Tercera legislatura se vería atiborrada de proyectos de ley | El Nuevo Siglo
Lunes, 16 de Mayo de 2016

Un panorama complejo se prevé para la próxima legislatura a partir del 20 de julio en el Congreso de la República, porque a los proyectos de reforma constitucional y ordinarios que seguramente se tendrán que tramitar para la implementación de los acuerdos de paz con las Farc en La Habana, el Gobierno nacional sigue haciendo anuncios sobre la presentación de diferentes iniciativas, comenzando por la siempre antipática reforma tributaria.

 

En ese sentido la pregunta que surge es si el Parlamento alcanzará con tanto proyecto o, a la postre, se terminará por sacrificar el trámite de varias iniciativas porque para nadie es un secreto que la agenda de paz es prioritaria para el Gobierno.

 

Ya se vio en el pasado Congreso de la República, cuando proyectos de la importancia del Código de Convivencia o de Policía así como la añorada por siempre reforma al Código Electoral se quedaron ‘vestidas y alborotadas’ porque no se le dio trámite, pues la prioridad, y así lo hizo saber el Gobierno, era por esos días el Marco Jurídico para la Paz.

El año anterior la agenda de paz en el Congreso también tuvo un espacio especial con la discusión del proyecto del acto legislativo para la paz y el plebiscito para la paz. No obstante aunque esta no fue la principal razón, sí influyó en algo para que la administración Santos Calderón se cuidara en salud de radicar la reforma pensional y la reforma tributaria estructural.

 

Empero en esta oportunidad los tiempos se acortan para que el Ejecutivo radique la reforma tributaria estructural en el Legislativo, pues en el proceso de adhesión a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) es uno de los elementos fundamentales teniendo en cuenta las recomendaciones que en ese sentido ha hecho este organismo que agrupa a las 30 economías más importantes del mundo.

De igual forma existe la presión de los principales gremios como la ANDI y ANIF para no darle más largas a la presentación en el Congreso de esta reforma, más teniendo en cuenta que desde principios de este año el Gobierno ya tiene en sus manos el estudio de expertos en donde hacen recomendaciones después de un trabajo de cerca de un año.

El Jede de Estado dijo en días anteriores en Londres, Inglaterra, a donde viajó para participar en la Cumbre Mundial contra la Corrupción, que “esto va a ser aprobado, esto tiene que ser aprobado antes de que finalice el año para que la reforma empiece a producir sus efectos el próximo año”.

Añadió el Jefe de Estado que “algunas personas dicen que el Presidente está usando una maniobra política, que desea la paz y que sacrificará la reforma fiscal. Eso no tiene sentido, no sacrificaré la reforma fiscal. La necesitamos y la aprobaremos”.

 

Contra la corrupción

La reforma tributaria estructural no fue el único proyecto que anunció Santos en la capital británica que llevará al Congreso este año, dijo que se radicará  una iniciativa de ley para combatir la corrupción a través de la creación de un registro central de beneficiarios reales, cuyo fin será establecer quiénes son los propietarios de las empresas que se utilizan para

“Crear el registro central de beneficiarios reales. ¿Qué quiere decir eso? Crear una ley y una obligación para todas las instancias correspondientes que den la información sobre quiénes son los verdaderos dueños de las empresas, de las compañías que se utilizan para hacer transacciones”, explicó Santos.

Afirmó que “este es uno de los puntos más importantes en la lucha contra la corrupción, porque no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, ese es uno de los temas donde más esfuerzos hay que hacer por la utilización de empresas fachada donde se esconden quiénes son los verdaderos dueños”.

El Jefe del Estado también indicó que se trata de que por medio de ese registro central pueda interactuar con un registro central global.

“Lo que queremos es que no solamente los países tengan esa información, sino que podamos dar esa información a un registro central global, a nivel internacional, para saber realmente quienes son los verdaderos dueños de las empresas”, señaló.

Igualmente, el Presidente anunció la presentación de otro proyecto de ley que “permita proteger, una protección especial, a los que denuncien la corrupción”.

Puso de presente que “muchas veces la gente no denuncia la corrupción por miedo, porque los amenazan o porque simplemente tienen miedo que algo les pase”.

 

Reforma política

Otro anuncio que hizo el Gobierno fue la presentación de una reforma política para corregir algunos aspectos del sistema electoral como el umbral del 3%, que en las actuales condiciones podría significar la desaparición del mapa político de los partidos minoritarios.

Aunque el Gobierno no se comprometió a que lo radicará en el Congreso este año, la lógica dice que así tendría que ser pues un poco después ya no serviría considerando que en 2018 hay elecciones legislativas y presidenciales.

A mediados de abril pasado, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que “no habrá inequidad ni amenazas para los partidos minoritarios que siempre han transitado por los cánones democráticos que han superado los umbrales actuales para mantener su personería política, justamente porque esa exigencia normativa desaparecería como requisito para mantener la personería jurídica”.

 

Falsos testigos

Unas semanas antes de que Yesid Reyes renunciara al Ministerio de Justicia para aspirar al cargo de Fiscal General de la Nación, dijo que se impulsará un proyecto de ley contra los falsos testigos.

“Una vía para atacar el problema de los falsos testigos sería incorporar en el Código de Procedimiento Penal una norma que obligue a los funcionarios judiciales a que en casos en que haya testigos beneficiarios de rebajas de penas o tratamiento alternativo, exista la obligación de recurrir a otros medios de prueba que permitan corroborar ese testimonio”, dijo Reyes.

Vale recordar que los denominados falsos testigos se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para la justicia en el país porque algunas personas buscando rebajas de penas, no tienen ningún inconveniente en mentir perjudicando a personas inocentes.