legislativo por la paz”, las encuestas que evidencian un ambiente nacional cada vez más prevenido frente a lo que se está negociando en Cuba e incluso el tempranero afán alrededor de la estructuración del posconflicto, lo cierto es que la prioridad es definir el cronograma y la estrategia para finiquitar las tratativas en este primer trimestre.

Por ello gran parte de la cumbre en La Heroica se dedicará a determinar cuál será el cronograma de trabajo para poder agotar los temas que restan de la agenda de negociación en menos de 76 días, que es lo que falta para ese “23-M”, una fecha en la que el Gobierno sigue confiando, tal como lo indicó el jefe negociador Humberto de la Calle en entrevista con este Diario el lunes pasado. Sin embargo, como se sabe, las Farc ya han puesto varios peros, bajo la tesis de que el plazo de los seis meses para firmar un acuerdo final corría a partir, no del 23 de septiembre, cuando se reunieron en Cuba Santos y alias ‘Timochenko’, sino del anuncio del consenso definitivo sobre el tema judicial, que sólo se dio a mediados de diciembre, tras varias semanas de renegociación. De esta forma, para la guerrilla el plazo máximo se extendería, como mínimo, hasta mayo.

Muy compleja

Pero más allá de si faltan 76 días o cinco meses, lo cierto es que en uno y otro caso son lapsos muy apretados para la complejidad de lo que falta por discutir y acordar en la Mesa.

Cerrado ya el punto 5, referido a “Víctimas”, el nuevo ciclo en Cuba empieza a mediados de enero con el punto “3”, sobre “Fin del conflicto”. Este tiene 7 subpuntos, todos a cual más complicados: 1. Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. 2. Dejación de las armas y reincorporación de las Farc a la vida civil en lo económico, social y  político. 3. Revisión de la situación de los subversivos presos. 4. Combate a organizaciones criminales, lucha anticorrupción y no impunidad a atacantes de defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos. 5. Revisión gubernamental a reformas y ajustes institucionales para la construcción de la paz. 6. Garantías de seguridad. 7. Desmonte del paramilitarismo.

Si la sola mención formal de cada subpunto evidencia la complejidad de lograr un acuerdo (por ejemplo, aquí está la controversia sobre las implicaciones de que la ONU haga la verificación del cese el fuego), más complicado se ve el panorama al cruzarlos con las 10 “propuestas mínimas” que las Farc han presentado al respecto, en donde hablan de temas tan controvertidos como la “no entrega de armas, sino su no utilización en política”, lo que sea que eso signifique; la creación de “los territorios especiales de paz”, que serían zonas desmilitarizadas en donde estarían los guerrilleros, sus familias y las comunidades; así como la modificación de la “política de seguridad del Estado”, el nuevo rol de las Fuerzas Militares, el desmonte de la estructuras paramilitares ‘vigentes’…

Como se recuerda, ya el Gobierno replicó duramente varias de esas “propuestas mínimas”, advirtiendo que no habrá zonas de despeje, que no permitirá una “paz armada” y que la función de la Fuerza Pública no se discutirá en La Habana, entre otras advertencias.

¿Se zanjarán diferencias tan de fondo en menos de 76 días o cinco meses, pese a que se trata de propuestas que cada parte hace ver como inamovibles? Esa es la pregunta.

Temas gruesos

Pero incluso si se llegara a un preacuerdo sobre el punto “3” en tiempo récord, deberá pasarse al “6”, que es el de “Implementación, verificación y refrendación” del acuerdo final.

A diferencia de quienes piensan que se trata apenas de una arandela sin mayor importancia, lo cierto es que aquí se contemplan temas tan gruesos como el “sistema de implementación, dándole especial énfasis a las regiones”, “comisiones de seguimiento y verificación” y “mecanismos de resolución de diferencias”.

Por ejemplo, si bien en el punto “3” hay un subpunto referido a “revisión gubernamental a reformas y ajustes institucionales para la construcción de la paz”, parecería que es en el “6” en donde se discutirá más a profundidad lo relativo a la refrendación popular de los acuerdos, escenario a donde el Gobierno aspira a llegar con el “plebiscito por la paz” bajo el brazo, pero las Farc insistirán seguramente en su idea de citar una asamblea constituyente.

En ese pulso de posturas queda en medio el “acto legislativo por la paz” que entrará en marzo a segunda vuelta en el Congreso, y que desecha la idea de la constituyente, pues proponer crear una “comisión legislativa especial de paz” que tramite las reformas de fondo que se deriven de un acuerdo de paz, así como darle facultades al Presidente de la República para expedir decretos-ley para los asuntos más urgentes en materia de implementación.

Como se ve, si bien hay una gran cantidad de temas pendientes relacionados con el proceso de paz con las Farc, la mayoría de trascendental importancia, todos quedan subordinados a si 76 días o cinco meses, ya sean siguiendo la metodología de los ciclos o mediante un “cónclave” permanente de los negociadores, serán suficientes para finalizar una negociación a la que el paso del tiempo la desgasta y le juega en contra desde el punto de vista de apoyo popular. El Gobierno debe definir en Cartagena su estrategia y luego proponérsela a las Farc. Será allí en donde se verá si es viable o no apretar el acelerador del proceso.