La Comisión Europea (CE) rechazó con virulencia las críticas de un ministro francés que atribuyó el auge electoral de la ultraderecha a las políticas económicas ortodoxas impuestas por Bruselas.

En un nuevo episodio de la tensión entre Bruselas y Francia, el presidente de la CE, José Manuel Durao Barroso, afirmó que "algunos soberanistas de izquierda tienen el mismo discurso que la extrema derecha".

"Estaría bien que algunos líderes entendieran que no llegarán muy lejos si atacan a Europa o buscan convertir a la Comisión Europea en el chivo expiatorio de sus dificultades", dijo Barroso en una rueda de prensa.

Barroso respondía así a las recientes declaraciones del ministro francés de Desarrollo Industrial, Arnaud Montebourg, quien acusó a la Unión Europea (UE) de inmovilismo, en medio de una prolongada crisis de la deuda, que ha dejado sin empleo a más de 26 millones de personas del bloque (más de 19 millones en la zona euro).

Montebourg acusó además a Barroso de ser "el combustible" de los partidos de extrema derecha, claramente antieuropea.

"La UE no se mueve, es inmóvil, está paralítica", dándole la razón a "los soberanistas" de Europa, dijo el ministro, del Partido Socialista francés.

Montebourg acusó además al jefe de la CE de ser "el combustible del Frente Nacional" (el partido de extrema derecha francés).

Las declaraciones del ministro francés ocurren pocos días después de que Barroso tildara de "reaccionaria" la postura de Francia al exigir la cláusula de la excepción cultural en el proyecto del tratado comercial entre la UE y Estados Unidos.

Los ministros europeos de Comercio dieron luz verde a la CE para que inicie las negociaciones con Estados Unidos sobre un nuevo acuerdo de libre comercio. Pero para alcanzar la unanimidad, los Veintisiete aceptaron, como exigía Francia, excluir al sector audiovisual de los debates, con el fin de proteger a la industria del cine europea frente al gigante Hollywood.

"Esto forma parte de un programa antiglobalización que considero totalmente reaccionario", dijo Barroso en una entrevista con el International Herald Tribune, en alusión al gobierno francés de Francois Hollande.

Tras ello, Jean-Christophe Cambadélis, secretario del Partido Socialista para asuntos internacionales, dijo que Barroso "debe rectificar o marcharse".

Los ataques contra la Comisión han aumentando últimamente ante la falta de soluciones a la prolongada crisis de la deuda y poco antes de las elecciones europeas, previstas en mayo de 2014.

Incluso recientemente el ejecutivo comunitario debió defenderse de los resultados de un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el primer rescate a Grecia (2010), volviendo a enfrentar a la institución con sede en Washington.

"Estamos en total desacuerdo con la idea de que no se hicieron los esfuerzos necesarios para identificar las reformas estructurales e impulsar el crecimiento", dijo en ese entonces el portavoz comunitario, Simon O'Connor.

El FMI admitió errores en 2010 pero también culpó de ellos a sus socios griegos y europeos, asegurando que no estaban preparados para la crisis y las difíciles decisiones que había que tomar.

Incluso dice que había problemas de coordinación con Bruselas y el BCE sobre ese primer rescate por 110.000 millones de euros.

Pero esta no es la primera vez que el FMI y la CE discrepan en sus análisis: a comienzos de año el economista jefe del Fondo, Olivier Blanchard, afirmó (en un informe elaborado conjuntamente con Daniel Leigh) que los pronósticos del FMI subestimaron el impacto de la austeridad en los países europeos.

Es decir, que a la postre las medidas de austeridad habían agravado la recesión más de lo previsto.

Uno de los momentos de mayor tensión entre el FMI y la UE quedó reflejado durante el polémico rescate a Chipre sellado en marzo.

La troika fue muy criticada por su gestión del rescate de 17.000 millones de euros a Chipre, equivalente al PIB de la isla, que en un primer momento preveía gravar a los depositantes de menos de 100.000 euros, lo que es ilegal según la garantía de depósitos europea.

El acuerdo fue rechazado por el Parlamento chipriota, dejando en evidencia la falta de coordinación entre la troika y las autoridades de la isla.

El Eurogrupo debió aprobar un segundo plan de rescate para el país, que prevé que las pérdidas las asuman los depositantes con más de 100.000 euros, accionistas y tenedores de deuda júnior y senior.

Las diferencias entre el FMI, que contribuirá con 1.000 millones de euros al rescate, y los europeos, hicieron pensar en un fin de la troika para los futuros rescates.